Más allá del discurso y la movilización electoral, Vox busca aprovechar el real decreto en el que trabaja el Gobierno para la regularización de aproximadamente medio millón de inmigrantes irregulares que ya están presentes en España para ganar afiliados. Hay fuentes próximas al Ejecutivo que rebajan contundentemente esa cifra, no obstante, a la falta de conocer cifras oficiales más allá de lo que sugieren las asociaciones vinculadas a la atención social.

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Apenas 24 horas después de que trascendiese la noticia, derivada de un pacto entre PSOE y Podemos, y minutos después de que Moncloa confirmase el inicio de los trámites, Vox envió un correo a todos sus simpatizantes -aquellos registrados en la web, que según datos de Vox del 1 de julio es de 195.000- para llamar a una afiliación generalizada. "Solo con una base sólida de afiliados podremos frenar este atropello y devolver el sentido común a España. No es solo política, es la defensa de tu hogar", trasladaban.

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Con esta campaña de adhesión, los de Santiago Abascal vinculan ese incremento de su base de afiliados a poder afrontar mejor esa política de regularización, aunque materialmente no cambia la capacidad del partido para ello. Indirectamente sí: una mayor afiliación sí repercute en las arcas del partido con más contribuciones mensuales y, por tanto, en mayor capacidad económica para sufragar actos, afincamiento territorial, campañas electorales, movilizaciones o afrontar costes de, por ejemplo, sus servicios jurídicos. Vox anunció este martes que recurrirá el decreto ante el Supremo, de hecho. Como el PP, llevarán también el asunto a la UE.

Aunque el interés es económico, se relaciona directamente una mayor afiliación con mayor peso institucional. Eso ya se produce entre los simpatizantes sin necesidad de contribuir con cuotas. De hecho, entre 2023 y ahora, se estima un incremento del voto en unos 3 puntos de media sin que ello haya supuesto un crecimiento exponencial en la afiliación estos años. "No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo como desmantelan nuestra nación. La indignación en redes sociales no es suficiente; necesitamos fuerza real en las instituciones y en las calles. Por eso, hoy más que nunca tu paso al frente es vital", escriben.

Correo difundido por Vox a sus más de 195.000 simpatizantes el 27/01/2026

Este llamamiento al voto se da tan solo dos semanas después de que, con otro correo, el partido inaugurase el año buscando apoyo económico para poder "financiar la resistencia, asegurar que nuestra bandera siga alta en cada rincón de España y permitir que Abascal y todos nuestros representantes tengan los medios para dar la batalla por ti. No seas solo un espectador de la historia. Sé quien ayude a escribir el próximo capítulo de España". Exactamente igual que como hicieron en 2025 y en estas fechas, los ultraconservadores persiguen acabar con dos años de estancamiento de su base, que se ha frenado con rotundidad.

A principios de enero se apelaba a la inseguridad, a la vivienda y en la crítica del bipartidismo. Esta regularización amplia por decreto que sortea el debate abierto y bloqueado en el Congreso desde 2024 da una ventana de oportunidad a Vox para explotar su marco dialéctico estrella: el migratorio. Especialmente con las elecciones de Aragón de fondo.

Máximo de afiliados, pero descenso de los ingresos

Vox trasladó el 1 de julio, días después de su Asamblea General de 2025, que había roto su récord de afiliaciones y éstas se situaban en 67.769. Ahora bien, el partido apenas ha experimentado cambios notables desde 2022. Entonces cerró el año con 66.059 afiliados, la cifra ascendió el siguiente a 66.949, y en 2024 bajó a 65.615 personas. La ganancia es de 820 afiliados en 2025 -a espera de conocer los datos definitivos- respecto al máximo de 2023. No hay cambios abruptos como los experimentados desde su salto a la política nacional en 2018, con epicentro en Andalucía, donde fueron determinantes para el primer mandato de Juanma Moreno. Eso deja la lectura de que el partido ya está en máximos.

En 2018, Abascal partía con el apoyo de 23.843 afiliados. Un años después superó el doble, 52.407, y creció otros diez mil en 2020, hasta los 62.374. Desde entonces se han ganado 1.094 personas de 2020 a 2021; otras 2.591 de 2021 a 2022; otras 890 de 2022 a 2023. Se perdieron 1.334 afiliados de 2023 a 2024, y se volvieron a ganar 2.154 hasta julio del año pasado. Un baile de cifras escueto, ese de los 62.374 a los 67.769 que apenas, con ese crecimiento de 5.395 personas deja al partido un crecimiento económico de 59.300 euros mensuales en el caso de optar por los 11 euros de cuota mensual, la más baja, o los 161.000 euros de máximo si se opta por los 30 euros mensuales.

Al cierre de 2024 solo un 49% de los afiliados de Vox estaban al corriente de pago. Falta conocer el dato íntegro de 2025

De hecho, aunque el número de afiliados ha crecido, al menos al cierre de 2024 menos de la mitad estaban al corriente de pago, según las últimas memorias de contabilidad de la formación a falta de conocer la de 2025. En 2023, solo 35.000 afiliados lo estaban; 32.022 en 2024, un 49% de los mismos, lo que agudiza un problema de financiación para el partido más allá de lo que recibe entre otros por representación electoral tras cada proceso.

Si se tienen en cuenta los sucesivos datos de contabilidad, los ingresos por la militancia han llevado a Vox de los 818.00 euros en 2018 a los 5,11 millones de euros en 2021. Desde entonces, se ha bajado a 5 millones en 2022; 4,5 millones en 2023; 3,76 millones en 2024 y entorno a 3,6 millones de acuerdo al presupuesto contemplado para 2025. De acuerdo a este balance, aunque a nivel electoral el partido supera sus máximos y ronda los 18 puntos del voto y algo más de 60 escaños de media, sus datos de ingreso por afiliación si sitúan por debajo de los del cierre de 2019.

Capitalizar el descontento

Como en otros periodos recientes, el anuncio del Ejecutivo sirve a Vox para incrementar el tono en cuanto a rechazo de la inmigración ilegal. En ese correo a los simpatizantes se reprocha la decisión de Moncloa "mediante un decreto y de espaldas a los españoles". "Mientras tú cumples las normas y pagas tus impuestos, ellos lanzan un efecto llamada sin precedentes que pone en jaque nuestra seguridad, nuestra economía y el futuro de tus hijos", indican en el mail.

Para los de Abascal la ilegalidad "no se puede premiar" y creen que la regularización traerá "consecuencias muy negativas" como la saturación y el desgaste de los servicios públicos como sanidad y educación. Hay diversos estudios o precedentes en otros países que contradicen esa posición y recalcan el beneficio de que entren al contribuir legalmente a la Seguridad Social y pagar IRPF. Estiman hasta un beneficio fiscal neto de 4.000 euros para las arcas, algo que suele ser mayor o equilibrado al gasto público que se genera.

La regularización de inmigrantes no implica su derecho al voto como sugiere Vox. Se requiere nacionalidad y es un proceso largo

Además, desde Vox se alienta el discurso de borrado de la identidad y de la sustitución ciudadana, y, por ende, la "sustitución del censo". Desde el partido se sugiere que esta regularización amplia supondrá otorgar el derecho a voto a ese medio millón de personas y, con ello, un nicho de nuevos electores para el PSOE. Pero esta regularización no lo implica, únicamente sirve para normalizar la situación en el país. De media, un inmigrante legal en España tarda de media diez años en conseguir la nacionalidad española, la única condición que te permite contar con derecho a voto.

Hay excepciones a la hora de obtener esa nacionalidad: ciudadanos de Latinoamérica, que pueden reducir a dos años ese proceso, o de origen sefardí, entre otros. También por condición de asilado. Pero en la mayor parte de los casos se requiere cumplimentar un largo camino administrativo, lidiar con la dilatación de esos procedimientos y superar el examen de nacionalidad.

De los que residen legalmente en España y están censados en una localidad, aquellos que lo soliciten al censo antes de cada proceso podrán ejercer el voto en las municipales sin necesidad de estar nacionalizados. Pero para ello es necesario que procedan de un país de la UE o de uno con acuerdo de reciprocidad con España. Es decir, que permita por igual en sus países votar a los españoles residentes sin nacionalidad. Normalmente se da en países hispanoamericanos o en Filipinas, entre otros. Según el INE, de los más de 6,9 millones de extranjeros que viven en España sin nacionalidad, solo 414.581 pidieron ejercer ese derecho en las municipales de 2023, algo más del 5%. No se permite ni para autonómicas ni para generales.

Desde el PP se entra en este debate, aludiendo a que "a medio plazo" el PSOE sí quiere modificar el censo electoral como mínimo de municipales. Por la tarde de este miércoles se pronunciaba la vicesecretaria de Política Sectorial, Alma Ezcurra.

Para Vox "no se puede permitir más inmigración en España, venga de donde venga y lleven el tiempo que lleven aquí". Así se expresó la portavoz parlamentaria de Vox en el Congreso, Pepa Millán, este martes, reclamando prioridad para los nacionales. El partido, desde hace tiempo, está inmerso en un debate interno sobre qué posición adopta respecto a la inmigración.

Endurece sus posiciones migratorias

Desde sus inicios, y vinculado a la actividad de Disenso en la denominada 'Iberosfera' y al fomento de esos lazos desde el Parlamento Europeo con ECR-Eurolat -hasta la integración en Patriotas-, Vox viene fomentando la inmigración hispana. Con similitudes culturales y religiosas en contraposición a la procedente de países islámicos. Poco a poco ello ha ido chocando con quienes extienden ese rechazo a toda la inmigración, haciendo que el partido se mueva entre conceptos como el de reemigración o se incline por deportaciones masivas. Los segundos son la corriente más juvenil, la que cada vez gana más peso en la formación.

Ese debate ha llevado al partido a acciones como la eliminación de la web 'Latinos por Abascal', con la que imitaron la campaña de Trump en las últimas generales. Aún queda rastro de esa campaña en publicaciones de este digital. Hay dos grandes representantes de ambas corrientes, en favor de ese concepto de Iberosfera está Hermann Tertsch, promotor desde la UE de los lazos con terceras formaciones. El portavoz nacional de Vivienda, Carlos H. Quero, se mueve en esa otra facción más dura.

La cúpula de Vox y el propio Abascal pivota entre ambas. Aunque ya a finales de octubre el dirigente se posicionaba así en una entrevista a un medio canario durante una visita con el rechazo a la inmigración ilegal de fondo: "No se adapta de la misma manera el emigrante procedente de países islámicos que el de países hispánicos, pero esa es una reflexión para el pasado (...). El colapso migratorio no nos permite decir cómo tiene que seguir viniendo gente". "Ni legalmente ni ilegalmente". "Realmente no pensamos que tenga que seguir viniendo gente cuando hay españoles yéndose fuera de España".