Cuenta atrás para el juicio en el Tribunal Supremo por el 'caso mascarillas'. Este jueves, José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama vuelven al alto tribunal para asistir presencialmente a la audiencia previa a la vista oral por los contratos sanitarios firmados durante la pandemia, en la que las defensas podrán exponer sus argumentos y últimas peticiones antes de que sus clientes se sometan al escrutinio de la Sala de lo Penal.

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Los abogados tienen la oportunidad de mostrar un último 'as' que beneficie a sus clientes. Sin embargo, las estrategias elegidas por cada uno de los acusados difieren mucho entre sí. El exsecretario de organización del PSOE y su exasesor seguirán pautas de defensa similares: buscar la nulidad de varias de las resoluciones clave del caso, o en todo caso, retrasar la celebración del juicio. Por el contrario, Aldama busca sacar provecho de su colaboración con la Justicia.

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Desde el inicio de la causa, Aldama ha mostrado a la Fiscalía su predisposición a colaborar, aportando al tribunal diversa información y documentación. La confesión del empresario, que entonces permanecía en prisión provisional por el 'caso hidrocarburos', fue esencial para la apertura de la pieza separada por el presunto amaño de obras públicas por la que se investiga a Santos Cerdán.

Poco más de un año después, Aldama busca recoger los frutos de su actuación y conseguir que la Fiscalía Anticorrupción rebaje al mínimo su petición de pena por el 'caso mascarillas' y, si es posible evitar entrar en prisión. El Ministerio Público solicita para el expresidente del Zamora CF un total de siete años de prisión por los delitos de organización criminal, cohecho pasivo y aprovechamiento de información privilegiada.

Si finalmente el alto tribunal acordase condenar a Aldama y aceptar la petición formulada por sus abogados, tras reconocer la autoría de los hechos que le atribuye el Ministerio Fiscal, podría ver reducida su posible condena de 7 a solo 3 años y 6 meses de prisión. No obstante, la defensa aún cuenta con margen de maniobra para conseguir una pena que impida su ingreso en prisión. Eso conllevaría, por ejemplo, la eliminación o simplificación de alguno de los delitos que se le imputan.

Los abogados de Aldama también intentarán que se excluya a su cliente de las operaciones realizadas en favor de la empresa de Claudio Rivas y desvincularle del presunto pago del chalet de Marbella del que disfrutó Ábalos, y que la UCO relaciona con sus gestiones para el rescate de Air Europa. Dos extremos que el letrado José Antonio Choclán anotó en su último escrito de defensa y sobre los que las partes podrán pronunciarse durante la celebración de la vista preliminar de este jueves.

Ábalos y Koldo piden ser juzgados en la Audiencia Nacional

Por su parte, Ábalos y Koldo cuentan con una estrategia muy distinta, apuestan mantener el pulso al Tribunal Supremo. Ambos consideran que dicho órgano no debería ser el encargado de enjuiciar el caso y la vista oral debería celebrarse en la Audiencia Nacional. La letrada Leticia de la Hoz, a cargo de la defensa de Koldo García, presentó este martes un escrito ante el alto tribunal en el que destaca que los hechos por los que se pretende enjuiciar a su cliente se están investigando en dos procesos distintos, por lo que debería ser remitido todo a la Audiencia Nacional.

"De seguir en el Tribunal Supremo conociendo de la causa, celebrando juicio y valorando la prueba en sentencia, nos encontraríamos con que esa valoración probatoria que afecta a todas las evidencias que tienen un tronco común", sostiene.

A esta petición también se ha adherido la defensa de José Luis Ábalos, en la que la magistrada también hace alusión al derecho del 'exnúmero dos' del PSOE de renunciar a su condición de diputado y "recuperar el derecho a ser juzgado por un tribunal ordinario para poder tener un recurso de apelación completo ante una instancia superior jerárquica, y no ante el mismo tribunal que lo juzgó".

Además de esta vía, ambos también defienden la nulidad del auto de apertura de juicio oral. Koldo alegó en su escrito de defensa hasta diez motivos por los que no debería celebrarse el juicio. Entre ellos, sostiene que se ha vulnerado su derecho fundamental a la defensa, ya que el alto tribunal se negó reiteradamente a devolverle los dispositivos que le fueron requisados durante su detención, los cuales considera esenciales para articular su estrategia.

Asimismo, criticó que no se haya citado a varios testigos relevantes, como la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, o las dos trabajadoras del Ministerio de Transportes que, en agosto de 2024, firmaron la auditoría que presuntamente acreditaba irregularidades en la compraventa de material sanitario.

Además, argumentó que el Tribunal Supremo llevó a cabo diligencias de investigación que no formaban parte del suplicatorio originalmente solicitado al Congreso cuando Ábalos era diputado. Entre ellas, mencionó las relacionadas con la financiación pública de Air Europa y las gestiones para que la empresa Villafuel obtuviera la licencia de operador de hidrocarburos.

Por su parte, Ábalos expuso ante el Supremo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo investigó cuando aún ostentaba su condición de diputado.