En el Gobierno sienten que han superado otra de las pantallas difíciles que esperaban para el otoño: el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial de Santos Cerdán. Se conoció este martes. Y la respuesta de Pedro Sánchez, la que volvió a verbalizar este martes durante una comparecencia conjunta con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, es la que misma que blandió hace meses, con el informe de junio de los investigadores que provocó un terremoto en el PSOE y que acabó con el ya exsecretario de Organización en prisión provisional: el partido y él mismo han actuado de manera "contundente" y ahora hay que esperar que trabaje la Justicia.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente levantó este martes el secreto sobre el informe, de 227 páginas, remitido por la UCO, que considera al ex número tres de los socialistas el "enlace" entre el Ministerio de Transportes y la constructora Acciona, que se hizo con al menos tres adjudicaciones de obra pública en unión con Servinabar, la mercantil navarra de la que Cerdán poseía teóricamente el 45% de las acciones y que estaba administrada por su socio Antxon Alonso. El dirigente navarro, considerado como el cerebro de la trama criminal, ejercía de eslabón con el ministerio entonces liderado por José Luis Ábalos para lograr mordidas del 2% por el amaño de obra pública. Tanto Cerdán como su familia se beneficiaron de esos contratos que Transportes adjudicaba a Acciona. Y todo pasó, según han defendido siempre Ferraz y la Moncloa, sin conocimiento de Sánchez.

El presidente fue preguntado este martes por los periodistas durante su comparecencia conjunta con Zelenski, y sostuvo que desde que estalló el caso, el pasado junio, el Gobierno y el PSOE han actuado en una doble línea. Lo que ambos han hecho ha sido, primero, "colaborar con la Justicia". "Y dos, actuar con contundencia. Y, por tanto, eso es lo que estamos haciendo ahora. Tenemos que dejar a la Justicia trabajar. Y es el tiempo de la Justicia. Nosotros, que hemos asumido esta responsabilidad política, hemos actuado de manera contundente y vamos a esperar al desarrollo de las investigaciones judiciales", añadió.

Fuentes de la Moncloa enfatizaron que el informe de la UCO, aunque muy grave, sigue dibujando un perímetro claro de actores implicados en la presunta trama delictiva —Santos Cerdán en la cúspide, con José Luis Ábalos y Koldo García—, pero que no va a más, que no implica ni menciona a Ferraz ni al Ejecutivo. Tampoco aparecen indicios de financiación irregular. Es decir, que si Cerdán cobraba mordidas por amaños de contratos públicos, lo hacía para lucrarse él y su familia, no el partido.

"Lo de Santos ya sabíamos que era muy grave, fuimos conscientes desde el principio y reaccionamos en cuestión de horas", defienden en la Moncloa. El anterior informe de los agentes se conoció el 12 de junio, absolutamente demoledor sobre Cerdán. Sánchez compareció desde Ferraz por la tarde, pocas horas después de que se conociese. Para entonces, ya había obligado a su mano derecha a dejar su cargo orgánico y su acta de diputado, y posteriormente se le echó del partido.

Hay otra cuestión que interpela a la Moncloa: la exmilitante socialista Leire Díez, considerada como la fontanera de Ferraz, declaró este lunes como imputada ante el juez y señaló que había mantenido dos reuniones en la sede federal del partido con Cerdán porque, en calidad de "periodista", había atesorado documentos sobre el caso Villarejo que podían ser útiles para el PSOE. A una de esas citas, según la declaración que después hizo su socio y empresario Javier Pérez Dolset, acudió el dirigente socialista Antonio Hernando, entonces director adjunto de Gabinete de la Presidencia del Gobierno y hoy secretario de Estado de Telecomunicaciones.

A Sánchez se le preguntó si tenía conocimiento de que miembros de la Moncloa acudían a esos encuentros con Díez o si en algún momento Hernando le reportó sobre esa cita a la que él sí acudió. "La respuesta es muy sencilla: no", se limitó a contestar.

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