El silencio del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ante la denuncia de los tomates saharauis vendidos como marroquíes en una cadena de supermercados es cada vez más denso. Meses después de que la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) presentaran una denuncia formal por incumplimiento de la normativa de etiquetado, el departamento que dirige Pablo Bustinduy no ha adoptado medida alguna.

El caso, que afecta a la empresa Azura, de capital franco-marroquí, apunta a una práctica sistemática: tomates cherry cultivados en más de 400 hectáreas de invernaderos situados en el Sáhara Occidental —territorio no autónomo pendiente de descolonización según la ONU— son comercializados en supermercados europeos, incluidos establecimientos de Carrefour en España, con etiquetas que indican su origen como “Marruecos”.

“No tenemos ninguna información del ministerio. Nos dijeron que se iniciaría una investigación y que pedirían información a la cadena, pero no sabemos nada. Es increíble”, lamenta Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG. “Nos toman por tontos. Un ministro que sale hablando de Palestina, pero con Marruecos no se atreve nadie en este país”, denuncia a propósito de su mutismo.

Un ministro que sale hablando de Palestina, pero con Marruecos no se atreve nadie en este país

Consultado por este periódico, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abona esa absoluta falta de transparencia y la ausencia de progresos. El departamento, en manos de Sumar, evita ofrecer respuestas concretas y se escuda en el secreto de las investigaciones. Aduce que no puede informar sobre denuncias “en fase de instrucción” y recuerda, en términos genéricos, que el Reglamento europeo 1169/2011 prohíbe inducir a error sobre el país de origen de los alimentos. El gabinete de comunicación, que dirige Alejandro Torrús, ni siquiera ha contestado a la última petición de información de este diario.

'Una patata caliente'

En una de sus respuestas previas, Consumo subraya además que la competencia sobre comercio exterior corresponde al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en un movimiento que las organizaciones agrarias interpretan como una evasión de responsabilidades. “Es un caso surrealista. Agricultura nos dijo que era competencia de Consumo; Consumo, que de Economía. Y mientras tanto, los tomates siguen vendiéndose con una etiqueta falsa”, denuncia Góngora.

La Comisión Europea ya había recordado a los Estados miembros su obligación de hacer cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de octubre de 2024, que estableció que los productos agrícolas cultivados en el Sáhara Occidental deben identificar claramente su origen y no ser etiquetados como marroquíes. El tribunal fue tajante: el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y constituye un territorio aduanero distinto, por lo que cualquier otra indicación “podría inducir a error al consumidor”. Sin embargo, en España, la sentencia sigue sin aplicarse. Y la pelota institucional continúa rodando.

Una doble vara de medir

El contraste con la actuación de Consumo en otros casos resulta evidente. El 17 de octubre de 2024, apenas unas semanas después del fallo del TJUE sobre el Sáhara, el propio Pablo Bustinduy firmó una nota informativa dirigida a las empresas españolas que importan productos de los territorios palestinos ocupados por Israel, en la que les recordaba su “deber de indicar el origen real” de esos bienes para no inducir a error al consumidor.

El documento, basado en la Nota Interpretativa 2015/C 375/05 de la Comisión Europea y en la sentencia del TJUE de noviembre de 2019 (asunto Vignoble Psagot), establecía que los productos procedentes de los asentamientos israelíes no podían etiquetarse como “productos de Israel”, sino como “producto de Cisjordania (asentamiento israelí)” o “producto de los Altos del Golán (asentamiento israelí)”.

Bustinduy justificó entonces la medida como una defensa del derecho de los consumidores a recibir información veraz sobre el origen de los productos, especialmente “ante la crítica situación en Oriente Medio”.

Un año más tarde, en septiembre de 2025, el mismo ministerio dio un paso más: anunció la apertura de investigaciones a empresas que publiciten o vendan bienes procedentes de los territorios palestinos ocupados, al amparo de un real decreto que declara ilícita la publicidad de estos productos y prohíbe su importación. El decreto, además, veta las transferencias de material de defensa a Israel y exige especificar el código postal de origen en todas las mercancías israelíes para garantizar su trazabilidad.

Palestina sí, Sáhara no

En el caso palestino, Consumo llegó incluso a vincular la actuación comercial con la responsabilidad internacional por la ocupación. “Mantener esta oferta de servicios en el mercado español contribuye a perpetuar los esfuerzos coloniales de Israel y el genocidio en Gaza”, sostenía el comunicado ministerial.

Nada similar se ha dicho sobre Marruecos, pese a que el Sáhara Occidental también figura en la lista de territorios ocupados reconocidos por Naciones Unidas, y a que existe una sentencia firme del TJUE que obliga a identificar correctamente el origen de los productos saharauis.

La diferencia es que sobre Palestina no hay sentencia, pero sobre el Sáhara sí la hay, y clarísima

“La diferencia es que sobre Palestina no hay sentencia, pero sobre el Sáhara sí la hay, y clarísima”, insiste Góngora. A principios de este mes la Comisión Europea llegó a un acuerdo exprés con Marruecos para renovar el acuerdo comercial tumbado por la justicia comunitaria. “La Comisión Europea ha ido demasiado lejos: ha llegado a aceptar que Marruecos etiquete los productos del Sáhara como ‘región de origen: Sáhara Occidental-Marruecos’. Es una barbaridad jurídica. Reconoce de facto que el Sáhara es parte de Marruecos. Eso lo volverá a tumbar el tribunal”, pronostica Góngora.

Las organizaciones agrarias y de consumidores, junto con el Frente Polisario, preparan ahora un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la reciente renovación del acuerdo comercial entre Bruselas y Rabat, en vigor de manera provisional mientras se tramita su ratificación parlamentaria. “España ni la Comisión quieren abrir una nueva negociación. Prefieren mantener un acuerdo caducado, remendado, con precios obsoletos y sin garantías jurídicas. Nosotros pedimos empezar de cero”, defiende Góngora.

El giro en el Sáhara en favor de Marruecos

Este caso vuelve a situar a España en el centro de la ambigüedad europea hacia Marruecos. El Gobierno de Pedro Sánchez, que en 2022 firmó un giro histórico al reconocer la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara como “la base más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto, mantiene una posición extremadamente cauta en cualquier asunto que pueda tensar la relación bilateral.

El ministerio de Bustinduy —en teoría, del ala de Sumar que públicamente censura el volantazo en el Sáhara— parece alinearse con ese silencio diplomático, denuncian las organizaciones agrarias. Ni un comunicado, ni una inspección, ni una mención pública al fraude en los tomates saharauis. “Nosotros hemos cumplido con nuestro deber, denunciando el fraude y pidiendo una investigación”, dice Góngora. “Ahora le toca a Bustinduy demostrar que su compromiso con los derechos humanos no depende del país implicado”.