La actuación de los jueces lleva años bajo la mirada de la opinión pública, especialmente cuando investigan causas sensibles para el Gobierno. Las decisiones de magistrados como Beatriz Biedma, que ha mandado a juicio al hermano de Pedro Sánchez por su acceso a la Diputación de Badajoz; Luis Ángel Hurtado, que procesó al exfiscal general del Estado; o especialmente Juan Carlos Peinado, instructor del procedimiento contra Begoña Gómez, han sido objeto de reproches tanto profesionales como personales.

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En su contra, se ha esgrimido que han utilizado la ley para potenciar causas sin base fáctica, con el único objetivo de manchar la imagen del Ejecutivo y entorpecer su legítima labor. La judicialización de la política, o lawfare. Sin embargo, si hay una investigación que ilustra que los contrapesos del sistema judicial funcionan y que las resoluciones poco fundamentadas de un magistrado pueden ser corregidas o anuladas por instancias superiores, es la que dirige Peinado contra la esposa del presidente del Gobierno.

La causa nació en abril de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias, que acusó a Gómez de haberse servido de su condición de cónyuge del jefe del Ejecutivo para favorecer a empresarios como Juan Carlos Barrabés. Después, el juez amplió el foco hacia la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde codirigía la Cátedra de Transformación Social Competitiva, y hacia la supuesta apropiación indebida del software desarrollado por varias empresas para uno de los másteres vinculados a dicha cátedra.

En la actualidad, Peinado mantiene a Gómez investigada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios del sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos. También están imputados su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el propio Barrabés.

Sin embargo, a medida que avanzaba la instrucción, Peinado trató de extender la causa hacia nuevas líneas y otros implicados. La Audiencia Provincial de Madrid ha ido limitando esas derivas y obligándole a acotar el objeto de la investigación.

Le cerró la puerta, por ejemplo, a indagar en el papel de Gómez en el rescate de Air Europa y acordó el levantamiento de imputaciones como las del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, o, anteriormente, la del rector de la UCM, Joaquín Goyache, o el exconsejero madrileño y directivo del Instituto de Empresa, Juan José Güemes.

Este jueves, el tribunal madrileño ordenó a Peinado archivar el procedimiento contra Martín al entender que "no consta que supiera" que la asesora estuviera "excediéndose de sus funciones por indicación de Begoña Gómez" cuando él era secretario general de Presidencia, y que la querella contra él se fundamentaba en "meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad".

Este tribunal ya se pronunció sobre que la investigación tenía que centrarse en si el desempeño de las funciones públicas de la asesora fueron sobrepasadas para favorecer el presunto "plan delictivo" de Gómez. Esa "debía ser la dirección", no viendo la razón de "dirigir una nueva querella contra el que se supone hubiera de fiscalizar la función de dicho cargo de confianza, porque no se proporciona el más mínimo indicio de que el citado cargo tenga esa supuesta función de control".

Pero la Audiencia de Madrid no ha sido el único órgano que ha reprendido algunas de las decisiones del magistrado. También lo hizo el Tribunal Supremo, al responder a su solicitud de imputar al ministro Félix Bolaños. Cinco magistrados subrayaron la "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud" que relacionara al aforado con los hechos, y archivaron la exposición razonada.

Peinado atribuía a Bolaños un delito de malversación vinculado a la contratación de la asesora cuando él era secretario general de Presidencia. Además sugirió que el ministro podría haber incurrido en falso testimonio durante su declaración como testigo. El alto tribunal descartó ambos extremos.

Lo cierto es que, a lo largo de la instrucción, Peinado se ha llevado varios rapapolvos por parte de instancias superiores. Por ejemplo, la Audiencia le reprochó que entregara la grabación de la declaración como testigo de Pedro Sánchez en Moncloa en julio de 2024, ya que el presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer.

Si bien su investigación ha sufrido varios reveses, lo cierto es que el núcleo de la misma sí que ha sido avalado por la Audiencia, que vio indicios de que Begoña Gómez usó su posición como mujer del presidente del Gobierno para "vender favores a cambio de contraprestaciones".

Peinado no cita a Aldama

Por otro lado, Peinado tampoco ha aceptado todas las testificales que han ido pidiendo las acusaciones. Sin ir más lejos, esta semana negó de nuevo la citación del empresario Víctor de Aldama, que se sentará en el banquillo del Supremo por su implicación en el ‘caso Koldo’.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha rechazado el recurso que interpusieron las acusaciones populares contra su negativa a citarle y reitera que su declaración "no se considera necesaria" en la causa, "sin perjuicio" de que puedan solicitarla en un futuro si el caso llega a juicio.

Según explica Peinado, "no se conoce" ninguna relación de Aldama con la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense ni con sus patrocinadores, el centro educativo o las empresas de Barrabés. Además, ha argumentado que "el derecho de las partes a solicitar diligencias de prueba no es un derecho ilimitado".

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