La denuncia de la agente de la Policía Nacional contra el entonces 'número dos' del cuerpo dará este martes su primer paso clave en su investigación. El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid interrogará al exdirector adjunto operativo José Ángel González y a la subordinada que le acusa de haberla agredido sexualmente en abril de 2025, un caso que ha sacudido la cúpula de la Policía y llevado a la dimisión del que fuera su máximo responsable operativo.

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La causa estalló hace justamente un mes, cuando el Juzgado admitió a trámite la querella presentada por la presunta víctima, en la que acusa a González de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Todos ellos con la agravante de abuso de superioridad.

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En el auto por el que se acordó tomar declaración a ambas partes, el juez señalaba que los hechos descritos por la presunta víctima hacían presumir "la posible existencia de delitos de agresiones sexuales", lo que motivó la apertura de diligencias y la citación de ambos para este martes a partir de las 10.30 horas.

Según el relato de la denunciante —recogido en la querella a la que ha tenido acceso este periódico—, ambos habían mantenido en el pasado una relación afectiva marcada desde el inicio por una "asimetría de poder institucional manifiesta", dado el puesto que entonces ocupaba González en la Policía Nacional. La representación legal de la agente, ejercida por el letrado Jorge Piedrafita, sostiene que esa posición jerárquica fue utilizada para mantener una dinámica de "control, dominación y sumisión psicológica" sobre la presunta víctima, que se habría prolongado incluso después de que ella decidiera poner fin a la relación.

El día de la agresión

Los hechos se remontan al 23 de abril de 2025. Ese día, la agente se encontraba de servicio en la Comisaría de Coslada cuando, según la denuncia, comenzó a recibir varias llamadas del entonces DAO en las que le reclamaba que acudiera a reunirse con él "con carácter urgente" al restaurante en el que estaba comiendo junto al comisario Óscar San Juan. La mujer se excusó diciendo que estaba trabajando, pero González insistió "haciendo uso explícito de su autoridad" y le indicó "que abandonara su puesto de trabajo" para ir a verlo.

Para ello, el alto mando ordenó que la denunciante fuera trasladada hasta el local en un vehículo oficial camuflado de la propia comisaría. Tras la comida, González despidió a su conductor oficial y exigió a la agente que condujera ella misma el coche para llevarle a su domicilio, según la denuncia. Una vez allí, el entonces DAO la presionó durante unos 20 minutos de forma "obsesiva" para que accediera a subir al inmueble con el argumento de que necesitaban hablar en un lugar donde no les vieran ni los vecinos ni el portero. La mujer finalmente accedió y, ya en el interior —concretamente en la cocina—, la situación habría derivado en la agresión.

La querella sostiene que González inició un acercamiento físico de carácter sexual que la mujer rechazó "de forma verbal, expresa y continuada". Pese a ello, el escrito relata que el entonces máximo responsable operativo de la Policía habría bloqueado su salida y continuado con una conducta agresiva que terminó, presuntamente, en una agresión sexual con penetración, durante la que el alto mando habría apelado a su cargo con una frase que resume el espíritu de la acusación: "Oye, que soy el DAO".

El exDAO sostiene que la denuncia es "por celos"

El escrito sostiene además que, tras el episodio denunciado, González habría iniciado una campaña "obsesiva e intensiva de acoso" durante meses contra la agente a través de teléfonos oficiales, después de que esta bloqueara sus números personales.

La representación legal de la denunciante también ha entregado al juzgado diversas pruebas para sustentar la acusación, entre ellas audios, un listado de llamadas y capturas de mensajes. La defensa ha pedido que ese material quede bajo "plena reserva" y solo pueda consultarse en sede judicial, aunque el magistrado ha garantizado su confidencialidad sin limitar el acceso a las partes y facilitado una copia al exDAO.

Por su parte, la defensa de González ha rechazado los hechos y sostiene que el mando permitió en todo momento que la agente abandonara la vivienda. En un escrito remitido al juzgado, vincula la querella a "celos" de la mujer y apunta a supuestas contradicciones entre el relato de la denuncia y una grabación aportada como prueba, que —según su versión— reflejaría reproches personales y un tono de confianza entre ambos.

Filtración de la identidad de la víctima

Paralelamente, en un escrito remitido al juzgado, el abogado de la víctima ha solicitado que se abra una pieza separada para esclarecer cómo se difundieron su nombre y apellidos cuando el procedimiento se encontraba bajo reserva, al considerar que pudo producirse un delito de revelación de secretos y una vulneración del secreto sumarial.

Según la defensa, varios medios publicaron documentación del proceso el mismo día en que la representación legal del exDAO presentó un escrito en el que figuraban los datos de la denunciante, lo que supuso una "grave intromisión en su privacidad, seguridad e integridad".

La agente, de hecho, ha aceptado protección policial tras ofrecérsela la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, Gemma Barroso, quien asumió de forma provisional las funciones de DAO hasta el nombramiento del comisario principal José Santafé Arnedo, que inició su mandato el 13 de marzo.

Polémica por su jubilación con condecoraciones

El caso también ha abierto un debate sobre las recompensas y el prestigio institucional que atañen al exDAO. José Ángel González, que dimitió tras la admisión de la querella, había ocupado desde 2018 la Dirección Adjunta Operativa, convirtiéndose en la pieza clave de la estructura interna de la Policía Nacional bajo el mandato del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Su influencia alcanzaba nombramientos, destinos y grandes operativos, y su gestión había sido presentada por Interior como ejemplo de disciplina y estabilidad.

Sin embargo, tras la denuncia de agresión sexual, el sindicato Jupol ha registrado un escrito ante el Consejo de la Policía Nacional solicitando la retirada de las medallas concedidas a González y a su asesor, el comisario Óscar San Juan. En concreto, piden que se revoquen las dos Cruces al Mérito Policial con distintivo rojo entregadas a González y de una Medalla de Plata a San Juan, que conllevan incrementos vitalicios en sus pensiones.

Según Jupol, mantener estas condecoraciones mientras persisten sospechas judiciales graves supone un "daño directo" a la imagen del cuerpo y un agravio para los miles de policías que ejercen su labor con profesionalidad e integridad. El sindicato reclama además "transparencia y contundencia en defensa del honor institucional y de la confianza de la ciudadanía en sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".