Junts marcó posición este martes en el primer pleno del Congreso de los Diputados tras anunciar Carles Puigdemont su intención de romper relaciones con el PSOE y dejar de dar apoyo parlamentario al Gobierno de Pedro Sánchez. A la espera de una consulta a la militancia la próxima semana para que se refrende esta postura, los neoconvergentes dejaron patente su posición antes de entrar la noche, con dos abstenciones a dos propuestas del PSOE, otra abstención a otra iniciativa del PP que salió adelante, y la misma posición a algunos puntos de una moción sobre inmigración, que prosperaron.

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En concreto, los de Puigdemont se abstuvieron a dos iniciativas socialistas que, con todo, no tuvieron problemas para salir adelante. Para nada eran polémicas. En primer lugar, los neoconvergentes votaron amarillo a la proposición de ley del PSOE para garantizar el respeto a los aparcamientos reservados para personas con discapacidad. Se aprobó con 169 votos a favor y 177 abstenciones: las del PP, Vox, UPN y Junts.

La segunda iniciativa socialista radicó en regular el uso de la palabra cáncer, una proposición no de ley que para nada es vinculante, sino una petición de los grupos al Gobierno. Aquí hubo mayor unanimidad: solo Vox votó en contra (33) junto a las siete abstenciones de Junts. Las malas noticias para el Gobierno llegaron en otras dos votaciones puestas hoy sobre la mesa en la Cámara Baja.

El Ejecutivo encajó esas dos nuevas derrotas, algo que pese a todo no es nuevo en esta legislatura -en ello se escudan los socios, que aún esperan a ver qué supondrá este nuevo estadio de relaciones con Junts, de momento retórico- por la suma alternativa de PP, Vox, UPN y Junts. Que hasta ahora viene dándose especialmente con cuestiones económicas. Por un lado, los neoconvergentes permitieron con su abstención que saliera la toma en consideración de una proposición de ley de los populares para reformar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. El objetivo es que el responsable de los datos personales en manos de la Fiscalía no sea elegido directamente por el fiscal general del Estado, como viene sucediendo hasta día de hoy. El PP quiere que lo haga por mayoría absoluta el Consejo Fiscal.

Esta propuesta llega una semana antes del juicio contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. García Ortiz se enfrenta a una presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, sobre presuntas irregularidades con Hacienda. Pese a iniciarse ese trámite para el PP con el apoyo de Vox y UPN, y la abstención de Junts (171 frente a 168 votos de la izquierda), es complicado que termine de prosperar la propuesta en su camino parlamentario. Tanto socialistas como magentas cuentan con mayoría absoluta en la Mesa en el Congreso, por lo que podrán bloquearla con ampliaciones constantes del plazo para registrar enmiendas. Un método que pueden emplear los socios de verse arrinconados por esa alternativa parlamentaria.

En último lugar, se debatió y votó una moción consecuencia de interpelación urgente del PP sobre inmigración, que no es vinculante. Sobre las prioridades del Gobierno en materia de cooperación territorial y el desarrollo de los compromisos multilaterales y bilaterales con las Comunidades Autónomas. Una oportunidad, en definitiva, para que el PP incluyese su nuevo plan de inmigración en la propuesta para instar al Gobierno a su adopción. De los distintos puntos, cuatro han prosperado.

En concreto, el apoyo de UPN y Vox -no sin reproches de plagio al PP, algo que viene reiterándose en el tiempo desde la presentación del plan a mediados de octubre- y la abstención de Junts y puntualmente del PNV, permitió que se aprobase exigir al Gobierno: la determinación de edad de menores migrantes no acompañados en 72 horas y de ser posible incentivar el retorno con sus familiares; dar capacidad para la persecución de delitos de tráfico de personas en aguas internacionales; acelerar la tramitación o negación de las peticiones de asilo; y dotar con más medios a las policías fronterizas o pedir la cooperación de Frontex.

Los populares insistieron en el marco expuesto tras la presentación de ese plan hace dos semanas. La encargada de reiterarlo fue la diputada por Ceuta, Sofía Acedo, que aseguró que las medidas son centradas frente "a la dejadez del PSOE y la demagogia de Vox". Está por ver, frente a medidas de peso del Gobierno, qué postura tendrá Junts. Por ahora, se niegan a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o a los Presupuestos, algo que ya se había reivindicado.

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