Que Vox se movería después de que el PP de Alberto Núñez Feijóo presentase su plan nacional de inmigración era más que previsible. Cada vez que los populares europeos, en distintas ubicaciones, entraban a discutir en términos parecidos a los de sus competidores radicales, los homólogos de Vox de cada país daban un paso más a la derecha. Sin inconvenientes ni costes electorales, obligando a los populares a apretar o a quedarse descafeinados y desistir de ahondar en ese asunto.

El 14 de octubre Feijóo dio a conocer sus diez propuestas sobre inmigración, más allá del visado por puntos que trascendió con anterioridad. En Bambú le dieron la bienvenida a lo que consideran uno de los problemas esenciales del país, aunque dieron poca validez al documento, señalando que tarde o temprano terminaría pactando las políticas migratorias con el PSOE. El portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, llegó a calificar la propuesta como "muy floja" y situó a Feijóo en el "camino de la equidistancia", fruto de "una crisis de liderazgo y de ideas". Santiago Abascal, más directamente, acusó a los populares de hacer un "corta y pega" de sus propuestas e intervenciones públicas. "Le falta ponerse barba", llegó a decir de Feijóo.

Los de Feijóo, ante ello, afirmaron que seguían sin ver "la propuesta íntegra de Vox", que solo conocían distintas declaraciones públicas o propuestas aisladas llevadas al Congreso. Es el caso de restringir la concesión de la nacionalidad a irregulares por el arraigo. Con la promesa de anunciarlo próximamente, y ya desde la cumbre de Murcia en la que el PP habló de inmigración, Vox decidió presionar al PP en distintos escenarios. En la Comunidad de Madrid, los de Isabel Pérez Moñino llevaron a pleno una iniciativa que decayó en la que se abogaba por la expulsión inmediata de irregulares y de aquellos inmigrantes con antecedentes por delitos graves. Propuestas de Vox que posteriormente recogió el documento del PP.

Recientemente, en el Congreso, los de Abascal han pedido auditar concesiones de nacionalidad, impedir ayudas a inmigrantes irregulares y suprimir el arraigo para poner a prueba al PP. No obstante, se incluye el concepto "remigración", deportaciones masivas por lo que por el momento no apuesta el PP. A la espera de que eso llegue a pleno en las próximas semanas, Vox se aferran a ese término que radica en sus términos originales en la expulsión de todo lo no cultural y étnicamente compatible con los valores que se atribuyen a una sociedad concreta. Tanto inmigrantes de primera, como de segunda o tercera generación. Incluso descendientes nacidos y con nacionalidad española que no han conocido los países de sus antepasados. En otros países europeos fue impulsado por los partidos neonazis, pero se está extendiendo entre las fuerzas populistas.

Remigración y portazo a más llegadas de extranjeros

Dependiendo de la voz autorizada, en el partido pivotan entre el rechazo de la inmigración ilegal y la asociación de ésta a la inseguridad -defienden la deportación de quien cometan delitos graves o reincidan en los leves-, y en la negativa completa al multiculturalismo o más llegadas. En este segundo extremo se situó recientemente Abascal, en plena competencia electoral con el PP a las puertas de comicios en Extremadura y después en Castilla y León y Andalucía.

"¿Cómo voy yo a decir que tienen que seguir viniendo extranjeros? Pues creo que no, ni legalmente ni ilegalmente, por supuesto. Creo que no es el momento de llamar a una mayor inmigración. Hay que reordenar el país y hacer que vuelvan los jóvenes españoles formados que han tenido que dejar España". Abascal se refirió así, con guiño a la 'fuga de cerebros' experimentada después de la crisis y que se ha ido sosteniendo con el tiempo, en una entrevista que trascendió este martes en el El digital Sur de Tenerife, tras su paso por distintos puntos de las islas para actos políticos y denunciar la inmigración. En una zona donde en el último año se ha azuzado la crisis humanitaria por las constantes llegadas de cayucos.

"Nuestra posición sería que la inmigración legal sea ordenada en función de las cualificaciones que se necesiten y de la capacidad de adaptación del inmigrante. No se adapta de la misma manera el emigrante procedente de países islámicos que el de países hispanos, pero esa es una reflexión para el pasado", ahondó el líder de Vox. Para él, este momento de "colapso migratorio no nos permite decir cómo tiene que seguir viniendo gente". "Realmente no pensamos que tenga que seguir viniendo gente" cuando "hay españoles yéndose fuera de España".

En respaldo de esas palabras de Abascal han salido figuras del partido como el líder del sindicato ligado a Vox, Solidaridad, Jordi de la Fuente, o el parlamentario Carlos Hernández Quero, portavoz en Vivienda. En su cuenta de X, Quero ahondó en las palabras de Abascal: "España para los españoles, ni un inmigrante más (ni legal, ni ilegal, ni en patera ni en avión), retorno de los jóvenes forzados a hacer las maletas (...), natalidad nacional, estabilidad para las familias, que puedan comprarse un piso, una política fiscal no extractiva, fin al colapso de los servicios públicos, salarios dignos, acabar con la importación de la mano de obra barata o que devalúa las condiciones laborales".

Las palabras de Abascal son, entre otros elementos, un reto claro a la política migratoria del PP. En el documento propuesto como meta si se llega al Gobierno, los populares hablan de fomentar la inmigración legal y ligada a un contrato de trabajo para el sostenimiento del sistema de pensiones. Mediante un visado por puntos, en origen para sectores profesionalizados o temporal para los tensionados. Se tendrá en cuenta la cualificación o el dominio del idioma y la proximidad cultural. O con apuestas como las de un programa de empleo circular con contrataciones temporales vía convenio con terceros países. Se avista un problema de entendimiento en esta materia entre PP y Vox tanto en las regiones, donde la dependencia mutua sigue siendo una realidad, como de tener opciones futuras de llegar Feijóo a la Moncloa.

El plan del PP, sondeo en el Congreso

Este martes, en una votación de una moción consecuencia de interlocución al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. los populares vieron respaldo de Vox, entre críticas por plagio y con la seguridad de que no es vinculante. Se instó al Gobierno a adoptar algunas propuestas migratorias del PP. Entre ellas ese visado por puntos. Asimismo, se pide reformar el Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial para reforzar la comisión de delitos por parte de las mafias de migrantes en aguas internacionales, penas agravadas para ellas y para sus colaboradores. Igualmente, la tramitación de las acogidas en 72 horas con pruebas de edad a los menores migrantes no acompañados entre otros. Ello, con la abstención de partidos como Junts, que asentaron las dos primeras derrotas a Moncloa.

Al margen de las deportaciones masivas, hay otro punto de gran diferenciación entre Génova y Bambú: los menores extranjeros no acompañados. Mientras que Vox habla de "repatriaciones" generalizadas y rechazar asumir el coste de la gestión de estos jóvenes, el PP quiere que esa gestión "no sea fruto de un reparto arbitrario" del Gobierno central. Quieren diálogo con las autonomías y medios para financiar la atención. Ello sin omitir la búsqueda de las familias de esos menores en origen y coincidir con Abascal en la demanda de "pruebas de edad" para comprobar que quien llega realmente es menor. Tampoco el PP apoya suprimir o dejar de dar subvenciones a las ONG que ayudan al rescate de inmigrantes en el mar o en la gestión de su regularización en España. El choque entre Open Arms y Vox, por ejemplo, viene siendo permanente.

'Tradicionalistas' contra 'Gallardistas'

Mientras que Vox, como partido, aprieta con esta posición al PP, hay otro debate de fondo, al margen del PP, entre figuras del partido, exmiembros de la formación que siguen simpatizando con el espacio y la agenda de los de Abascal y, principalmente, una masa tuitera en la que convergen jóvenes ligados a Vox pero también a otros espacios ultraderechistas con posiciones neonazis, como Núcleo Nacional. Además de agitarse la teoría conspiranoica del 'gran reemplazo' -de inmigrantes a nativos en las potencias occidentales-, hay una discusión sobre qué tipo de inmigración se debe o no fomentar. O si cerrarse a todo tipo, independientemente de la ligazón cultural y religiosa.

Vox, desde sus inicios, fomentó la vinculación con Latinoamérica, con el mundo hispanohablante. Pero, recientemente, hay quien puja por restringir la inmigración latina pese a esas coincidencias. Diariamente, centenares de comentarios en redes arremeten contra ella por la "saturación" de los servicios públicos o el transporte en ciudades como Madrid. Sin entrar a valorar el peso sobre el PIB que supone esa inmigración. La idea de la Iberosfera sigue ligada a Disenso, a figuras como el eurodiputado Hermann Tertsch. Se acota el rechazo de la inmigración islámica o africana, que se utiliza como chivo expiatorio, y se fomenta la latina.

Por otro lado, hay exrepresentantes como el exlíder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, que defiende un blindaje total frente a la "Hispanchidad" -término despectivo-. Incluso viene aludiendo al rechazo que puede llegar a generar la propia inmigración europea alemana o noruega en España si se fomenta de forma masiva. Gallardo, desde su salida de Vox, viene adquiriendo un perfil distinto a de la dirección de Abascal en materia migratoria. Y ante reproches en redes, por fomentar esa idea de hermandad hispánica, se defiende: "Era portavoz de Vox en las campañas electorales como la del 28-M (...). Era uno de los targets electorales del partido en el que ya no tengo cargo".

A diferencia de esa posición "tradicionalista", la de Gallardo aglutina el respaldo de notables capas de gente joven. Hay temor entre las filas de Vox que eso detone en la creación de un nuevo partido político más duro contra la inmigración, y con una mirada hacia la vivienda y las pensiones.