Desde hace una semana el ministro de Asuntos Exteriores español ha guardado silencio sobre la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental. Su departamento no ha respondido a las peticiones de información de El Independiente y dos instituciones dependientes del ministerio, Casa Árabe y Casa África, han confirmado a este diario que no han organizado ningún acto con motivo del cincuenta aniversario del final del Sáhara Español.

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Este viernes BNG, ERC y EH Bildu -tres socios de legislatura del Gobierno de coalición- han solicitado la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ante el Pleno del Congreso para que explique la posición del Gobierno español en dos cuestiones clave de la política exterior: el futuro del Sáhara Occidental y la creación de nuevos centros de detención de migrantes en Mauritania por parte de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), dependiente de su propio ministerio.

Sáhara Occidental: exigencia de claridad y respeto al derecho internacional

Las formaciones reclaman que Albares aclare cuál es la postura actual del Ejecutivo ante las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental y su impacto en la ocupación marroquí del territorio, así como en el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

La solicitud llega un día después de la conmemoración del 50º aniversario de la Marcha Verde. Los grupos parlamentarios insisten en que el Gobierno debe defender “sin ambigüedades” el mandato de la MINURSO, renovado por un año el pasado viernes, y la organización de un referéndum de autodeterminación. Subrayan además que el respeto al derecho internacional y a la libre determinación debe ser un “principio irrenunciable” de cualquier política exterior democrática.

Centros de detención en Mauritania: denuncian vulneración de derechos y falta de transparencia

La segunda comparecencia se refiere a la apertura de dos centros para migrantes en Mauritania, gestionados por la FIAP. Según informaciones recientes, estos espacios estarían inspirados en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Canarias, aunque desde el propio Gobierno se habría reconocido que en ellos se privará de libertad también a menores, incluso bebés lactantes, algo expresamente prohibido por la legislación española.

Para BNG, ERC y EH Bildu, estos centros son, en realidad, "centros de detención encubiertos". Uno de ellos se encuentra en Nouakchott, la capital mauritana, mientras que el segundo está ubicado en Nouadhibou, en la frontera con el Sáhara Occidental, territorio que recuerdan se mantiene bajo ocupación ilegal por parte de Marruecos.

Las formaciones denuncian que estas instalaciones implican una externalización de fronteras y responsabilidades en materia migratoria, con el riesgo añadido de vulneración de derechos fundamentales y ausencia de garantías jurídicas.

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