A partir de este miércoles, 25 de febrero, verá la luz "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento" sobre el fallido golpe de Estado del 23-F, un total de "153 unidades documentales" que "durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista", pero que ahora podrán ser "consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales".

Los papeles del 23-F se publican mañana miércoles, "a mediodía", en la web de la Moncloa (lamoncloa.gob.es), pero el Consejo de Ministros acordó este martes su desclasificación y quien dio unos mínimos detalles detalles de su alcance fue la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz. Se levanta así el secreto 45 años después de la intentona golpista contra la entonces naciente democracia española.

La portavoz no da detalles del contenido de los documentos ni si supondrán una relectura de la intentona golpista. Ella misma no los ha visto. No suponen, eso sí, "un riesgo real y presente"

Habrá que esperar a mañana para conocer la dimensión exacta del centenar largo de archivos que quedan desclasificados, porque la portavoz no dio cuenta de ningún listado ni de si supondrá un giro del relato sostenido por los historiadores sobre el propio 23-F. Entre los documentos de diverso tipo, también figuran transcripciones de las conversaciones entre los protagonistas, pero lo que no se incluye es el sumario judicial al completo, porque este obra en el Tribunal Supremo y sobre él el Gobierno no tiene poder. La información protegida hasta ahora, según señalaron fuentes de la Moncloa, procede de los ministerios de Interior, Exteriores y Defensa.

Según defendió Saiz, "los años pasados desde el intento de golpe de Estado, cuyos autores fueron condenados por un delito de rebelión militar, no suponen un riesgo real y presente". "Para el franquismo, en nuestro país todo era secreto por defecto y para siempre, si no se dice lo contrario", mientras que el Gobierno defiende, como ayer hiciera el presidente, Pedro Sánchez, que la memoria "no puede estar bajo llave".

Precisamente sobre las grabaciones de las conversaciones de aquel 23 de febrero de 1981 ha habido total opacidad en todos estos años. De ahí que fuera relevante que la portavoz confirmara que sí se incluyen transcripciones, aunque no precisó quiénes eran los interlocutores de esas escuchas. Se sabe que hubo comunicaciones entre el Congreso, tomado al asalto por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, y el exterior, y también entre el palacio de la Zarzuela y las capitanías generales, a las que el rey Juan Carlos I llamó para frenar el pronunciamiento. Puede que también se incluya, dijo Saiz, "alguna imagen".

Ella misma reconoció que no había visto la documentación desclasificada, y por tanto desconoce si puede suponer un giro respecto a todo lo narrado hasta ahora de la asonada militar. O, sobre todo, si puede cambiar la visión que se tiene del ya monarca emérito, del que se ha resaltado siempre su contribución clave para parar el golpe. No dijo tampoco nada la portavoz sobre la posibilidad de que pueda haber documentos destruidos.

Saiz recalca que el Ejecutivo "ha llegado hasta donde podía llegar" y no pretende desclasificar más papeles de otros papeles del pasado. Anima a los grupos a reactivar la reforma de la ley de secretos

La portavoz reclamó "paciencia" hasta que mañana se cuelguen todos los archivos desclasificados y se centró en el mensaje político, en la importancia del gesto del Gobierno, en la "anomalía democrática" que hasta ahora vivía España. Italia desclasificó en 2016 13.000 documentos que "narraban crímenes de las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial", recordó. Grecia también levantó el secreto en 2014 de los papeles relativos al golpe de Estado de Chipre de 1974.

Con esta decisión, subrayó se "corrobora el compromiso firme con la memoria democrática" por parte del Gobierno. Y también el Ejecutivo "ha llegado hasta donde podía llegar". Lo decía Saiz porque la ley de información clasificada, la que tendría que relevar a la franquista ley de secretos oficiales de 1968, sigue atascada en el Congreso. El Ejecutivo remitió el proyecto el pasado julio y desde entonces no se ha avanzado. Ni siquiera se ha llegado a celebrar el debate de totalidad. Su suerte es incierta por la falta de respaldos a izquierda —que cree el borrador insuficiente— y a derecha.

En la Moncloa confían en que la desclasificación de los documentos del 23-F sirva para reactivar un proyecto dormido desde el pasado verano. Pero, en cualquier caso, reivindican que han cumplido con su obligación y ahora la tarea es del Parlamento. El Ejecutivo, adujo la portavoz, "ha impulsado una ley de información clasificada cumpliendo con su trabajo en aras de la transparencia y ese compromiso con la transparencia". Son los grupos los que tienen que lograr, siguió, que lo que hoy es una "excepción" —la descatalogación de documentos decidida por el Gobierno— sea "la norma", la desclasificación automática transcurrido un tope de años. Por el momento, no se espera que el Ejecutivo proceda a sacar a la luz archivos de otros momentos de la Transición que le piden grupos como el PNV o Bildu, como los sucesos de Vitoria de 1976, los sanfermines de 1978, el atentado del bar Aldana de 1980 o la desaparición y muerte del joven Mikel Zabalza en 1985.

El Ejecutivo recalca que la medida busca evitar "manipulaciones y conspiraciones" que algunos "usan para escribir una realidad paralela", bulos que incluso persiguen "desinformar a los jóvenes"

La ministra sostuvo que la medida también pretende "evitar manipulaciones y conspiraciones que algunos usan para escribir una realidad paralela". Se trata, dijo, de "impedir" que la ultraderecha "siga usando bulos" para "difundir teorías que no merece nuestra democracia" y para "desinformar a los jóvenes que piensan que con Franco se vivía mejor".