Marlaska blinda a los funcionarios de prisiones mientras policías y guardias civiles siguen sin profesión de riesgo

El reconocimiento como agentes de la autoridad para el personal penitenciario reabre el malestar en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que llevan años reclamando protección jurídica reforzada y el reconocimiento efectivo de profesión de riesgo

El Ministerio del Interior ha dado un paso histórico para los trabajadores penitenciarios al impulsar el reconocimiento de funcionarios y personal de prisiones como agentes de la autoridad, una reivindicación que el colectivo llevaba años reclamando y que previsiblemente quedará aprobada definitivamente en el Congreso durante el próximo mes de junio.

La medida, respaldada en la Comisión de Interior por PSOE y PP junto a PNV, Vox y Sumar, se ha celebrado por los sindicatos de Prisiones como un “avance histórico” que reforzará la seguridad jurídica de quienes trabajan en los centros penitenciarios.

Profesión de riesgo

Sin embargo, el movimiento ha reabierto el malestar dentro de Policía Nacional y Guardia Civil, donde asociaciones y sindicatos llevan años denunciando que continúan sin el reconocimiento efectivo de profesión de riesgo y sin determinadas coberturas jurídicas y económicas que consideran imprescindibles ante el aumento de la violencia contra agentes.

La futura ley otorgará al personal penitenciario la consideración plena de agentes de la autoridad durante el ejercicio de sus funciones, reforzará el principio de veracidad de sus testimonios y establecerá mecanismos de indemnidad jurídica ante agresiones o daños sufridos en acto de servicio.

“Este acuerdo hubiera sido imposible sin el apoyo de los dos grandes partidos”, señalaron ACAIP-UGT y CSIF en un comunicado conjunto, en el que destacaron además la necesidad de “aparcar la confrontación política” en cuestiones relacionadas con la seguridad.

La aprobación llega en un contexto especialmente sensible para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, marcado por el incremento de la presión del narcotráfico en Andalucía, las agresiones a agentes y el impacto que dejaron los asesinatos de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate.

Campo de Gibraltar

Precisamente esta semana, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) trasladó al Partido Popular un dosier técnico reclamando el reconocimiento efectivo del Campo de Gibraltar y del litoral andaluz como Zona de Especial Singularidad, advirtiendo de que las organizaciones criminales asentadas en el sur de España han alcanzado “un elevado nivel de capacidad logística, económica y operativa”.

El informe reclama incentivos estables para las plantillas, refuerzo urgente de unidades operativas, protección jurídica reforzada para los agentes y el reconocimiento efectivo de la profesión de riesgo, una demanda histórica de Policía Nacional y Guardia Civil que continúa sin materializarse pese a los compromisos políticos de los últimos años.

“Muchos agentes trabajan bajo una presión criminal constante y con una sensación creciente de falta de respaldo estructural por parte del Estado”, advierten en el documento entregado en Génova.

Zonas tensionadas por el narco

Fuentes policiales consultadas por El Independiente reconocen que el avance legislativo para funcionarios de prisiones ha generado “cierta frustración” entre agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. “Nadie discute que prisiones merezca esa protección, pero vuelve a aparecer la sensación de que las FCSE siguen esperando reformas que se prometen desde hace años”, explican.

Las asociaciones profesionales recuerdan que la profesión de riesgo continúa sin desarrollarse plenamente pese al aumento de agresiones y a la exposición creciente de muchos agentes destinados en zonas especialmente tensionadas por el narcotráfico.

“La situación en el Campo de Gibraltar ya no puede tratarse como algo puntual”, explica un mando policial destinado en Andalucía. “Hay organizaciones criminales con enorme capacidad económica y logística, y las plantillas llevan tiempo reclamando medidas estructurales y no solo respuestas temporales”.

En ese contexto, el reconocimiento de autoridad para el personal penitenciario ha sido interpretado por parte de sindicatos policiales como un síntoma del endurecimiento progresivo del discurso de Interior en materia de seguridad, aunque consideran que ese cambio sigue siendo insuficiente para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El propio SUP advirtió esta semana de que “si el Estado no protege adecuadamente a quienes sostienen diariamente la ley y el orden, termina debilitándose el propio Estado de Derecho”.

Un acercamiento entre PP y PSOE

La presión del narcotráfico, el incremento de la violencia y el deterioro de determinadas zonas del sur han comenzado además a acercar posiciones entre PSOE y PP en cuestiones ligadas a la seguridad, algo poco habitual en una legislatura marcada por la polarización política.

Sin embargo, dentro de Policía Nacional y Guardia Civil persiste la sensación de que algunas de sus principales reivindicaciones siguen pendientes. Entre ellas, el reconocimiento efectivo de profesión de riesgo, mejoras retributivas vinculadas a destinos especialmente conflictivos y un refuerzo jurídico específico frente a las agresiones sufridas durante el servicio.