La Puerta del Sol se ha convertido este fin de semana en el escenario de un aviso cada vez menos simbólico y más explícito. Policías nacionales, guardias civiles, militares, funcionarios de prisiones y vigilancia aduanera han vuelto a salir a la calle en Madrid para reclamar lo que consideran una deuda estructural del Estado con ellos, siendo esta la equiparación salarial, el reconocimiento de la profesión de riesgo y una jubilación digna. Pero lo que en otros tiempos fue un discurso estrictamente reivindicativo ha ido endureciéndose hasta rozar un lenguaje de confrontación directa con el Gobierno.

“Nos hemos visto obligados a salir a la calle una vez más”, resumía uno de los portavoces policiales al inicio de la concentración. La sensación compartida entre los asistentes es que el conflicto lleva años enquistado. “No buscamos privilegios, sino reconocimiento de derechos”, insistían desde Jusapol, que ha vuelto a reivindicar el origen de unas movilizaciones que, recuerdan, se remontan a hace más de tres décadas.

Un mensaje común

El mensaje de fondo se repite en cada intervención: una equiparación salarial que nunca llega a completarse, una jubilación que consideran penalizada respecto a otros cuerpos policiales autonómicos y locales, y un reconocimiento de la profesión de riesgo que sigue sin materializarse pese a sentencias judiciales favorables.

“Queremos que se nos reconozca el derecho a una jubilación digna y que se nos reconozca como profesión de riesgo”, reclamaba el presidente de Jusapol, Miguel Gómez. Según denunciaba, los avances de los últimos años han sido insuficientes, “se ha conseguido una subida salarial que está lejos de ser la propia equiparación”.

El discurso más duro ha llegado, sin embargo, desde Jupol. Su portavoz, Aarón Rivero, ha elevado el tono político de la protesta. “Este Gobierno no ha tenido la decencia de dignificar la labor de sus policías y guardias civiles en ocho años”, ha denunciado ante los asistentes, antes de lanzar una advertencia al Gobierno que ha marcado el pulso de la jornada: “Si quieren guerra, la van a tener”.

Una sentencia histórica

El mensaje, pronunciado en mitad de la concentración, ha sido recibido con aplausos por parte de los manifestantes, en un ambiente cada vez más tenso y cargado de frustración acumulada. Rivero ha insistido en que la situación actual no es ya solo laboral, sino institucional. “Nos hemos visto obligados a acudir al Tribunal Supremo para conseguir una sentencia histórica que reconozca la profesión de riesgo”.

Esa sentencia, recuerdan las organizaciones convocantes, debería haber impulsado un desarrollo normativo que todavía no se ha materializado. “El proyecto de real decreto está ahí, pero puede quedarse toda la legislatura sin aplicarse”, advertían durante la protesta, entre críticas directas al Ministerio del Interior y a Marlaska.

La sensación de bloqueo institucional se repite entre los distintos cuerpos. Desde la Guardia Civil, la representante de la asociación profesional Jucil ha denunciado lo que considera un “limbo institucional”. “Nos encontramos con que Interior no quiere reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo por nuestro carácter militar, pero Defensa tampoco nos incluye plenamente en sus derechos”, han explicado.

La Guardia Civil y los militares

La dirigente ha ido más allá al describir la situación como una contradicción estructural del sistema. “Somos militares para derechos y obligaciones, pero civiles invisibles para el resto de derechos”. También ha puesto el foco en las desigualdades en la jubilación entre cuerpos. “Un mosso d’esquadra puede retirarse con más de 250.000 euros, mientras que un guardia civil no tiene las mismas condiciones”.

En paralelo, desde las Fuerzas Armadas, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha participado en la protesta para trasladar un mensaje de apoyo, pero también de denuncia propia. Su presidente, Marco Antonio Gómez, ha sido especialmente duro con el papel del Estado hacia los militares.

“Es humillante que Defensa no reconozca nuestra profesión como de riesgo”, ha señalado, subrayando que los militares comparten con policías y guardias civiles una misma realidad de riesgo operativo. “Somos las tres profesiones con más muertos en España”, ha afirmado.

El malestar se extiende también a los cuerpos penitenciarios y de vigilancia aduanera. Desde el ámbito de prisiones, su portavoz ha insistido en la necesidad de una jubilación anticipada y una mejora de las condiciones económicas al final de la carrera profesional. “No podemos perder entre 300 y 500 euros mensuales tras una vida de servicio público esencial”, ha explicado.

Una radiografía del malestar

La protesta ha funcionado, en la práctica, como una radiografía del malestar acumulado en distintos sectores de la seguridad del Estado. Más allá de las diferencias entre cuerpos, el mensaje se repite con insistencia.

“En España no hay policías de primera y policías de segunda”, resumía uno de los portavoces en el tramo final de la concentración. Una frase que sintetiza el espíritu de una protesta que, lejos de rebajar el tono, ha dejado una advertencia final dirigida directamente al Ejecutivo."Vamos a seguir en la calle reclamando lo que nos pertenece por justicia”, insistían los convocantes.