Las dos partes están de acuerdo en que el acuerdo debe llegar, pero ninguna sabe adelantar cómo. Porque las posturas de uno, PSOE, y otro, Sumar, son diametralmente opuestas. El presidente del Gobierno quiere (y ha anunciado) bonificaciones fiscales para los dueños que mantengan o bajen el alquiler a sus inquilinos. El socio minoritario de la coalición insiste en que "nunca" aceptará los incentivos tributarios a los caseros. Ninguno tiene voluntad de ceder por ahora, ninguno está dispuesto a arriar la bandera. Y la tensión aumenta. "No somos capaces de entender tanta sinrazón", braman en el ala socialista. "Esto es un cisma. Lo nuestro no es postureo. Ese decreto ley con las bonificaciones, o se lo comen o lo pactan con el PP", responden en la formación de Yolanda Díaz.
No se vislumbra cómo poder embridar las diferencias. Cómo diluir el choque. El compromiso de Pedro Sánchez es tener lista la norma "en las próximas semanas". Tictac.
La coalición de PSOE y Sumar, que ha navegado más tranquila que la anterior, la de los socialistas con Unidas Podemos, ha alcanzado su momento más crítico. Y podía ser previsible, porque la vivienda es una cuestión hipersensible para los dos socios porque lo es para sus respectivos electorados: si para el 42,6% de los españoles, según el barómetro de enero del CIS (2,7 puntos más que en diciembre), es la principal inquietud, para los votantes de las dos fuerzas de izquierdas la angustia por ella crece. Sumar cree que España se halla en una "emergencia habitacional", que urge aplicar medidas extraordinarias y radicales, que no se puede andar con paños calientes. El PSOE asegura que comparte el diagnóstico, que es preciso contener la escalada de precios, pero discrepa en las recetas. Y las heridas entre ambos se han hecho aún más profundas en la última semana.
La vivienda es una cuestión hipersensible para los dos socios porque lo es para sus respectivos electorados. Es la principal inquietud ciudadana, la que cita el 42,6% (2,7 puntos más que en diciembre)
Los dos partidos integrantes del Ejecutivo llevaban meses discutiendo sobre cómo hacer frente al galopante ascenso de los alquileres. Sumar planteó un borrador de real decreto ley en el que la medida estrella era la congelación de todos los contratos de arrendamiento —600.000 vencerían este año, y afectarían a 1,6 millones de personas, según sus cuentas—, una propuesta que el Ministerio de Vivienda, que pilota Isabel Rodríguez, tachó siempre de contraria a la Constitución. La respuesta al apremio de los Díaz la dio el pasado lunes el propio presidente en un acto de inicio de demolición de los cuarteles de Campamento, donde Casa47, la entidad estatal de vivienda, construirá 10.700 pisos asequibles. Sánchez anunció la aprobación, "en las próximas semanas", de un decreto ley en el que, además de la regulación contra el "fraude" y el "abuso" del alquiler de temporada y de habitaciones —una cuestión más pacífica—, se incluiría la bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que no suban la renta a sus arrendatarios. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, el que en Sumar ha liderado las negociaciones, calificó la medida de "injusta e ineficaz" y adelantó que su grupo se opondría a ella.
El jefe del Ejecutivo se comprometió a "trabajar" con Sumar y con el resto de aliados parlamentarios —los socios de izquierdas también mostraron su rechazo— para alumbrar un texto de consenso, aunque se mostró convencido de que se alcanzaría un acuerdo sobre su plan de incentivos fiscales, porque es una iniciativa "buena para la gente" y que sobre todo "no enfrenta a propietarios e inquilinos". Y ahí yacía uno de los argumentos para los socialistas: no irritar a muchos ciudadanos, potenciales votantes, que cuentan con un piso y que ponen en alquiler para complementar su sueldo o su pensión.
Bustinduy alega que las bonificaciones que prevé la ley de vivienda para las zonas tensionadas no tienen nada que ver con las que ahora plantea Sánchez, opcional y para todos los contratos
Desde entonces, las dos formaciones se han enzarzado en una espiral de declaraciones. Sin que se atisbe una aproximación de posturas. Este viernes, Bustinduy, en rueda de prensa en la sede de su ministerio, advirtió de que Sumar no aceptará "nunca" atajar la crisis de la vivienda vía bonificaciones a los caseros, así que la única vía que le queda al PSOE es rectificar y negociar la prórroga de los contratos.
Un choque por los incentivos ya viejo
El titular de Derechos Sociales rebatió uno de los argumentos recurrentemente utilizados por los socialistas en estos últimos días: que la ley estatal de vivienda de 2023 ya incluía incentivos fiscales para las zonas tensionadas y Unidas Podemos votó a favor. Bustinduy adujo que es un escenario "radicalmente diferente" la aplicación de una bonificación fiscal para los pequeños propietarios, y con efectos compensatorios, en una zona declarada tensionada, con regulación de precios y donde opera una extensión de los contratos a una propuesta que plantea un incentivo para aquellos caseros que de manera opcional decidan no subir la renta de un alquiler y se eliminen, así, "los impuestos que tienen que pagar". Nada que ver, incidió, un "contexto de precios controlados y de regulación del mercado", que es lo que indica la ley de vivienda —aunque es una medida que él no comparte, pero él no estaba en el Gobierno cuando se aprobó, recordó—, a una "bonificación fiscal y punto", que es lo que anunció Sánchez.
En el ala socialista no ocultan el malestar y la "cerrazón" de la formación de Díaz. "Igual Bustinduy está de campaña interna", deslizan
"La única vía hacia delante es la rectificación y negociación hacia la prórroga de los contratos [...]. Vamos a estar con la mejor de las actitudes y la más constructiva", recalcó Bustinduy, ministro al alza en las filas de Sumar. Para el ministro, la prórroga de los alquileres es una medida acorde con la Constitución y viable, y que además se ha aplicado hasta en ocho ocasiones en los últimos seis años, "en cinco de ellas fuera del estado de alarma", y en ningún caso el Tribunal Constitucional la ha tumbado.
En el ala socialista se reconocen sorprendidos por la firmeza de la posición de Sumar, aunque creen que puede acabar cediendo. "Igual Bustinduy está de campaña interna", desliza un miembro del Ejecutivo, apuntando al interés que el ministro podría tener para promocionarse para una futura candidatura dentro de su espacio de cara a las siguientes generales. Los socialistas aseguran que no ven motivo para la "cerrazón" de la formación de Díaz. "No soy capaz de entender tanta sinrazón", manifiesta a El Independiente esta misma ministra.
En Vivienda no quieren bajar a los detalles técnicos de las conversaciones con sus socios —tampoco desean hacerlo en el equipo de Bustinduy—, pero creen que puede haber fórmulas satisfactorias, siempre que pivoten en torno a la idea de las bonificaciones. El patrón puede ser la aplicación progresiva —esto es, incentivos de hasta el 100% en función de si se bajan o se mantienen los precios y su cuantía—, como ya está recogido en la ley para las zonas tensionadas. "Todo lo que pueda ser positivo y viable es bienvenido". Indican que no tendría mucho sentido diferenciar entre grandes tenedores y pequeños propietarios. En primer lugar, porque los primeros no contribuyen vía IRPF, dado que son empresas y fondos de inversión, y en segundo término porque el objetivo es "bajar la renta a los inquilinos", y "no discriminarles en función de quién es el propietario de su piso".
Vivienda se abre a negociar "todo lo que pueda ser positivo o viable", pero siempre que pivote en torno a la idea de los incentivos fiscales, la base de la que no se quiere mover. Rechaza congelar contratos
"Es que las prórrogas de los contratos es una solución que ya existe y que se incluyó en la ley de vivienda, y si no se aplica no es por culpa del ministerio, sino de los gobiernos autonómicos del PP, que se niegan a declarar zonas tensionadas. No es que no hayamos pensado en ello, es que quien boicotea la legislación es el PP. En Cataluña no tenemos este problema porque los precios están topados", contraponen fuentes cercanas a Rodríguez. Además de una gradación en los descuentos, podrían introducirse, por ejemplo, penalizaciones. Todo está en estudio.
Bajar la temperatura interna
Ahora el objetivo de Vivienda, en cualquier caso, es "bajar las revoluciones", intentar que se serenen las aguas para que prosigan los contactos y cuaje un acuerdo que ha sido imposible de alcanzar en meses. "Por nosotros no va a quedar. Pero no vamos a responder. Sumar busca el conflicto con este ministerio pero no lo van a conseguir. Lo que no ayuda es la actitud que tienen, o que digan que o su borrador de decreto o nada", se quejan en el staff del ministerio. En el círculo de Rodríguez piden ser realistas y abandonar las expresiones que señalan a los caseros: "¿Todo el mundo que tiene un piso en alquiler es superrico y exprime a la gente? No es así. El 80% de las casas de alquiler son de pequeños propietarios. ¿Todos son malas personas y sanguijuelas? No podemos caer en esos extremos".
Son dos huevos duros más. La ministra sabía que nuestra posición era diametralmente opuesta a la de los incentivos. Y con su anuncio ha encabritado a todo el mundo", señalan en Sumar
Sumar se ha sentido dolida con las formas del PSOE. "Nos avisaron cinco minutos antes de salir de manera unilateral Sánchez a anunciar esto", protestó Díaz el miércoles en La hora de La 1, en TVE. Cuentan que a los socialistas no les pudo pillar de "sorpresa" la respuesta de sus socios, porque conocían su oposición a los incentivos fiscales, una política de estímulo que el partido de Sánchez, por otro lado, siempre ha defendido. En el círculo del presidente responden que la competencia es de Vivienda, un ministerio socialista, y por tanto no tiene que comunicar los anuncios a la otra parte, como tampoco ocurre a la inversa.
¿Hubo error de cálculo del presidente? ¿No midió bien el impacto de su anuncio? Fuentes próximas a la vicepresidenta Díaz entienden que no, que Sánchez pidió ideas a su Gabinete para recuperar la iniciativa en este arranque de año y lanzó una que generaba especial rechazo entre sus socios. "Es que son dos huevos duros más. La ministra sabía que nuestra posición era diametralmente opuesta a la de los incentivos. Y con su anuncio ahora ha encabritado a todo el mundo", relatan. Una versión que no casa con la del entorno de Sánchez: "El presidente anunció lo que quería anunciar y acabarán apoyando la medida".
Pese al enconamiento de las posiciones, en la Moncloa se sienten "optimistas" y creen que será factible un consenso. "Ellos se molestaron y en las primeras 72 horas hicimos pedagogía. Ahora no hay especial crispación". En la sala de máquinas del Gobierno insisten en que no se apearán de su posición y que la negociación se producirá sobre sus "bases", es decir, sobre la política de incentivos, porque además estiman que es la única que puede recabar apoyos entre los socios de izquierda y de derecha del Ejecutivo, porque se sitúa en el fiel de la balanza. Medidas como la congelación de los alquileres, avisan, no serían apoyadas por formaciones de derechas como Junts y PNV, cuyos votos son imprescindibles. "Llevamos al Congreso iniciativas que se pueden aprobar, que pueden reunir una mayoría suficiente y que intentan impedir que sigan subiendo los alquileres, que es el objetivo que todos compartimos. El que tenga una idea mejor y concite una mayoría del Congreso, que la proponga", apuntan desde el núcleo duro del líder socialista, en el que anticipan que no tendría ningún sentido trasladar a la Cámara un decreto ley con recetas muy intervencionistas que fuera tumbado. "Esto no es una bandera, son medidas", remarcan.
La Moncloa se muestra "optimista" y recalca que su solución es la que puede recabar más apoyos al ser un término miedo. "Lo que ellos proponen no tiene votos", señalan sobre la medida de sus socios
"Es que se pueden entender las críticas de aquellos que dicen que lo proponemos es insuficiente, pero es que la solución que ellos proponen no tiene votos —continúan desde la Moncloa—. La dificultad de que este sea un Gobierno en minoría parlamentaria no afecta solo al PSOE". El círculo del jefe del Ejecutivo avanza que el texto aterrizará en el Congreso "sí o sí", aun a riesgo de que los grupos lo puedan tumbar. Pero es un paso muy arriesgado, porque los decretos leyes entran en vigor con su publicación en el BOE —normalmente, al día siguiente de ser acordados en Consejo de Ministros— y han de ser convalidados por la Cámara baja en el plazo de un mes. Si esta al final acaba rechazando la norma, resultaría que esta habría estado vigente unos treinta días, para luego decaer, y el coste es la inseguridad jurídica.
Las razones más profundas
Sumar promete que no se arrugará, que no moverá de su posición, y en su seno hay quienes auguran que el decreto ley anunciado por Sánchez nunca llegará a ver la luz si no recula. Pero los colaboradores de la vicepresidenta Díaz rubrican que el problema es más severo que un simple texto. Hablan de "cisma en el seno del Gobierno" desde hace meses, desde que se agolparon las noticias negativas por los casos de presunta corrupción y acoso sexual que afectan al PSOE. "El problema", destacan, "es una diferencia importantísima de análisis y de las tareas del Ejecutivo en el final de legislatura. Es decir, que hay una profunda división en el Gobierno sobre cómo situar la batalla para que estemos en condiciones de disputar el partido en 2027. Porque estamos convencidos de que por la vivienda se produce la desafección del voto progresista. Esto es un agujero negro y quien recoge votos es Vox".
En la formación de Díaz insisten en que la diferencia es de análisis y de enfoque de la legislatura, y que ahora el "eje" son los 26 diputados de Sumar, no solo los 7 de Junts o los 4 de Podemos
Esa discrepancia profunda explica que Díaz exigiera al presidente una remodelación profunda del Gobierno, una demanda que él no atendió y que de hecho molestó en su equipo y en el PSOE. Una bala que se volvió contra la propia vicepresidenta porque no tenía cartas para lanzar su órdago. Los suyos defienden que llegados a este punto de la legislatura, quieren hacer ver que no solo importan los siete votos de Junts o los cuatro de Podemos —los socios parlamentarios más rebeldes—, sino también los 26 de Sumar. "Esos 26 diputados nuestros son el eje de 2026. Lo nuestro no es postureo. Es que no hay una puesta en común sobre lo que tenemos que hacer".
Sumar subraya que desea hacer ver a los socialistas que no basta con tiritas ni con "fuegos de artificio", sino que hacen falta propuestas sólidas. Y sí reconocen el avance de la financiación autónomica, las negociaciones con el PNV para culminar las transferencias de competencias a Euskadi o el pacto con la Iglesia para que asuma las indemnizaciones para las víctimas de abuso. Pero en vivienda, prosiguen, hacen falta medidas de mucho calado, que lancen la señal a la ciudadanía de que el Gobierno coge el toro por los cuernos. Reclaman al PSOE que sea atrevido, porque también la derecha cuestionó la constitucionalidad de otras leyes del Ejecutivo y finalmente no se salió con la suya.
Advierten los colaboradores de la vicepresidenta segunda que el Gobierno está "atrapado" y no puede quedar paralizado por la sucesión de elecciones, no vale el "resistir por resistir" del presidente
Lo que observan en Sumar, sin embargo, es que el Ejecutivo está "atrapado", y temen que el carrusel electoral de esta primera parte de 2026 —elecciones el 8 de febrero en Aragón, el 15 de marzo en Castilla y León, en mayo o en junio en Andalucía— puedan sumir a la coalición en una parálisis. Y advierten de nuevo de que "resistir por resistir", como a su juicio hace el presidente, "no es una política". "El PSOE no puede ponernos en el disparadero", avisan, "no nos pueden poner en la puerta porque igual cerramos la puerta".
La otra fuente de malestar: la defensa (pero es otra cosa)
La Moncloa, sin embargo, resta dramatismo a la situación y repiten que "no hay nada que enderezar" con los socios y que la relación, aun con tensiones, es positiva. Pero la vivienda está agrietando la casa común más de la cuenta. También hay discrepancias, por ejemplo, en materia de defensa, como de hecho se han vuelto a evidenciar en la última semana —Sumar, por ejemplo, solo contempla el envío de tropas a Ucrania bajo el paraguas de la ONU o de la OSCE—, pero nada les separa tanto, y de manera tan sensible, como la vivienda. Lo admiten los colaboradores de Díaz: "Nada es comparable" a la necesidad de paliar la "emergencia habitacional", una coyuntura excepcional que hay que resolver, apostillan, sin demora.
El margen de negociación sobre este decreto ley de vivienda es, por ahora, muy estrecho. El PSOE se niega a la congelación de alquileres y Sumar no acepta las bonificaciones. "Este decreto ley, tal como está, o se lo come o lo pacta con el PP. No hay modulación posible". En el entorno de la vicepresidenta, recalcan que "lo que ha cambiado es que el eje son los 26 votos de Sumar, que hay que discutir primero qué queremos hacer como Gobierno".
En la Moncloa apuntan que no hay nada que "enderezar" con Sumar porque la relación es buena. Pero el aviso sigue en el partido de Díaz: "El decreto, tal como está, o se lo come o lo pacta con el PP"
Recomponer los platos rotos será esta vez más costoso. No ayuda a PSOE y Sumar el empacho de campañas electorales. Pero tampoco que la vivienda sea la gran materia divisiva y la razón potencial de la frustración de los votantes, especialmente aquellos progresistas. Sobre todo porque los resultados, tras más de siete años y medio en el poder, escasean. Y el tiempo, a estas alturas del mandato, con unas generales en 2027 como tarde, apremia.
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