La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Abogacía del Estado contra la decisión de fijar una fianza de responsabilidad civil de 75.000 euros al fiscal general del Estado. La cantidad impuesta a García Ortiz se prevé para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias que se le pudieran pedir al término del juicio al que se enfrenta por un presunto delito de revelación de secretos.

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La Abogacía del Estado presentó un escrito, por el que se adhirió al recurso de la Fiscalía, en el que sostenía entre otros motivos que el fiscal general estaría exento de la prestación de fianza de acuerdo a la Ley de Asistencia Jurídica del Estado. No obstante, los magistrados argumentan que la norma debe interpretarse en relación con los preceptos del Código Penal, por los que se distingue entre la responsabilidad civil del Estado y la responsabilidad de sus autoridades, funcionarios y agentes.

La Sala de Apelación subraya que el Ministerio Fiscal forma parte de los órganos del Estado, pero añade que la interpretación del artículo 12 de la Ley de Asistencia Jurídica del Estado "no puede conducir a extender la eficacia de la exención a las autoridades o funcionarios públicos que se integran en los distintos órganos del Estado y frente a los que se siga un procedimiento penal por su actuación personal en el ejercicio de sus funciones. Estos últimos tienen una responsabilidad civil directa y deben responder con su propio patrimonio por lo que es de todo punto coherente que la responsabilidad que pueda declararse en la sentencia sea objeto de medidas cautelares como la prestación de fianza".

Del mismo modo, la Sala defiende que la cantidad impuesta no es desproporcionada y recuerda que el instructor redujo la misma de 150.000 euros a 75.000 euros.

El fiscal general del Estado se sentará en el banquillo de los acusados desde el próximo 3 de noviembre por un presunto delito de revelación de secretos. García Ortiz será el último en declarar en un juicio que contará con un total de seis sesiones y con más de una treintena de testificales.

El máximo representante del Ministerio Público está acusado de filtrar documentación confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado Ángel Hurtado consideró que el correo de la defensa de González Amador salió de la Fiscalía General del Estado con llegada a Moncloa y que, posteriormente, fue filtrado a los medios justo antes de la sesión de control de la Comunidad de Madrid.

Tras varios meses de instrucción, ni Google ni WhatsApp pudieron recuperar los mensajes borrados del fiscal general para poder concluir el origen de la filtración. Por su parte, García Ortiz defiende su inocencia y asegura que el borrado de sus mensajes se hizo por motivos de seguridad.

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