Una jueza ha imputado por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje al independentismo mediante los programas Pegasus y Candiru, así como a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, que suma con esta cinco imputaciones.

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En una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha acordado imputar a los exdirectores de la Guardia Civil Félix Vicente Azón y María Gámez, a raíz de una querella presentada por cinco afectados, entre ellos el empresario Joan Matamala.

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La magistrada Júlia Tortosa Garcia-Vaso cita también como imputados a Paz Esteban, que ya figura como investigada en otras cuatro causas, a directivos de NSO Group, desarrolladora de Pegasus, y, por primera vez en España, a directivos de Saito Tech Ltd, responsable de Candiru.

Sentinel Alliance

El pasado mes de septiembre, la jueza admitió a trámite la querella presentada por el grupo Sentinel Alliance al considerar que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y de acceso ilegal a sistemas informáticos.

La querella de los cinco afectados se dirigía contra el exdirector de la Guardia Civil entre 2018 y 2020, Félix Vicente Azón, y su sucesora hasta 2023, María Gámez, en la primera ocasión en que la justicia investiga el papel del instituto armado en el espionaje al independentismo, así como contra la exdirectora del CNI, Paz Esteban, ya imputada en otras cuatro causas, y contra directivos de las empresas israelíes NSO y Saito Tech, comercializadoras de los programas espía.

Se trataba además de la primera denuncia por el uso del software Candiru, un programa que los querellantes aseguran que fue utilizado por la Guardia Civil para infectar sus teléfonos móviles en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los organizadores de la plataforma anónima Tsunami Democràtic, que convocó las protestas contra la sentencia del ‘procés’.

Espionaje masivo

Esa infección, sostienen los querellantes, fue acreditada por análisis realizados por el laboratorio canadiense Citizen Lab, que destapó el caso del espionaje masivo al independentismo que ha dado lugar a múltiples investigaciones en juzgados de Barcelona.

Los querellantes, empresarios y desarrolladores tecnológicos agrupados en la asociación internacional Sentinel Alliance, presentaron inicialmente su denuncia ante la Audiencia Nacional, que rechazó investigarla por falta de competencia, lo que les llevó a acudir a los juzgados de Barcelona.

Dado que en la querella no constan los domicilios de algunos de los querellados, residentes en Israel, la jueza requiere en su providencia a la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía que lleve a cabo las gestiones necesarias para conocer sus direcciones.

En un comunicado, Sentinel Alliance sostiene que los cinco querellantes —Joan Arús, Joan Matamala, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives—, todos ellos empresarios y desarrolladores de código abierto, fueron espiados por su actividad profesional.

Según este colectivo, durante dos años, desde 2019, sus dispositivos fueron atacados con Pegasus y Candiru, programas espía de grado militar capaces de extraer chats, correos electrónicos, contraseñas, archivos y fotografías, así como de activar de forma remota el micrófono y la cámara, y cifra en 78 los ataques sufridos por los querellantes y su entorno, incluidos familiares.