Después de que el jueves pasado, superadas las ocho de la tarde, PP y Vox anunciaran un acuerdo programático para un gobierno de coalición en Extremadura, el fin de semana ha traído matices. Frente a la posición victoriosa de los de Santiago Abascal, que se apuntan un tanto al condicionar con notoriedad a su socio mayoritario, y la alerta por la posibilidad de incurrir en una ilegalidad hecha por el Gobierno central, frente a la Ley de Extranjería, los populares han marcado perfil propio.
Han rebajado la profundidad y la 'discriminación' del acuerdo extremeño sin rechazarlo, mientras que voces de peso como la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, calificó de "ilegal" y de no ajustarse "al derecho" el asunto. "Yo creo en la ley. No se puede dejar al margen a nadie que ha contribuido al sistema", indicó para la sorpresa de todos. Incluso dentro de Vox. Por otro lado, con la precampaña en marcha en Andalucía, el presidente en funciones, Juanma Moreno, sin apelar concretamente a la cuestión, sí aseguró que los andaluces no se pueden "permitir lo que nuestros hermanos extremeños". Todo frente a Feijóo, que intervino con él este domingo en el cierre de la interparlamentaria del partido en la región. A diferencia de ambos criterios, Génova, al menos públicamente, defiende lo firmado con Vox.
Este lunes, en comparecencia de prensa desde la sede nacional, el secretario general del PP, Miguel Tellado aseguró que ese eje del pacto no lleva a la discriminación de extranjeros. "No hay un criterio eliminatorio, es una cuestión más a la hora de conceder ayudas" y "es razonable que la vinculación con el territorio, el arraigo real, tenga peso" a la hora de obtenerlas, trasladó el segundo de Feijóo. Incluso rechazó que Cáritas vaya a verse afectada por la retirada de ayudas sociales, dado que entre sus funciones está la atención de inmigrantes y colectivos desfavorecidos. Mientras Tellado lo garantiza y Moreno Bonilla aplaude la labor de la entidad, Vox es firme. A través de su portavoz nacional de Economía, José María Figaredo, se ha expresado: "No se seguirá subvencionando a las ONG que acogen inmigrantes, tampoco a las de la Iglesia".
Los matices no gustan a Vox, en cambio, que reafirma que lo que está fijado en el texto extremeño es que los servicios públicos se destinen primero a todos los extremeños, y, por lo tanto, prime el desequilibrio ante el estudio de los casos para la asignación. Así lo defendió el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, este lunes desde Bambú: "Los españoles primero". Se prioriza sobre el nivel, incluso de necesidad.
Mientras Génova se escuda en las apreciaciones del documento firmado, que hace hincapié en la actuación de acuerdo a la legalidad, y Bambú advierte de que habrá modificaciones legislativas si suma "la alternativa" tras unas próximas generales, los de Abascal aprovechan la actividad parlamentaria de esta semana en el Congreso de los Diputados. Han incluido para este martes el debate de una moción consecuente de interpelación urgente dirigida al Gobierno pero que pone la lupa sobre el grupo de Feijóo. Difícilmente podrá votarse durante el pleno, tras la exposición y las intervenciones del resto de formaciones, y es probable que haya que esperar hasta el término de la sesión plenaria del miércoles.
La moción presentada por Vox habla de 'remigración'
De hecho, frente a esos matices del PP, Vox vincula en la moción presentada en el Parlamento la prioridad nacional a "la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles". También para el "acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda", tanto para conseguir vivienda social como bonificaciones fiscales, entre otras ventajas. En la moción, además, se habla de "repatriar a todos los inmigrantes ilegales" del país y de proceder a la "remigración de todos aquellos extranjeros que por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles".
La moción permite a Vox seguir confrontando con el PP nacional mientras llega a pactos con los barones territoriales. Algo clave de cara a la campaña andaluza. Principalmente porque añade conceptos detallados en los que hay distancia con los populares. Ni si quiera se han incluido en Extremadura. Al hablar de 'remigración' se alude a todo componente étnico-cultural que no se adecúa al canon teóricamente establecido, es decir, lo que se interpreta como nacional. Se va más allá de lo "ilegal" y se exige la expulsión de quien "no contribuya". Se da pie a aquellos inmigrantes legales que no trabajen, o a aquellos descendientes de segunda o tercera generación, que de por sí tienen nacionalidad española. Aunque esto no lo detalla Vox, es importante conocer la diferencia entre "repatriar" y "remigrar", que va más allá del estatus de acceso al país.
Hay cuestiones como la referencia a esa prioridad nacional a la percepción de prestaciones públicas y pensiones, que plantean un horizonte complicado de aplicación para el PP. Aunque luego se matiza, con referencias a las pensiones "no contributivas".
Vox busca que Feijóo refrende el compromiso de sustitución de la actual legislación en inmigración, que permitiría más margen de actuación en las comunidades a partir de 2027
Son las excepciones a un texto que incluye puntualizaciones, como la prestación de servicios sanitarios si hay riesgo "vital". También se recoge la aprobación de una "norma reglamentaria que deje sin efecto las modificaciones del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero". Es decir, la Ley de Extranjería. Es un punto incluido en el pacto de la semana pasada, por lo que una negativa del PP nacional abriría la puerta a que Vox cargue contra Feijóo bajo un prisma electoral de incumplimiento de acuerdos. Fúster, ayer, dio a entender que si hay gobierno PP-Vox en Moncloa en la próxima legislatura, tendrá que darse un paso reformador en ese sentido. Aunque se advierte que hay muchos mecanismos para poder ir trabajando esa priorización nacional con los medios autonómicos disponibles. Además de la ley, la Constitución preserva el principio de igualdad de los inmigrantes respecto a los españoles.
También se pone en el foco, y contra el Gobierno, el real decreto ley de regularización extraordinaria de extranjeros aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de abril. Pero de rechazarlo el PP, permitiría a Vox cuestionarlo. Sobre todo, después de que durante la toma en consideración de 2024, de la ILP para la regularización, el PP optó por apoyarlo para el debate específico en comisión. Luego incluyó cambios, y endureció su posición hasta un rechazo férreo a la medida en las actuales condiciones.
Ahora, tras la firma del acuerdo extremeño desde el Gobierno se insta al PP a explicar su posición de 'prioridad nacional'. Este lunes el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, lo solicitó y afeó que el PP se "pliegue" a las exigencias de Abascal.
Génova, en un brete con Vox y sus dos principales barones
La moción, sin efectos legislativos, y únicamente como directrices al Gobierno, puede en todo caso votarse por puntos si alguno de los grupos, en este caso el PP, lo solicita. Todo dependerá de Presidencia si desea admitirlo, y al PSOE una votación única le interesa electoralmente: que el PP coincida en un pack con Vox da combustible a Ferraz, cuando el partido se enarbola como freno de la ultraderecha. Que no lo haga, abre la veda para Vox.
De permitirse el voto por puntos, el PP puede priorizar aquellos ya firmados en Extremadura para salvaguardar su posición sin abrir nuevas confrontaciones con Bambú. También hay opción a la presentación de enmiendas que retoquen el texto.
Sin embargo, estará ahondando en las distancias con Ayuso o Moreno Bonilla en esta cuestión. Con la primera, el distanciamiento de la posición respaldada por Génova ha permitido a Vox abrir una senda de confrontación en la comunidad que busca señalar incongruencias. Hay interés en desgastarla lo máximo posible en lo que resta de año antes de las autonómicas para conseguir que pierda la absoluta y vuelva a depender de los votos de Vox.
Incluso su competidora, Isabel Pérez Moñino, de Vox, le anima a que denuncia al PP si considera que está cometiendo una ilegalidad. Le advierte que le reclamarán lo mismo de ser esenciales para el próximo gobierno de la Comunidad. Desde Vox se interpreta el rechazo de Ayuso por la dependencia, dicen, del voto extranjero para esa mayoría que ostenta. Se denuncia la promoción de la inmigración masiva que, a juicio del partido, está haciendo el PP madrileño, con más de 7 millones de personas en una ciudad pensada para 5.
En el marco andaluz, Vox asegura lo mismo: "Si lo aceptan habrá pacto en 24 horas". Así se posicionó Fúster, que dio a entender que de necesitar el PP apoyo en Andalucía, deberá firmar ese criterio. El debate migratorio, en todas sus aristas, tanto por este asunto como por la regularización nacional está entrando en la precampaña y complica el horizonte electoral de Moreno Bonilla. Le dificulta huir de los asuntos territoriales, da fuelle a PSOE y Vox, que abogan por un marco nacional con María Jesús Montero y Abascal como principales cabezas del partido in situ, y aleja al PP andaluz de esa idea de moderación, de 'vía andaluza' que reivindica el presidente en funciones.
La prioridad nacional, clave en Aragón
El debate no es menor teniendo en cuenta que este requisito también se está exigiendo al PP aragonés de Jorge Azcón. Según fuentes de Vox, el acuerdo está prácticamente cerrado y solo quedaría que el PP diera su aval definitivo a lo planteado por los ultraconservadores en las últimas semanas de diálogo. No se descarta alguna reunión esta semana y, teniendo en cuenta que la primera sesión de investidura es este martes, con la correspondiente votación mañana, se apunta a la posibilidad de que o bien el miércoles por la noche o bien el jueves, coincidiendo con el Día de Aragón, San Jorge, se de ese paso y se comunique el acuerdo.
Aunque no se adelanta nada de la negociación como ocurrió en Extremadura, se deja caer que la inmigración volverá a ser troncal y que, además, se exigirá mayor representación en el nuevo Gobierno, de acuerdo a la proporcionalidad del voto, superior a Extremadura y con menor diferencia que respecto al PP. No se descarta una tres consejerías, una para Alejandro Nolasco con rango de vicepresidencia, con Agricultura como esencial.
En Vox determinan que las sucesivas intervenciones del PP alejándose de lo firmado "no ayudan" para las próximas negociaciones. Castilla y León se aborda sin prisa, dado que no tiene que cerrarse con el 4 de mayo como tope como ocurre en Zaragoza. Desde el partido de Abascal son claros. Tanto él y sus socios defienden esa prioridad de los nacionales, y las relaciones con la derecha clásica no se entenderán si ello no está en el centro de cualquier diálogo.
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