Marruecos pide a Albares que intervenga para levantar el embargo de su cuenta bancaria por acoso sexual

La diplomacia marroquí no solo se ha declarado en rebeldía durante meses para no cumplir la condena en firme de un tribunal español por el acoso sexual y laboral y el despido nulo de la secretaria del cónsul marroquí en Murcia. Ahora, tras agotar todos los recursos, la embajada de Marruecos en España ha recurrido al ministerio de Asuntos Exteriores español para que levante el embargo de su cuenta bancaria decretado por los juzgados para hacer frente al pago de la indemnización.

Según ha podido saber El Independiente, la embajadora marroquí en Madrid, Karima Benyaich, remitió el pasado 24 de diciembre una nota verbal al ministerio que dirige el socialista José Manuel Albares para pedirle que detenga la ejecución del embargo de la cuenta del consulado de Marruecos en la Región de Murcia. Albares suele declarar que las relaciones hispano-marroquíes pasan por "su mejor momento".

“Se rogaría que informasen a las autoriudades judiciales correspondientes de lo que antecede y que les comunicasen la reiteración del rechazo del Reino de Marruecos a cualquier acción que afecte a los bienes y cuentas bancarias de los Estados que goån de inmunidad de jurisdicción, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes de 2004, y de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963”, exige el documento.

La nota tiene como destinatario la dirección de Protocolo, Cancillería y Órdenes del ministerio y se refiere a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Murcia y que este diario hizo pública este lunes. El tribunal declaró nulo el despido de Maryam, el nombre ficticio de la que fuera secretaria del cónsul marroquí en la región, Sidi Mohammed Biedallah, condenado en firme por los tribunales españoles por recurrente acoso sexual, laboral y moral contra la empleada. La justicia española considera probado que en septiembre de 2022 se activó un proceso continuado de acoso laboral y sexual que afectó gravemente a la salud de la empleada.

Inmunidad

Ante la recurrente negativa de la administración marroquí a asumir el coste de la condena y los salarios desde su despido nulo, el tribunal resolvió a finales del pasado octubre el embargo de la cuenta en el Banco Santader del consulado, en un hecho con pocos antecedentes en lo que se refiere a una legación diplomática y su renuente decisión de vulnerar una decisión en materia laboral. Según la nota verbal, Marruecos alega que “la medida puede causar un perjuicio de imposible o difícil reparación para la misión consular”.

Menciona las dos convenciones para argumentar que “no podrán adoptarse adoptarse contra bienes de un Estado, en relación con un proceso ante tribunal de otro Estado, medidas coercitivas posteriores al fallo como el embargo y la ejecución” y “y los bienes, incluidas cualquier cuenta bancaria, que sean utilizados o estén destinados a ser utilizados en el desempeño de las funciones de la misón diplomática del Estado o de sus oficianas consulares, sus misiones especiales…”. “En el caso que nos ocupa, los bienes y fondos del Consulado General del Reino de Marruecos en Murcia se consideran bienes de soberanía necesarios para su funcionamiento, y dicho puesto consular no ha renunciado a la inmunidad de ejecución”, reclama la embajada que dirige Benyaich.

La víctima y su representación legal consideran que esta nueva maniobra, tras su repetida negativa a pagar, trata de seguir perjudicando a Maryam, la secretaria. El montante de la deuda del consulado, entre salarios y las condenas, superan los 100.000 euros. “No entiendo muy bien a estas alturas del proceso, cuando el juez se ha pronunciado ya 20 veces sobre el tema y ha determinado que no hay inmunidad ni ejecutiva ni jurisdiccional, ahora llega el Ministerio diciendo que ellos quieren emitir informes. Me ha sorprendido desfavorablemente”, confiesa a este diario el abogado Joaquín Dólera, que representa a Maryam. “Hemos pedido que ante la situación económica de mi cliente, que lleva desde el mes de febrero de 2023 sin percibir su salario, y ante el hecho de que las resoluciones son ejecutivas, que se proceda a las transferencias. Ahora va a ser esto, después va a ser otra cosa. La postura del consulado de Marruecos es absolutamente obstruccionista y dilatoria y rebelde al cumplimiento de las resoluciones judiciales”, denuncia.

El tribunal murciano ya desestimó cualquier inmunidad al considerar que se trata de un contrato de trabajo con una ciudadana española en tareas administrativas que se rige por la legislación laboral española. “Se trata de un mero contrato de trabajo el que relaciona a la actora, de nacionalidad española, con el Consulado demandado y sin que en ningún momento su situación laboral esté contemplada en el precepto reproducido y sin que se haya puesto en el pleito de manifiesto ninguna cuestión que no sea netamente laboral”.

De hecho, determina que “la inmunidad de jurisdicción a que se refiere la norma cuestionada, no alcanza las controversias que pueda mantener con sus empleados de nacionalidad española, contratados para prestar servicios en puestos de trabajo, que no suponen el ejercicio del poder público que como ius imperii le corresponde para el desarrollo de sus objetivos, en la medida en que se trata de meros litigios particulares que no tienen la menor incidencia en el normal desempeño de las funciones y tareas de carácter internacional que constituyen el objetivo de su actuación”.

Advertencia al ministerio de Exteriores: "Sería muy grave"

Con la experiencia de más de tres años lidiando con el consulado, Dólera señala que “lo único que puede hacer efectivo la sentencia dictada por un juez en firme es que se continúe embargando las cuentas cada mes”. Y, aunque reconoce que el informe de Exteriores es precetivo pero no vinculante, advierte de la gravedad de la intervención que está reclamando Marruecos ante Exteriores.

“Cualquier intervención del Ejecutivo español puede ser muy grave. No se puede estar defendiendo desde el Gobierno los derechos de la mujer y en particular de las mujeres que han sido objeto de acoso sexual y laboral y facilitar que no se cumpla una sentencia que condena a una representación consular a una serie de obligaciones económicas derivadas de unos actos reprobables de acoso laboral sexual, moral, discriminatorio y hostiles que han impactado en la salud psíquica de una empleada del consulado, que tiene nacionalidad española, además”, agrega. Al cierre de esta edición, el ministerio de Exteriores no había respondido a la petición de información cursada por este diario. El gabinete de prensa que dirige Antonio Asencio evitó responder a las cuestiones planteadas sobre el caso y la implicación de Exteriores.

Y alerta a modo de advertencia a Albares: “Sería gravísimo porque el juez ya ha razonado en resoluciones firmes, por activa y por pasiva, que no hay ni inmunidad de jurisdicción ni inmunidad de ejecución. Entonces, si el Ministerio de Asuntos Exteriores a una mujer que ha sido acosada laboral y sexualmente, intenta que se le deniegue la tutela judicial efectiva, sería un tema muy grave.