Leire Díez y sus colaboradores fijaron varios objetivos claros para tratar de favorecer al PSOE, a partir de septiembre de 2024. La estrategia a seguir era recopilar información sobre políticos, fiscales, jueces, agentes de la Guardia Civil y periodistas para utilizarla a su favor y desactivar algunas de las causas judiciales más mediáticas de los últimos años.

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Entre los objetivos del grupo vinculado al PSOE se encontraba el sobreseimiento de varios procedimientos judiciales sensibles para el independentismo catalán y utilizarlo para favorecer políticamente a Salvador Illa. Así se recoge en un documento que presuntamente la exmilitante socialista habría compartido con varios de sus colaboradores, al que ha tenido acceso El Independiente, y en el que se detallaba la hoja de ruta a seguir en este y otros aspectos clave del panorama político y judicial de los últimos años.

El archivo titulado "Planning septiembre" contiene varias de las operaciones que la exconcejal socialista quiso poner en marcha y que esta abordó en varias reuniones mantenidas con empresarios, fiscales y otros personajes ante los que supuestamente se presentaba como enviada de "altas instancias del Estado". En un apartado denominado Cataluña se anotó la necesidad de poner fin a varias causas que afectan a partidos hoy aliados parlamentarios de Pedro Sánchez y, así, consolidar la imagen de Salvador Illa como un "líder a futuro".

La idea de Díez y sus socios era recopilar información comprometida sobre el fiscal José Grinda para impulsar el archivo de una decena de casos. El plan era tumbar causas judiciales como el conocido como el 'Caso Pujol' y el 'Caso 3%', ambos relacionados con presunta corrupción política vinculada al independentismo catalán, para tratar de captar parte del electorado de Junts.

Entre las anotaciones también aparecen los nombres de Carles Puigdemont y su abogado, Gonzalo Boye. El objetivo era "neutralizar" a ambos para conseguir dar un respiro a los de Pedro Sánchez y favorecer la imagen a largo plazo de Illa, quien había sido recientemente investido presidente del Parlamento catalán.

Según la información a la que ha tenido acceso este medio, Díez y sus colaboradores entendían que la estrategia política de Junts estaba generando cierto rechazo entre parte de su electorado. El exministro de Sanidad tenía un proyecto político que podría ilusionar a más gente.

Las reuniones de la exconcejal socialista

Entre las anotaciones del grupo vinculado a Santos Cerdán también destaca información relativa a medios de comunicación, tal y como ha avanzado El Confidencial. Además de este último, también aparecerían señalados otros tres digitales y varios grupos de comunicación.

La exdirectiva de Correos denuncia que parte de la documentación que presuntamente habría compartido con sus colaboradores ha sufrido un posible 'hackeo'. Estos hechos han sido ya puestos en conocimiento de las autoridades correspondientes por parte de Leire Díez que, además, sostiene que dichos documentos podrían haber sufrido modificaciones 'a posteriori'.

La exmilitante socialista permanece investigada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. En el sumario de la causa, al que ha tenido acceso este medio, están incorporadas dos denuncias presentadas por los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa. Ambos relatos coinciden en que Leire Díez y sus socios estaban empeñados en conseguir información comprometida sobre el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón y el juez García-Castellón. Como telón de fondo, estaría la necesidad de conseguir el archivo de varias causas judiciales.

Las reuniones atribuidas a Leire Díez le han puesto en el punto de mira por sus vínculos con Santos Cerdán y el PSOE. En uno de los escritos presentes en la causa, la Fiscalía de Madrid considera "determinante" que la conocida como 'fontanera del PSOE' actuara "en nombre de altas instancias del Estado" para intentar corromper a fiscales y obtener información comprometedora sobre altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan causas que afectaban políticamente a la formación socialista.

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