La Asociación de Fiscales, mayoritaria dentro de la carrera fiscal, ha pedido que el nuevo fiscal general del Estado sea un jurista de prestigio sin "sesgos partidistas" y ha reclamado un nuevo Estatuto Orgánico que garantice una independencia real y efectiva de la Fiscalía. Se trata de la primera declaración oficial de la organización tras conocer el fallo del Tribunal Supremo sobre Álvaro García Ortiz, al que ha condenado por un delito de revelación de datos reservados.

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La Asociación lanzó este mensaje durante su XXV Congreso, celebrado en Santiago de Compostela con la participación de más de 460 fiscales. También ha defendido la importancia de proteger el Estado de Derecho y recordado que el Ministerio Público debe actuar con imparcialidad, de manera comprensible para la ciudadanía y siempre conforme al principio de legalidad. También destacó que los fiscales están plenamente capacitados para asumir nuevas funciones desde el punto de vista técnico.

La organización insistió en que las resoluciones judiciales deben ser respetadas como expresión de la independencia del poder judicial y rechazó cualquier injerencia en la labor de los tribunales. Además, expresó su respeto al Tribunal Supremo como máxima autoridad jurisdiccional y avisó de que las críticas políticas procedentes del Gobierno u otras instituciones solo contribuyen a erosionar la arquitectura constitucional.

Asimismo, la Asociación ha mostrado su indignación por la situación en la que, según afirma, García Ortiz, todavía fiscal general, ha colocado a la carrera. Para reforzar la independencia reclama que el jefe del Ministerio Público cuente con un régimen jurídico propio, con nombramiento y cese desligados del Gobierno, y que se regulen de forma clara las incompatibilidades, la abstención y la responsabilidad civil y penal.

García Ortiz puede ser expulsado de la carrera

El fallo del Supremo, además de apartarle del cargo de fiscal general del Estado, puede costarle a Álvaro García Ortiz la expulsión de la carrera. Aunque la condena de la Sala de lo Penal de inhabilitación se acote al cargo de fiscal general, cuando pierda dicha condición deberá pedir su reingreso a la carrera, toda vez que ahora se encuentra en "servicios especiales".

El artículo 46 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que la condición de fiscal se pierde cuando existe una "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos". Asimismo, el Reglamento del Ministerio Fiscal en su artículo 32 fija como causa para la pérdida de la condición de fiscal la imposición de una condena con "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso".

No obstante, será necesario esperar al contenido íntegro de la sentencia para ver si el tribunal concreta el ámbito de aplicación de la condena acordada. Hasta ahora, de la decisión del Supremo solo se conoce un párrafo, el del fallo:

"Debemos condenar y condenamos a García Ortiz, fiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, del artículo 417.1 del Código Penal, a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de dos años".

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