El presidente de la Diputación de Badajoz y secretario del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado ante la juez Beatriz Biedma que, cuando la institución provincial aprobó la creación del puesto que acabó ocupando David Sánchez, él apoyaba a Susana Díaz y no al actual presidente del Gobierno en las primarias del PSOE. La defensa subraya que en aquellas fechas Gallardo ni siquiera conocía al hermano de Pedro Sánchez, por lo que resulta "absurdo" atribuirle una actuación dirigida a beneficiarle.

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Así consta en el escrito de su defensa, al que ha tenido acceso El Independiente. El documento, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, niega "con toda la vehemencia" que el presidente de la Diputación participara en "ninguna actuación constitutiva de delito" y reclama su libre absolución en la causa abierta por corrupción en el nombramiento de David Sánchez como coordinador de los conservatorios provinciales.

La defensa recuerda que la creación del puesto de "Coordinador de las Actividades de los Conservatorios" fue una decisión adoptada por el Pleno de la Diputación el 20 de diciembre de 2016, tras un procedimiento de información pública iniciado semanas antes. Gallardo solo asumió la iniciativa de promover la modificación de la relación de puestos de trabajo, pero no intervino en la adjudicación ni en el proceso de selección.

El escrito enfatiza que el dirigente socialista "no albergaba el propósito de adjudicar el puesto ni a David Sánchez ni a ninguna otra persona concreta" y que, cuando se impulsó la propuesta, "desconocía por completo" al hoy alto cargo de la Diputación. En el momento de la convocatoria, añade la defensa, Gallardo apoyaba a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez en las primarias socialistas, lo que a su juicio refuerza la falta de cualquier vinculación o interés personal en el proceso.

Asimismo, destaca que el presidente provincial se limitó a firmar la resolución de contratación "como acto debido", en cumplimiento de las bases aprobadas por la Comisión de Valoración, cuya autonomía "respetó escrupulosamente". Denuncia que las imputaciones se basan en "meras especulaciones" sin soporte documental.

Por último, el escrito reprocha a la acusación popular haber "transmutado" la causa, iniciada por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y malversación, en un procedimiento por prevaricación y tráfico de influencias "sin resoluciones injustas ni relaciones de prevalimiento". La defensa sostiene que no hay "atisbo de ilegalidad" en los actos administrativos cuestionados y que el proceso de cobertura del puesto fue "escrupulosamente ajustado a la normativa aplicable a la Administración local".

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