Los primeros pactos de gobierno con el PP, primero en Castilla y León en 2022 y luego de forma más general tras el ciclo autonómico de 2023, dieron pie a asuntos espinosos para los populares de Alberto Núñez Feijóo, recién aterrizado en Génova como presidente. A principios de enero de ese último año, Vox empujaba a Alfonso Fernández Mañueco a incorporar cuestiones como el latido fetal de forma previa para aquellos que querían interrumpir un embarazo por la sanidad pública. El debate sobre el aborto y sus garantías salpicó al ámbito nacional. Aún sigue presente, ahora sobre una nueva página, ante la reforma constitucional que busca el Gobierno de Pedro Sánchez para blindarlo como derecho en la Constitución.
Por otro lado, los pactos con los populares en la anterior etapa pusieron en el foco a organizaciones dedicadas a la mujer, en cuanto a percepción de ayudas públicas, la violencia de género, incluyendo el término 'violencia intrafamiliar', que generó notables disputas. Incluso tensionó la negociación anterior con María Guardiola, comprometida con la igualdad de la mujer, los derechos LGTBI y de la diversidad familiar. En todo caso, la extremeña arrancó un pacto que especificaba el rechazo a "los discursos machistas" y la "violencia contra la mujer". Contrastó con el pactado, sí en esos términos, en la Comunidad Valenciana semanas antes.
Ahora la inmigración ha copado las principales exigencias de Vox. Se le dedican apartados concretos en los pactos de Extremadura, firmado el 16 de abril, y el del pasado miércoles en Aragón. Pero algunas se tienen en cuenta para cuestiones de seguridad, ligadas a los centros de acogida a menores extranjeros no acompañados y a irregulares en general, o para la discriminación en el acceso a ayudas sociales para la vivienda mientras el PP contrapone el concepto de "arraigo". Es lo firmado, el literal, pero la interpretación pública de Vox es la diferenciación nativista, racial y de procedencia. Hasta el punto de que genera controversia dentro de la organización.
Se aboga por el "primero los españoles" de forma general. Incluso el portavoz de Vox Barcelona, Joan Garriga, afirmó que "un español es el que tiene un padre y madre españoles", lo que Ignacio Garriga, secretario general de la formación y de padre español de ascendencia belga y madre guineana, rechazó este viernes. "Es un error, en los términos de la legislación española, un español es quien tiene la nacionalidad, el DNI. Es un debate que tendremos que abrir, porque durante mucho tiempo se ha regalado la nacionalidad", matizó.
En cambio, asuntos como el aborto o las menciones a esa violencia intrafamiliar y distinción del género, o a la diferenciación del concepto familia, que gestionará Vox totalmente, no se recogen en el documento pese a ponerse de manifiesto en el anterior ciclo al menos ya desde dentro de los ejecutivos, en el día a día y pese a conseguir Vox gestionar la cartera de Familia de forma íntegra. Algo que choca al determinarse que al haber "el doble de Vox", se iría más allá. La omisión de ello permite al PP negarse, sí así lo desea, a cualquier propuesta del ramo de haberla próximamente y Vox no podrá asegurar que se incumple el acuerdo de Gobierno.
En el programa electoral de Aragón, en sus puntos 44-47, y de forma más escueta en el 69-70 en el de Extremadura, sí recoge estos asuntos. "Estableceremos medidas sociales que revaloricen la importancia de la familia y el matrimonio, la natalidad y la maternidad y la paternidad, con el fin de impulsar un renacimiento demográfico en Aragón. Defenderemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Priorizaremos en todas las políticas la vida, y la familia como institución natural". Se propone destinar los recursos al "servicio de la cultura de la muerte" en "defensa de la vida". Y se "garantiza a la mujer embarazada información, acompañamiento, asesoramiento y apoyo suficiente, con medidas positivas de ayudas y asistencia, especialmente en favor de las madres gestantes en situación de vulnerabilidad o desempleo y una protección adecuada a la vida del no nacido".
La derogación de la Ley LGTBI autonómica en Extremadura era una exigencia clave para Vox antes de que Guardiola fuese a elecciones, y tras los comicios. No se contempla en el acuerdo
En el pacto simplemente se recoge cuestiones de natalidad o de ayudas fiscales a las familias o gratuidad en la educación de 0 a 3 años. Apenas se profundiza en los ejes que guiarán a esa cartera de Vox, ni siquiera hay una mención al fomento del embarazo o al apoyo de la maternidad, algo que sí incluye el PP en su programa electoral en cuanto a su enfoque de garantías médicas, de acompañamiento y en relación al trabajo. Solo se habla de un escueto "apoyo a la conciliación".
Entre las justificaciones que dan fuentes nacionales de Vox al ser preguntados por si están conformes con el acuerdo, acreditan que siempre se aspira al máximo pero hay que ceder. Sí radican en que esto es un "buen acuerdo" con el PP. En Extremadura, en todo caso, el programa de Vox cargaba contra la "Estrategia para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas LGTBI y sus Familiares" propuesta por el PP. Que "en la práctica supone dar entrada a asociaciones ideológicas a los colegios e institutos para impartir charlas, talleres y actividades sobre identidad sexual y afectiva".
Junto al de Aragón se indica que "las escuelas no deben ser escenarios de propaganda ni de imposición ideológica", aseguran, a la par que arremeten contra las entidades que apuestan por "el borrado de la mujer" y "leyes feministas" o contra quienes excarcelan "violadores" o "importan islamismo" mientras "se declaran defensores de los homosexuales". No hay ninguna mención al Pin parental tras la polémica de hace dos años, pese a haber arrancado al PP en Murcia ese asunto con un 17% del voto entre 2023 y 2024. Al contrario, la incorporación de carteras como Agricultura o Medio Ambiente sí que trazan ejes de acuerdo con el PP que incorporan o planteamientos de Vox, o zonas comunes e intermedias entre ambas formaciones.
En lugares como Extremadura, la derogación de la ley regional LGTBI fue una de las 200 medidas incluidas por Vox para aprobar los presupuestos de 2026 de Guardiola, cuya negativa forzó las elecciones y ahora no entra entre lo acordado, blindando a la popular en este sentido. Antes de entrar de lleno en las conversaciones extremeñas, Vox la planteaba como crucial, pero en el desencallamiento de las mismas entre marzo y abril, parece haberse omitido. Desde Bambú rechazan mencionar qué se ha propuesto y ha terminado omitiéndose.
Quejas de Hazte Oír de fondo
Mientras que en Vox insisten en relacionarlo con una cuestión de cesiones y de fomentar el entendimiento, entidades muy próximas estos años desde el ámbito de la sociedad civil, como Hazte Oír (HO), denuncian que Abascal se ha alejado de los principios de defensa de la Familia y de la Vida sobre el que se vertebró el partido en sus inicios. Sobre el que se consolidó la amistad entre el presidente de HO, Ignacio Arsuaga, y el líder de Vox, en las marchas contra el aborto entre 2009 y 2010. HO ha sido una plataforma crucial de promoción de Vox, y uno de los elementos clave de sus satélites hasta hace bien poco. También nexo internacional con su rama CitizenGo.
Entre las elecciones extremeñas y la campaña aragonesa, Arsuaga llegó a cuestionar a Vox y a pedir el voto para Alvise Pérez y Se Acabó la Fiesta. Criticó a Vox por no "comprometerse" con medidas provida. Y ahora, al calor de estos pactos, el dirigente de HO se mantiene en sus términos. "Se ha compartido en el PP verde" y "el PP lo ha domesticado", son algunas de las apreciaciones que lanza Arsuaga. En Aragón y en Castilla y León la entidad ha sacado autobuses -una de sus clásicas campañas- para cuestionar la presunta renuncia ideológica en defensa de la vida, y para asegurar que "la inacción de Abascal mata" como el aborto. Tanto en HO como su presidente sintetizan que el partido hace una renuncia general de sus principios -aunque siga incluyendo estas cuestiones en sus programas- para que al público general no les dé recelos votarles.
Además, hay que recordar que en una filtración de audios publicada por The Objective, la diputada al Congreso por Murcia, Lourdes Méndez-Monasterio, ya afeaba tras la campaña de las europeas de 2024 a un interlocutor que el partido había priorizado su agenda migratoria o contra cuestiones como el Pacto Verde europeo pero no incluía "medidas provida". Lo que acarreaba quejas de organizaciones, previsiblemente, entre ellas HO.
Una estrategia 'lepenizada'
Desde las elecciones vascas de 2024, la apuesta por la inmigración lo ha vertebrado todo en la estrategia política de Vox. El asunto ya era relevante desde antes, pero la pérdida de representación en las generales de julio de 2023 obligaba a los de Abascal a replantear el modelo de discurso para competir con el PP y tener banderas propias con las que Génova no pudiese confrontar al mismo rango. Se ha visto estos días: una vez consigues que el PP se suscriba al concepto de 'prioridad nacional' por primera vez, con sus múltiples matizaciones, Vox se permite ir un paso más allá, para tensionar más al PP a sabiendas de que no puede dar el paso y acogerse por igual a las repatriaciones masivas o la remigración.
Las catalanas de 2024 permitieron a Vox reforzarse. La salida de los gobiernos autonómicos por un reparto de menores migrantes pendiente al que accedió Feijóo brindaron al partido seguir rivalizando con la inmigración mientras que en añadido Gobierno y PP negociaban un pacto migratorio con la peor crisis de llegadas de cayucos en Canarias en 2006. Durante 2025 esa capacidad de confrontar en inmigración ha dado a Vox alas en los sondeos, incluso pese a baches como la guerra arancelaria de Donald Trump, del que empiezan a tomar cierto distanciamiento tras sus ataques a Meloni y por la guerra en Irán. Ha demostrado resultados en dos vertientes: el PP refuerza su programa migratorio de la mano de sus socios europeos, y las elecciones de Extremadura y las últimas de 2026 afianzan a Vox en su techo electoral al son de lo estimado.
Para llegar ahí, la propuesta estratégica de Vox ha ido más allá del eje izquierda-derecha, como ya han superado otros socios internacionales, promoviendo dicotomías más plurales: nacionales-extranjeros o pueblo-élite. Nacionales y pueblo virtuoso, con autoridad preconcedida frente a una élite de poder corrupta, en este caso el bipartidismo, y una inmigración "masiva" que para Vox dinamita la identidad cultural y deteriora el Estado de bienestar.
La capacidad de confrontación con esos ejes en la mano, superando la ideología y concentrando detrás a aquellas personas desfavorecidas -que tras el incremento y la caída del social-populismo de Podemos buscan nuevos refugios- o cabreadas con el sistema, ha otorgado a Vox un nicho extra de votantes más allá del espacio a la derecha del PP, desde un sector muy conservador en lo moral y en lo que respecta a las tradiciones, y uno más pequeño a la extrema derecha que se mueve fuera de los bordes del sistema, en agrupaciones como Falange de las JONS, Democracia Nacional o corrientes neonazis, pero que puntualmente pueden sentirse atraídas por la adopción de elementos como el de 'remigración' por el que apuesta Vox entrando, ocasionalmente, en una ligera contradicción. A veces pasa de mencionar la inmigración "ilegal" o verbalizar "deportaciones masivas" o esas remigraciones que de base aspiran a expulsar a todo lo cultural y étnicamente considerado como 'no español' pese a contar con la nacionalidad. Incluso segundas o terceras generaciones.
Ese voto protesta que ahora recae en Vox se ha orientado para atraer el temor a la pérdida de cuestiones identitarias y patrióticas, pero también en términos materiales, como la sanidad, la educación, el acceso a servicios públicos o prestaciones. Todo, bajo una corriente social-patriótica que despunta internamente y que bebe de ideólogos como Kiko Méndez-Monasterio de fondo, y las figuras más jóvenes de la formación, que han adoptado la lógica de formaciones como la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia, con quien hay distancias ideológicas pese a todo. Le Pen, a finales de la década pasada consiguió un importante respaldo de antiguos votantes de la izquierda, comunistas franceses y obreros, defraudados con el Partido Socialista francés. Cuestiones como la protección de los nacionales en primera instancia, sumado a la defensa de cuestiones 'progresistas' como el aborto, ha ensanchado al antiguo Frente Nacional sus espacios tras un proceso de 'desdemonización' en la que se expulsó a Le Pen padre y se cambiaron las siglas.
Durante la pandemia, con el establecimiento incluso de sindicatos como Solidaridad, de Vox, se quiso abrir el discurso hacia esa izquierda que con Sánchez y Podemos en el Gobierno central se enfrentaría a una crisis social amplia tras superarse el covid. El escudo social desplegado no permitió calar a Vox, que por entonces aún ostentaba un marcado perfil ultraliberal en lo económico y no tan proteccionista. Se empezó a hablar de rebajas en la energía, para el acceso a la vivienda e incluso de rechazo contra las casas de apuestas, que proliferan por los barrios pobres y ha sido objeto de cruzada por parte de partidos como IU.
Abrirse a las mujeres y al voto de izquierdas
Se ha dado en la clave en los últimos meses. Uno de los problemas que arrastra Vox desde sus inicios y su salto nacional es la dificultad de permear entre las votantes mujeres. El voto femenino en Vox, según los sondeos, ronda el 20-30%. Pero cada vez más se adhiere a mujeres jóvenes, a cuentagotas.
La ausencia de referencias constantes a cuestiones como el aborto, pero sí a las limitaciones de las libertades que presuntamente importa la inmigración musulmana potencia ese voto femenino, incluido el más progresista, si permanentemente se le bombardea con cuestiones migratorias, alusiones a la inseguridad y se iguala a PP y PSOE como partidos que lo toleran. Más cuando el bipartidismo apoya la inmigración regular y se sustenta en estudios profesionales o de organismos como la OCDE, entre otros. Mientras se rechaza colectivizar a personas LGTBI, suprimir reconocimiento de derechos al considerar que documentos como la propia Constitución o la Ley ya reconocen la igualdad de los españoles ante la ley, así como se rechaza el matrimonio igualitario, se hacen guiños a la defensa de los valores occidentales, igualmente ligado a la confrontación con la inmigración islámica de países donde se pena la homosexualidad con pena de muerte. Eso abre cauces de votos.
Por ello, la menor mención posible de principios como esos valores tradicionales, pese a incorporarse en los programas electorales, abren a Vox nichos alternativos de votantes. El voto obrero también se motiva con esa lucha impuesta del último contra el penúltimo. Se agitan discursos como el 'deterioro de los barrios' o el cambio de los mismos por la concentración de inmigración o bien latinoamericana o bien marroquí o africana; los cambios demográficos y el empeoramiento hipotético de las condiciones laborales al haber mano de obra barata dispuesta a hacer el mismo trabajo, siendo generalmente gente más joven. Incluido el campo, donde la inmigración tiene un papel importante con generaciones de nacionales que apenas deciden dedicarse al campo o la ganadería.
La 'prioridad nacional', por ejemplo, puede tener coherencia entre votantes conservadores y progresistas en un momento de crisis y no de bonanza
En definitiva, mientras las cuestiones morales como el aborto o la violencia de género y la sexualidad polariza, la inmigración tiene enfoques que permiten abrirse a distintos tipos de electores. La idea de 'prioridad nacional', por ejemplo, puede tener coherencia entre votantes conservadores y progresistas en un momento de crisis y no de bonanza. Y con las consecuencias de la guerra en Irán aún inciertas a grandes rasgos más allá de la subida de precios de la energía, la lógica pierde músculo frente a lo emocional.
Aunque la política contemporánea está marcada por el relato y las emociones, mayoritariamente gana quien conecta mejor, con más coherencia. Partidos como Vox y sus socios europeos apelan "al orgullo, a la identidad, al enfado pero a la vez a lo irracional, al sistema límbico. A lo que puede unir a todos en un momento puntual. En Extremadura cuestiones como deterioro ferroviario han unido a una masa crítica con la gestión de PSOE durante décadas y recientemente de PP. En Aragón, el campo y la despoblación han sido determinantes para Vox, en detrimento de Aragón Existe. Lo común, han comprendido en Bambú, da más impulso.
Vox está a años luz de lo logrado por Le Pen o incluso por el Chega portugués en apenas un lustro, pero es innegable que ya empieza a permear entre abstencionistas que proceden de la izquierda, y entre el electorado del PSOE en torno a un 4%, según las últimas encuestas nacionales, unos 300.000 votantes socialistas.
La lógica en Andalucía
La estrategia en Andalucía para las últimas elecciones del ciclo es clara y no pasa factura a esa búsqueda del voto protesta. Abascal se presenta a los electores con la misma idea de antagonista al bipartidismo pese a tener ya dos pactos con el PP. Ese reforzamiento del rechazo migratorio en ambos, pese que al entrar en el detalle no es un éxito rotundo para Vox, refuerza la idea de alternativa para condicionar a uno de los dos brazos del bipartidismo.
La corrupción tiende puentes también para adherir al votante menos ideológico, el 'caso mascarillas' o los ERE del PSOE; la Gürtel o la Kitchen ahora juzgada y ligada al PP de la etapa de Mariano Rajoy o de Javier Arenas, uno de los pesos pesados del PP andaluz. Se establece la idea de que solo con Vox fuerte, hay cambios. El marco migratorio, pese a todo, sigue siendo principal: deteriora la base electoral del PP, ensanchada con votos moderados, que podrían irse al temer un pacto de todos modos con Vox por la dificultad de llegar a la absoluta -el PSOE piensa que la insistencia en la inmigración beneficia a Moreno Bonilla, con todo-, y permite confrontar con los socialistas, centrados en los servicios públicos.
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