El juez del 'caso Koldo' cita como investigados a Koldo y Aldama por los contratos de mascarillas de Canarias

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como investigados a Koldo García y a Víctor de Aldama en la causa que investiga los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia. El instructor llama de nuevo a declarar al empresario el próximo 27 de noviembre y al exasesor ministerial el 28 de noviembre, tras el nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre los contratos de material sanitario que el Gobierno de Canarias adjudicó a la trama.

Moreno responde así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción que solicitó en un escrito anterior, al que ha tenido acceso El Independiente, la declaración de ambos al considerar que los contratos de material sanitarios adjudicados por el Gobierno de Ángel Víctor Torres también formaban parte de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo García Izaguirre, al menos, desde octubre de 2019.

El fiscal Luis Pastor recoge lo ya expuesto por el Instituto Armado en su último informe en el que se sostiene que estos pagos al exasesor ministerial permitieron al empresario tener acceso al propio ministro de Transportes y, así, asegurar su "influencia" en otras administraciones.

Los mensajes intervenidos por la Guardia Civil desvelan el trato "excepcional" con el que se operó respecto a la empresa Soluciones de Gestión S.L., adjudicataria de contratos millonarios para el suministro de material sanitario. Así se desprende de los correos electrónicos enviados por varios funcionarios del Servicio Canario de Salud, obrantes en la causa, que demuestran que ya en 2020 se detectaron ciertas irregularidades respecto al precio y la facturación acordados con la empresa vinculada a Víctor de Aldama.

Pese a las advertencias de los funcionarios, la Administración canaria dio luz verde a las mascarillas de la trama y se ejecutó el pago a la empresa de los socios de Aldama. Koldo García, y otros de los investigados por la Audiencia Nacional acudieron a altos cargos, incluido el entonces presidente canario, para acelerar los pagos de dichos contratos.