El juicio por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, celebra este jueves su última jornada en el Tribunal Supremo, dedicada íntegramente a los informes finales de las acusaciones, la Fiscalía y la defensa sobre la filtración de información reservada sobre Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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El abogado del empresario ha subrayado durante su intervención que la actuación de la Fiscalía General en la noche del 13 de marzo —cuando supuestamente se produjo la filtración—  y la mañana siguiente se "alineó" con el relato del Gobierno y del PSOE sobre el fraude fiscal atribuido a la pareja de Ayuso.

"La prueba muestra que las conductas del Ministerio Fiscal se alinean de forma plena con el relato que los días 13 y 14 de marzo integraba la política de comunicación del Gobierno y del PSOE, tanto nacional como de Madrid", ha afirmado el letrado Gabriel Ramos, quien ha insistido en que "fueron idénticos el relato institucional de confesión y culpabilidad de la Fiscalía y el relato político de delincuente confeso".

También ha afirmado que el correo donde se reconocía la comisión de dos delitos fiscales para tratar de llegar a un acuerdo fue "transmitido" por García Ortiz a un periodista de la Cadena SER "como método para activar su relato institucional de culpabilidad".

"No es que se transmitiera a los medios la existencia de un procedimiento penal, es que se transmite que es un delincuente confeso. Se tiene una sentencia pública de condena", ha dicho el abogado, que ha asegurado que sobre su cliente cayó una "sentencia popular" y se le convirtió en "moneda política". "Tenemos a representantes políticos ejecutando esa sentencia popular diariamente", ha remarcado Ramos.

En la lista de dirigentes políticos que han utilizado la expresión "delincuente confeso" ha incluido, entre otros, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, o el ministro para la Transformación Digital, Óscar López.

Asimismo, la defensa de González Amador ha incidido en que el fiscal general actuó al margen de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, al acordar la redacción la noche del 13 de marzo de una nota informativa a sus espaldas para desmentir que la Fiscalía hubiera ofrecido llegar a un acuerdo al novio de Ayuso. Como testificó la fiscal, el letrado ha señalado que para "neutralizar" un bulo no era necesario incluir la admisión de los delitos en la nota que se difundió el 14 de marzo.

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