Agentes de la Guardia Civil lanzan la voz de alarma ante un escenario que describen como de "creciente peligro" y desprotección institucionales. La violencia y agresividad de la delincuencia se ha incrementado, mientras que el marco jurídico y la protección institucional no se ha adaptado a esta nueva realidad. “A veces sentimos más miedo a enfrentarnos a un juez que a perder la vida en la calle”, reconoce un guardia civil con más de 18 años de experiencia en conversaciones con El Independiente, que asegura haber visto cómo la situación ha empeorado con el tiempo.

Uno de los problemas más señalados por los agentes es la falta de reconocimiento de la labor policial como profesión de riesgo. “Se nos exige afrontar violencia, incertidumbre y peligro real, pero cuando hablamos de derechos laborales, coeficientes reductores o jubilación, parece que ese riesgo no existe”, explican. Para ellos, no se trata solo de una cuestión económica o de privilegios: “Es un mensaje simbólico devastador. El Estado nos exige darlo todo, pero no nos reconoce como profesionales de riesgo”.

Esta sensación de desprotección institucional se traduce en una profunda frustración y desigualdad frente a otros cuerpos policiales. “Nosotros trabajamos más horas, hacemos más funciones y tenemos menos medios, pero seguimos años luz detrás en condiciones y complementos”, denuncian. “No pedimos privilegios, pedimos coherencia. Que se nos trate de manera justa por lo que hacemos cada día en la calle”.

Una escalada de agresiones a los agentes

Otro punto crítico es la escalada de agresiones hacia los agentes y la percepción de impunidad de los delincuentes. “He visto compañeros que por no sacar el arma de fuego han tenido más miedo al juez que al agresor. Algunos han acabado heridos o incluso han perdido la vida”, explica un agente. En su experiencia, la ley y el sistema judicial no siempre protegen al que actúa para defender a los ciudadanos. “El agresor sabe que puede salir reforzado. Nosotros somos los que quedamos expuestos, y no solo físicamente, sino legalmente”.

Los agentes denuncian que, en la práctica cotidiana, insultos, amenazas o agresiones graves se banalizan. “Cuando declaras varias veces, te enfrentas a denuncias cruzadas y ves que el sistema te cuestiona más a ti que al agresor, es imposible no sentir que estás solo”, relata otro guardia civil. La sensación de impotencia se agrava con la presión mediática y social.

La equiparación salarial es otro tema que genera profundo malestar. Los agentes sostienen que realizan trabajos igual de exigentes, con más horas y mayor riesgo, pero con salarios y complementos inferiores a los de otros cuerpos. “No se trata de envidia, se trata de justicia funcional. Nos desgastamos más, y nos reconocen menos”.

Esta desigualdad también afecta a la jubilación, la conciliación familiar y las posibilidades de desarrollo profesional. “Todo esto mina la motivación, el orgullo de pertenencia y la fidelidad al sistema. No pedimos privilegios, pedimos equidad”, asegura otro agente, reflejando un sentimiento compartido entre muchos miembros del cuerpo.

Expedientes internos, denuncias y desprotección

Los guardias civiles critican además que la legislación actual prioriza al infractor por encima de la seguridad del ciudadano y de quien actúa para protegerlo. “Cuando intervienes, sabes que puedes enfrentarte a expedientes internos, denuncias o juicios mediáticos. El delincuente, en cambio, actúa con confianza”, cuentan. La paradoja, según ellos, es que quienes intentan cumplir la ley lo hacen con miedo, mientras que quienes la vulneran se sienten libres de consecuencias.

Esta falta de respaldo jurídico se combina con la escasa protección institucional. “Nos sentimos solos frente a los agresores y frente a la opinión pública. No pedimos impunidad, pedimos respaldo cuando actuamos conforme a la ley”, subrayan. La ausencia de apoyo explícito del Estado genera frustración, desafección y sensación de abandono.

Ante esta situación, los agentes reclaman una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que restablezca el equilibrio entre derechos y deberes, y que proteja tanto al ciudadano como al policía. “No queremos más autoritarismo; queremos leyes claras que nos respalden cuando actuamos correctamente y protejan a los ciudadanos frente a delincuentes reincidentes”.

“La autoridad no se impone, se sostiene. Y hoy sentimos que esa autoridad no está sostenida por el sistema” sentencian. Para ellos, la combinación de delincuencia más agresiva, normativa insuficiente y desprotección judicial convierte su trabajo en una misión cada vez más peligrosa, donde la tensión jurídica se superpone al riesgo físico y la responsabilidad de proteger a la ciudadanía se vive como un desafío.