La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez contra la decisión del juez de solicitar a Presidencia del Gobierno todos los correos de la mujer del presidente desde 2018. Los magistrados sostienen que la medida acordada por el titular de Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid es "absolutamente desmesurada", puesto que desde el punto de vista temporal resulta "exorbitante", ya que alcanza a todos los correos de más de ocho años.

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Así se recoge en un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, en la que el tribunal corrige al juez Peinado y ordena que proceda a dictar una resolución "en forma de auto con la motivación oportuna. De esta forma, el instructor tendrá ala oportunidad de volver a requerir los correos electrónicos de la mujer de Pedro Sánchez, pero argumentando y delimitando la petición.

El instructor a cargo de las diligencias de investigación contra la esposa del jefe de Ejecutivo requirió a Presidencia que le informara si Gómez tenía una cuenta de correo corporativa y que aportase todos los 'emails' recibidos y enviados desde 2018, fecha en la que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. El objetivo era que la UCO pudiera hacer un informe para ahondar en el delito de tráfico de influencias.

Ahora, el juez deberá justificar en un auto los motivos que sustentan la petición para que los investigadores puedan seguir adelante con las pesquisas. La Audiencia Provincial de Madrid insiste que dicha petición no puede ejecutarse mediante una providencia en la que "existe total omisión de referencia a la gravedad del hecho, la intensidad de los indicios respecto de la persona en cuestión y a la relevancia del resultado perseguido con la medida y a la proporcionalidad".

La petición a la UCO se enmarca en la investigación que el juez Peinado dirige contra la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación, intrusismo y apropiación indebida. Además de la mujer de Sánchez en esta causa están investigados la asesora de esta, Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. El actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ya ha quedado fuera de la causa, después de que el instructor acatase la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que pidió el sobreseimiento de la causa contra él.

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