El decreto antidesahucios pactado por Gobierno y PNV peligra por el rechazo de Junts: "Es una medida injusta"

La subida de las pensiones está garantizada, ya sí que sí, porque tras muchas idas y venidas del Gobierno está ya recogida en un solo real decreto ley, como pedían PP y Junts, y reunirá una mayoría amplísima del Congreso. Capítulo resuelto. Pero el Ejecutivo tiene todavía que amarrar los votos de Junts y Podemos al segundo texto que aprobó este martes el Consejo de Ministros: el de escudo social, el que contiene una moratoria antidesahucios bastante suavizada porque ya no se aplicará a los dueños de una o dos viviendas. Ambas formaciones empujan a Pedro Sánchez en direcciones completamente opuestas. Unos, los posconvergentes, porque se temen que la modificación pactada con el PNV y que exime a los pequeños propietarios sea una mera "tirita". Y los otros, los morados, porque sienten "asco absoluto" por ese premio a los "pobrecitos" caseros. El cálculo del Ejecutivo, sin embargo, es que pese a las quejas, pese a las reticencias, los dos partidos acabarán entrando por el aro y facilitando la convalidación del texto. Como el resto del bloque de investidura está compacto en el sí, bastaría con que uno de los dos se abstuviera. Los números saldrían. Pero Junts por ahora se inclina por el rechazo.

En realidad, el Ejecutivo sufre con cada votación en el Congreso precisamente por las fuerzas contrapuestas que ejercen Podemos, desde la izquierda, y Junts, desde la derecha, con la complejidad añadida de que los independentistas catalanes siempre insisten en que no forman parte de ningún bloque, y ahora menos, desde que en octubre rompieron de manera oficial (y estruendosa) con los socialistas. Y esta vez ocurrirá lo mismo. La semana pasada, el no de los posconvergentes al real decreto ley ómnibus de prórroga del escudo social y de subida de las pensiones hizo descarrilar el texto, dado que se unieron a PP y Vox. Eso hizo al Ejecutivo reaccionar, buscar la manera de salvar en la medida de lo posible todas las medidas contenidas en ese decreto inicial.

Su primera intención era preservar la norma tal cual, pero la Moncloa accedió a dividirla en dos textos para facilitar su aprobación. Primero manejó una alternativa: un decreto ley con la subida de las pensiones y el resto de medidas del escudo social que son poco conflictivas y cuentan con consenso parlamentario, y otro solo con la moratoria antidesahucios (rebajada, eso sí). Pero este martes por la mañana el núcleo duro del Gobierno —Pedro Sánchez estaba al corriente de las negociaciones desde Dubái, donde tenía agenda oficial— se vio obligado a cambiar de planes, por las conversaciones a varias bandas. Y por la presión de Sumar, como relató después el socio minoritario. La formación de Yolanda Díaz consideraba "absolutamente inaceptable" que las medidas de vivienda quedaran solas en un decreto aparte, según manifestó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. El riesgo era que decayeran.

¿Qué se hizo entonces? Otro reparto de los contenidos. El definitivo, aunque no exento de riesgos. El Consejo de Ministros aprobó entonces dos decretos leyes: uno solo con las pensiones —y otras medidas como la supresión de la obligación de presentar la declaración de la renta para los beneficiarios de la prestación de desempleo— y otro con todo el escudo social: la moratoria antidesahucios (matizada), la prórroga del bono social eléctrico, la garantía de suministros básicos para familias vulnerables, los incentivos al vehículo eléctrico, las ayudas para los afectados por la dana y los incendios forestales o las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y ayuntamientos. El sentido de esta distribución era dificultar a la derecha votar en contra, despojarle de "excusas".

Lo que dice el cambio pactado con el PNV

Lo relevante, en cualquier caso, era el fondo. Porque el Ejecutivo pactó con el PNV (y Coalición Canaria) una modificación sustancial en el segundo texto: los propietarios de una o dos viviendas podrán ejecutar el desahucio de los inquilinos que no puedan pagar su mensualidad. Si tienen tres o más pisos, hay un contrato previo y son declarados vulnerables por el juez, entonces también podrá continuar con el procedimiento de desalojo.

Los nacionalistas vascos celebraron el "acuerdo de mínimos" con el Gobierno, que este accediese a "diferenciar" entre los pequeños propietarios y los grandes tenedores de vivienda o fondos buitres. Con la nueva redacción, remarcaron, se evita que estos caseros, que cuentan con una vivienda o dos en alquiler para complementar sus ingresos, "se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables por tener que asumir la carga del impago a la que les obligaba el Estado". Según precisaron desde el Ministerio de Vivienda, serán los servicios sociales de las comunidades autónomas los que tendrán que habilitar soluciones habitacionales de emergencia a los arrendatarios que no puedan abonar la renta.

Las dos normas están ya en el Boletín Oficial del Estado desde este miércoles y entrarán automáticamente en vigor, pero deberán ser refrendadas por el Congreso en el plazo máximo de un mes. El primer decreto ley saldrá adelante sin problemas. Lo confirmó Junts pero también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Así, los jubilados recibirán la misma paga que en enero, no menos. Una confirmación que permite a Sánchez lanzar un mensaje de complicidad con un colectivo de 10 millones de personas en plena recta final de la campaña de su candidata en Aragón, la exministra Pilar Alegría, a quien las encuestas pronostican un muy mal resultado en las autonómicas de este domingo, hasta el punto de que podría caer por debajo de su suelo histórico, menos de los 18 escaños de Javier Lambán de 2015.

Todo hacía pensar que el segundo texto podría acabar siendo convalidado por la Cámara baja. Pero Junts y Podemos se resisten a anticipar su voto. No es la primera vez que ocurre. Ambos pueden guardarse sus cartas hasta el momento en que el pleno del Congreso se pronuncie, y el plazo máximo es de un mes. Pero ninguno dio por adelantado su no definitivo y tajante. En un comunicado difundido por la mañana, la portavoz de los posconvergentes, Míriam Nogueras, sostuvo que su formación no permitirá que se alargue la situación "totalmente injusta" de que el coste del escudo social lo sigan asumiendo "los pequeños propietarios y los vecinos". El Ejecutivo de coalición ha tenido "seis años para encontrar una solución" al "problema de las ocupaciones", pero sin embargo ha sido incapaz de "hacer los deberes".

Después, en una entrevista en Al rojo vivo (La Sexta), Nogueras presumió de que su grupo ha torcido el brazo a Sánchez. El Gobierno "se equivocó", dijo, intentando "colar y hacer pasar por buenas las ocupaciones y los impagos" en el decreto ley ómnibus tumbado la semana pasada. "Se comió el sapo", indicó. Junts, por tanto, sí votará a favor ahora de la subida de las pensiones y sobre el segundo texto, el del escudo social, se reserva su voto hasta ver "la letra pequeña". "Nosotros no vamos a cubrir o a tapar o a intentar blanquear un Gobierno que no ha hecho los deberes", defendió la portavoz en la entrevista con Antonio García Ferreras. La diputada insistió en que su grupo no habla con el Gobierno, pero sí avisa de que el pacto trenzado con el PNV puede ser solo una especie de parche: "Vamos a ver el decreto ley en el BOE, pero yo me temo que será el mismo decreto con alguna tirita, que es lo que hacen siempre", deslizó.

Por la tarde, en un vídeo difundido en Instagram, Nogueras aseguró que, "a falta de leer la letra pequeña" del decreto ley, Junts sí puede decir que votará "en contra de prorrogar una medida que no solo no soluciona el problema, sino que es injusta, y es injusta porque el coste de este escudo social, del que tanto se han llenado la boca las que se llaman izquierdas españolas, quien lo está pagando es el pequeño propietario y también los vecinos". La portavoz no fue más explícita ni precisó en concreto qué no le convence de lo pactado con el PNV. Y queda tiempo hasta la votación en el Congreso, por lo que todo puede pasar. Desde la Moncloa evitaron echar leña al fuego: "Partido a partido. No vamos a hacer comentarios".

"Junts quiere más"

Sin embargo, Junts había empujado para que se sacara a los pequeños propietarios de la moratoria, en el mismo sentido que PNV y Coalición Canaria. Los posconvergentes ya pactaron con los socialistas hace un año un sistema de avales, teóricamente más ágil que el ya existente fondo de compensación, para ayudar a los caseros a cubrir los impagos, pero esa herramienta solo se puso en pie el pasado diciembre y se dotó de 300 millones de presupuesto hace una semana. De ahí que la desconfianza fuera total. Pero en el Ejecutivo están convencidos de que la entente con los nacionalistas vascos y canarios, que respiran del mismo modo que los independentistas catalanes en esta materia, facilitará el voto favorable. Sin embargo, nada es seguro, y de hecho desde CC admitían a este periódico sentirse intranquilos: "Junts quiere más, les parece poco lo pactado, pero no sabemos si tan poco como para tumbar el avance". Es decir, que Junts podría no ir de farol.

La Moncloa tiene que equilibrar a izquierda y derecha. Era previsible que el pacto con la formación jeltzale soliviantara a Podemos. Y así fue. Lo manifestó Ione Belarra, su líder, en un mensaje en X: "Aclaro para que se entienda: el PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que solo tienen una vivienda para alquilar. Pobrecitos, solo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad. Asco absoluto". Y luego definió el entendimiento con el PNV de "pacto criminal", "insoportable". Y es que la gran duda ahora es cuánto se vacía la moratoria antidesahucios. Podemos y Sumar esgrimían que, con la configuración hasta ahora vigente, daba cobertura a unas 60.000 familias.

En la Moncloa apuntaban este martes que no han recalculado cuántas se quedan ahora sin esa protección al reforzar el escudo de los propietarios. Urtasun aseguró que "el grueso de la medida y la protección a estas familias se mantiene". Es decir, que los afectados por la exoneración acordada con el PNV son muy pocos. En el Ministerio de Vivienda, que dirige Isabel Rodríguez, reiteran que no tienen aún números pero sí señalan que "la mayor parte de los desahucios que se paralizan son de fondos buitre o grandes tenedores". "Es verdad que en el mercado del alquiler son más los pequeños caseros, pero en el caso de los desahucios paralizados hay mucho gran propietario", añaden.

La ministra portavoz, Elma Saiz, se limitó a afirmar, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, que habrá "diálogo" con todos los grupos, como siempre. En el núcleo duro del presidente precisaron que si se llegó a esta fórmula, a esta división del decreto ómnibus en dos textos, y con este reparto de contenidos, se debía a que era la vía que cree el Ejecutivo que más puede facilitar su aprobación. Es decir, que se ha hecho "todo lo que se podía" para que las dos normas, con todas las medidas, salgan adelante. "Llevamos al Parlamento una propuesta que creemos que sí puede tener el consenso de la Cámara", apuntaron.

Todavía no hay fecha para el debate sobre la convalidación de los dos decretos leyes, pero en todo caso será después de la batalla electoral en Aragón de este próximo domingo. Las pensiones están salvadas. El escudo social, no está tan claro. Dado que el Gobierno tiene amarrado el voto de la diputada de CC, bastaría con que o Junts o Podemos votara uno a favor y el otro abstención. No es necesario que los dos pulsen el botón del sí. Dicho de otro modo: es suficiente con la abstención de los independentistas siempre que los morados apoyaran el texto.

La interlocución con Junts está formalmente rota y el único oído más próximo a la formación de Carles Puigdemont que tiene la Moncloa es el del PNV. Aunque ya lo advertían en el círculo del presidente el pasado fin de semana: "Que compren algo los nacionalistas vascos no quiere decir que lo haga Junts". De nuevo, un Ejecutivo al filo de la navaja.