El Gobierno llega al encaje final. A la composición definitiva de su real decreto ley de respuesta a los efectos negativos de la guerra de EEUU e Israel en Irán. El Consejo de Ministros, reunido de forma extraordinaria, lo aprueba este viernes, con el propósito de que reciba la bendición del Congreso la semana que viene. Y lo importante: sin sobresaltos. Sin que corra riesgos. Eso implica que el texto tiene que gustar a izquierda y a derecha —léase Junts—. La consecuencia directa es que muy probablemente no recogerá las medidas de contención de los alquileres que le piden sus socios progresistas para no soliviantar a los posconvergentes, para evitar que se agarren a ellas para votar no al conjunto del plan integral.

Pedro Sánchez presenta este viernes el primer paquete de respuesta a la crisis y, hasta el momento, se sabe más bien poco. El Ejecutivo ha guardado celo máximo y ha dado pocas pinceladas, con el argumento de que la negociación se prolonga, como siempre, hasta el final, así que la carta de medidas está abierta hasta el último momento. Los pilares son dos. De un lado, respuestas coyunturales, relacionadas con el alivio por el alza de los combustibles y de los fertilizantes —el flanco en el que de momento está percutiendo más la guerra—. De otro, las herramientas de carácter más estructural, "vinculadas con la transformación energética, con aquello que efectivamente aumenta nuestra capacidad y nuestra autonomía estratégica", tal y como aseguraba el presidente en su comparecencia del miércoles junto a Volodímir Zelenski. Este jueves, él mismo incidía en que España ha logrado quedar más protegida de la subida desbocada de los precios de los hidrocarburos precisamente porque en estos años su Gobierno ha construido "salvaguardas importantes", como una fortísima apuesta por las renovables.

El texto contendrá medidas estructurales, para intensificar la apuesta por la transición energética, y también coyunturales, para paliar los efectos del encarecimiento de carburantes y fertilizantes

Es seguro, por tanto, que el decreto ley contendrá medidas que continúen con ese impulso a las energías verdes, que aceleren la transición energética, una línea que también defendió Sánchez este jueves en Bruselas en el Consejo Europeo frente a las capitales que piden echar el freno en el camino hacia la descarbonización, en sintonía con el crecimiento de la derecha y la ultraderecha. Además, el texto recogerá rebajas fiscales y medidas especialmente dirigidas a los sectores más expuestos, como los transportistas o el mundo del campo. Sí están descartados, eso sí lo avanzó ya el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, instrumentos como el descuento general de 20 céntimos por litro de combustible, iniciativa desaconsejada por el sector y considerada regresiva y dañina para los intereses, sobre todo, de las pequeñas estaciones de servicio.

En el menú faltarán, muy probablemente, herramientas para la limitación de los precios de los alquileres. Sumar y los socios progresistas del Gobierno han empujado en los últimos días, pero el PSOE no está por la labor: esgrime que la posición de Junts es muy dura, que ha dado sobradas muestras de que su posición en materia de vivienda es semejante a la de PP y Vox, y que es mejor no arriesgar. En enero y febrero pasado, los posconvergentes sumaron sus votos a los de la derecha y la ultraderecha españolas para derribar los decretos que contenían el escudo social porque en ellos se incluyó la moratoria antidesahucios.

En el PSOE ya recuerdan que Junts no tuvo reparos en tumbar los dos decretos de escudo social que llevó a la Cámara, por lo que entienden que llevar medidas de vivienda ahora es jugársela

De hecho, en la segunda redacción el Ejecutivo pactó una modificación sustancial con dos formaciones conservadoras y alineadas ideológicamente con Junts —que los propietarios de una o dos viviendas pudieran echar a sus inquilinos vulnerables—, y no sirvió. Los de Carles Puigdemont, sin miramientos, adujeron que se fomentaba la ocupación de vivienda y votaron en contra. Se añade otro obstáculo: las relaciones entre los socialistas y los independentistas está rota desde el pasado octubre, así que no hay negociaciones en marcha, no hay conversaciones más allá del hilo habitual de cortesía parlamentaria.

Casar muchas piezas

El miedo a que Junts pueda hacer descarrilar el plan integral de respuesta a la guerra está operando como telón de fondo. Todo el tiempo. Se traslucía en las palabras de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el nuevo formato Los desayunos, patrocinado por RTVE y la agencia EFE. El decreto ley contendrá únicamente, reiteró, "aquello que tenga consenso" con los grupos. Por ejemplo, hay acuerdo para rebajar los impuestos de la factura eléctrica. Otras buscarán "aliviar la presión" del encarecimiento de la energía sobre familias y empresas.

El texto, subraya Montero, "va a llevar todo el conjunto de iniciativas que cuente con el consenso de todos los grupos parlamentarios que habitualmente apoyan al Gobierno"

¿Y vivienda? La número dos del Ejecutivo dio a entender que no, como están haciendo los socialistas en los últimos días: el texto "va a llevar todo el conjunto de iniciativas que cuente con el consenso de todos los grupos parlamentarios que habitualmente apoyan al Gobierno". "Hoy [por este jueves], a esta hora, estamos hablando tanto con los agentes sociales como con los grupos parlamentarios para asegurar su tramitación" porque cada medida "requiere mucho trabajo y cuadrar muchas piezas" que, en ocasiones, son "contradictorias". Y aunque el Ejecutivo espera que el PP pueda votar a favor, porque quiere dejarle sus argumentos, sabe que no puede hacer vincular su suerte a su voto. "No podemos confiar" en su respaldo, constató. Dicho de otra manera: que el Gabinete tiene que cerciorarse por completo de que lo que recoja el articulado puede ser aceptado por Junts. Los siete votos de los posconvergentes son decisivos.

Las pretensiones de La Moncloa casan con las que expresó gráficamente el miércoles, en el pleno de control en el Congreso, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero. La dirigente instó a Sánchez a aparcar las propuestas "más extremas o ideológicas". "No se la juegue esta vez", le dijo, "hay muchas familias, autónomos, trabajadores, sectores claves, como el industrial, el sector primario o el de transporte, que está esperando. Negocie y acuerde para salvar esta mayoría negativa, y hágalo para proteger a la ciudadanía". Es decir, que no incluya medidas de vivienda que puedan espantar a Junts.

Los socialisstas alegan que el alza de los combustibles aún no se ha trasladado a la inflación general y por tanto no hace falta precipitarse para actuar en vivienda. Hay que ser "proporcional"

A ese argumento el ala socialista del Ejecutivo suma otros. Primero, que la guerra se está notando por ahora en los carburantes y fertilizantes y todavía no se ha trasladado a la inflación general, aunque llegará, y que por tanto hay tiempo para actuar en vivienda si es necesario. Si hay algo que repite Cuerpo es que este primer paquete gozará de la "flexibilidad" suficiente como para ir ampliándolo en las siguientes tandas, en función de cómo evolucione el conflicto. También el ministro recalca que hay que ser "proporcionales" en la respuesta: no ir más allá del shock que se está observando ahora mismo. El Gobierno no descarta tener que actuar sobre la vivienda en futuros decretos. Pide paciencia.

Para nosotras, incluir la prórroga de los contratos de alquiler en este escudo social no es opcional: es imprescindible. Debemos proteger a más de 600.000 personas cuyos contratos vencen este año. 📺 @ernesturtasun.bsky.social

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— Sumar (@movimientosumar.es) 19 de marzo de 2026, 9:47

Dos, el PSOE aduce que hay que responder con tiento, con una menor potencia de fuego que la que se empleó en 2022 cuando Rusia invadió Ucrania y desencadenó una monstruosa ola inflacionaria porque la Comisión Europea no ha activado la cláusula de escape, por lo que los Veintisiete tienen que cumplir con las reglas fiscales. Obviamente, si la guerra se alarga, pronosticó Montero, puede que el Ejecutivo comunitario "cambie de posición".

El ala socialista del Ejecutivo rechaza la prórroga automática de los alquileres que Sumar le lleva reclamando desde hace meses, porque entiende que es contraria a la Constitución

Y tres, los socialistas rechazan de plano la prórroga automática de los contratos de alquiler que le lleva pidiendo Sumar hace meses, mucho antes del estallido imprevisto de los ataques de EEUU e Israel: entienden que esa medida es inconstitucional. La formación de Yolanda Díaz replica señalando que ya estuvo en vigor precisamente cuando Moscú agredió Ucrania, y que esa herramienta no solo es conforme a la Carta Magna sino que ahora el contexto, tan excepcional, justifica su aplicación.

Este Gobierno tiene una deuda con los inquilinos e inquilinas y es momento de saldarla.

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— Pablo Bustinduy (@pbustinduy.bsky.social) 19 de marzo de 2026, 11:01

Este jueves, Sumar siguió presionando. El portavoz del partido y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, apuntaba en La hora de La 1 de TVE que su formación trabaja como "martillo pilón" para convencer a los socialistas de la necesidad de incorporar medidas de vivienda en el decreto ley. El miércoles estuvieron reunidos con sus socios, hay cuestiones en las que coinciden, como en la necesidad de apoyo al transporte profesional, pero el "escollo" por resolver es que "el PSOE, por el momento, no quiere incorporar las medidas de prórroga automática de los alquileres" que, para Sumar, son "absolutamente imprescindibles". Y lo son porque el mercado inmobiliario está "muy tensionado" y puede verse todavía más afectado si escala la inflación. Así que la salida que su partido continúa poniendo sobre la mesa es la extensión de los 600.000 contratos que vencen este año y que conciernen a 1,6 millones de personas.

Para el socio minoritario de la coalición, la congelación de los contratos de arrendamiento es "imprescindible" porque el mercado está "muy tensionado": el problema es también "coyuntural"

El PSOE, apuntaló por su parte el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, "tiene una deuda con los inquilinos e inquilinas y es momento de saldarla". "España tiene un problema estructural" con la vivienda, pero ahora también es "coyuntural" por la guerra, y hay que resolverlo, presionó el dirigente en un vídeo colgado en Bluesky. Bustinduy recordaba cómo cuando estalló la guerra de Ucrania, el Gobierno incluyó, en el sexto paquete de medidas, en diciembre de 2022, la prórroga de seis meses para los contratos de alquiler que expirasen antes del 30 de junio de 2023.

El probable 'no' del PP

Aquel mismo decreto ley también extendió el tope del 2% de la actualización anual de los contratos de arrendamiento hasta el 31 de diciembre de 2023. El Congreso lo convalidó, aunque aquella composición del hemiciclo era más favorable al Ejecutivo de coalición, dado que había una mayoría de izquierdas que, tras las generales de julio de 2023 no se reprodujo. Ahora, todo pasa por Junts si el PP no se suma. Y Alberto Núñez Feijóo ya adelantó a Sánchez este miércoles en la Cámara baja que rechazaría cualquier decreto ómnibus que no copiara las propuestas que le hacía su partido. "Ustedes ya están poniéndose la venda antes de la herida —le reprochó el líder socialista desde su escaño—. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del real decreto ley para proteger a la gente, como hicieron durante la pandemia, como han hecho durante la guerra comercial, como han hecho durante todas las crisis que ha tenido que gestionar este Gobierno. Usted no aclara si apoya o no la guerra de Trump y de Israel en Irán".

Los Presupuestos quedan postergados: no serán enviados al Congreso antes del fin de marzo, como había prometido el Gobierno. Ahora se da "unas semanas" más de plazo para atender la emergencia de la respuesta al conflicto en Oriente Próximo

El Gobierno no tendrá mucho margen una vez que este viernes el presidente dé a conocer la letra pequeña del paquete de respuesta. Para empezar, porque se trata de un decreto ley que el Congreso acepta o rechaza en su totalidad —aunque luego se tramite como proyecto para introducir enmiendas de los grupos, en la práctica queda aparcado porque lo que está en vigor es el texto del decreto, que es lo que interesa al Ejecutivo—. Y también porque en menos de una semana la Cámara baja tendrá que pronunciarse. No se agota el plazo constitucional de un mes. La Moncloa no quiere interinidades ni añadir más incertidumbre. De ahí que su prioridad sea garantizar que el decreto sale adelante. Aunque tenga que sacrificar las medidas de vivienda que le pide la izquierda. Sabe que aunque disguste a Sumar, a Bildu, a ERC o a BNG, estos acabarán votando a favor por la emergencia de atender a los más afectados por esta crisis. El riesgo mayor está en Junts. Así que, como le recomienda el PNV, entiende que no es momento de jugársela. Esta vez no.

¿Y los Presupuestos? El deadline que el propio Ejecutivo se había marcado, primer trimestre de marzo, se cumplirá sin que hayan sido aprobados por el Consejo de Ministros. Como reconocieron abiertamente Montero y Sánchez este jueves, se retrasan "unas semanas", porque "lo urgente" es responder a una crisis política "más profunda" que las anteriores. Un conflicto en Irán que no para de escalar ni del que se atisba el fin, al que el Gobierno se opone firmemente, y que puede desencadenar unas consecuencias todavía ignotas. Es el primer decreto del No a la guerra, y para Sánchez es la absoluta prioridad. Nada puede hacer que fracase. Es lo que pretende.