El PP planta a Sumar en la ronda de consultas sobre la prórroga de alquileres y reitera su rechazo al decreto

El PP de Alberto Núñez Feijóo no asistirá a la ronda de consultas anunciada este lunes por Sumar para abordar con sus socios, los populares y Junts la necesidad de sacar adelante el decreto de vivienda aprobado a finales de marzo en Consejo de Ministros extraordinario a la par que el nuevo escudo social, ya convalidado. El 21 de abril termina el plazo de un mes para que el pleno del Congreso lo apruebe y permita que siga vigente. La negativa de los populares a sentarse reafirma la dificultad del socio minoritario del Ejecutivo para conseguir prolongar las medidas. Junts también está ubicado en el 'no', aunque aún no han traslado si acudirán a la cita.

Sumar este lunes añadía al PP en una ronda de consultas dedicada principalmente a sus socios de legislatura. Aunque lo hacía sin el respaldo del PSOE que se mantiene alejado en las actuaciones respecto a vivienda y de este decreto, para evitar que el desgaste les pase factura próximamente. Fuentes del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, donde Sumar pretendía desarrollar las conversaciones, aseguran que "los ciudadanos no tienen que pagar la incompetencia de este Gobierno en materia de vivienda".

Desde el grupo popular se traslada que "en las últimas horas el Grupo Parlamentario de Sumar se ha puesto en contacto con la portavoz Ester Muñoz para solicitar una reunión en la que se abordase la convalidación" de ese decreto ley. La respuesta ha sido clara por parte de Muñoz: "No acudiremos al encuentro porque nuestra postura es de sobra conocida, está anunciada públicamente y ese 'escudo social' lo tiene que pagar el Gobierno, no los ciudadanos". La interlocutora elegida por parte de Sumar es su portavoz, Verónica Martínez Barbero.

El PP insta a "cambiar la política en materia de vivienda si es un desastre", pero no quiere que se obligue a que "la gente les ayude a taparlo". "La solución no pasa por intervenir más el mercado, sino por construir más casas y dar seguridad jurídica a propietarios e inquilinos. La crisis de la vivienda no es un problema coyuntural, sino estructural, y este decreto ley no ofrece soluciones realistas", dicen esas fuentes populares.

El PP recalca que "muchas de las medidas del PP tienen apoyo constatado de la mayoría parlamentaria y este Gobierno lleva 8 años en Moncloa y han demostrado que son el problema, no la solución".

Para Junts, este tipo de medidas de vivienda, caso de la prórroga obligada de alquileres o la prohibición de los desahucios ya ha pasado factura en lugares como Cataluña, por la Ley de Vivienda. "Han destrozado el mercado de alquiler", trasladó la portavoz parlamentaria posconvergentes, Míriam Nogueras, quien denunció la caída de la oferta y que los precios se han disparado. Creen que el decreto castiga a los pequeños propietarios y está "mal hecho".

Un decreto peleado con el PSOE

El decreto se aprobó tras un enfrentamiento tenso en Moncloa donde solo se contemplaba sacar adelante el escudo social para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán, el 20 de marzo, pero el amago de los ministros de Sumar a ausentarse del encuentro llevó a ese segundo texto. Sumar ha dado cuenta de que afronta este trámite en solitario, sin apoyo de los socialistas. "Compartimos el diagnóstico, pero no la salida", apreció en una entrevista en TVE este martes la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández.

Los magentas plantearon ayer un escenario dicotómico para el PP. "No hay grises, o se está con los inquilinos o con los especuladores". Así se refirieron desde el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como la de Sanidad, Mónica García en una rueda de prensa conjunta de los socios de Sumar, en plena refundación.

Fuentes del espacio trasladaban ya desde el minuto uno que no confiaban con esa asistencia del PP. Enmarcan la convocatoria a una estrategia de presión al partido para que el electorado "sepa quien está de su lado en materia de vivienda y quién no". Están programados una serie de actos para los próximos días y en Sumar se ofrecen a facilitar información a los afectados -una gran parte en Andalucía- para que pidan el trámite antes de la caída del decreto. Hasta 600.000 hogares pueden beneficiarse de una prórroga de su contrato a punto de vencer hasta 2027 con las mismas condiciones.