Abascal arranca la gestión de sus banderas electorales al PP de Azcón

Si el pacto extremeño dotó a Vox la semana pasada de elementos suficientes para llevar su guerra cultural a dentro del Consejo de Gobierno, ejercerla desde sus consejerías, lo arrancado por los de Santiago Abascal la tarde de este miércoles en Zaragoza a Jorge Azcón permite "doblar" esas capacidades. PP y Vox cerraron un pacto de coalición muy similar al de Extremadura en la que coinciden consejerías como la de Desregularización, Bienestar Social -en lugar de Servicios Sociales- y Familias, y la de Agricultura, Ganadería y Alimentación, pero a la que se une la cartera de Medio Ambiente y Turismo. Una de ellas tendrá rango de vicepresidencia. Vox se garantiza el control de las políticas que vertebran sus ejes programáticos, los que le han permitido crecer en este último ciclo electoral.

Un control, en todo caso, principalmente ideológico que escala de la simple gestión. La competencias de inmigración no serán para garantizar la seguridad o de gestión de la misma -aunque se pacte con el PP-, principalmente reservada para las autoridades estatales, sino que decidirá en gran medida que las ayudas sociales vayan preferentemente a los nacionales de acuerdo, dicen ambos socios del Gobierno por definir, a la "legalidad vigente". Todo mientras se reconoce que aún falta precisión para definir cómo se puede plasmar en Extremadura y en Aragón el principio de "prioridad nacional".

En las próximas fechas se estudiarán los mecanismos y las "vías" disponibles para ello, aunque por ahora, más allá de la discusión "política", se viene a reconocer que en lugar de la nacionalidad debe atenderse a cuestiones como el "tiempo de cotización, permanencia y contribución al sistema". Incluso en su comparecencia junto a Azcón, Alejandro Nolasco, portavoz de Vox y futuro vicepresidente, mencionó el término "arraigo". Vino a determinar que cualquier actuación que se haga puede proceder a endurecer requisitos materiales, excediendo la distinción del origen de esa legalidad. Se evitó profundizar por ambas partes, solo horas después de que Vox elevase sus reivindicaciones migratorias respecto a este asunto en el Congreso, incluyese remigración y llevase al PP a desmarcarse con "fines electoralistas", lamentaban los populares.

Todo a las puertas de la campaña de Andalucía, donde la inmigración puede ser esencial para asegurar la mayoría absoluta de Juanma Moreno o echar atrás al electorado más moderado que le ayudó a apuntalarla. La guerra ideológica de Vox es clave y más allá del pacto 'mejorado' en Aragón, respecto a Extremadura, Vox estos últimos días ha conseguido un éxito en materia de comunicación y estratégica política: incorporar el marco migratorio en el debate y llevar al PP a su terreno, incluso asumiendo como propia esa 'prioridad nacional' en sus propuestas parlamentarias. Una utilización exitosa de la 'ventana de Overton', de manual.

Medio Ambiente, un extra para la guerra cultural

Además de la inmigración, Vox se blinda frente a uno de sus públicos principales: los agricultores y los trabajadores del sector primario. Una masa electoral que ha permitido a Nolasco crecer con notoriedad en la provincia de Teruel. Se prioriza la defensa del sector en las políticas pactadas, fondos de compensación y reducción de la burocracia. Pero el logro último en Aragón es quedarse con la gestión de Medio Ambiente, por el poder simbólico y ligado a la cartera de Agricultura, que ha tenido para Vox desde su impulso nacional hasta hoy oponerse a cuestiones como la Agenda 2030, las restricciones en las emisiones de gases y en las principales capitales, o el Pacto Verde europeo. Tres carteras que representan el peso del partido en esta legislatura.

Todos los asuntos que le han permitido confrontar con Bruselas, pero también con el bipartidismo, con el PP y con el PSOE y sus acuerdos en el Parlamento Europeo. Con ello, e insistiendo en ese principio de legalidad, los populares permiten a Vox abrir camino a una contradicción entre lo que se pacta en Mérida y Zaragoza, respecto de los criterios del PP europeo. Siempre teniendo en cuenta que el PP de Alberto Núñez Feijóo, en la línea del EPP ya ha endurecido posiciones y se a abierto a la necesidad de reformar asuntos como la Política Agraria Común o ese acuerdo climático.

Vox, en Aragón pone la mirada sobre la burocracia del sector agrario, pero también en las energías renovables y su implementación en la comunidad, una de las principales referentes en campos eólicos por sus condiciones climáticas. Igualmente, de las mega instalaciones fotovoltaicas. No se está en contra de esas energías limpias, acreditan en Vox, pero no se quiere priorizar su instalación a costa de los cultivos de los agricultores. De los olivos, señalan en Extremadura y Andalucía de cara a la campaña. La limpieza de los cauces de los ríos, de competencia estatal, es otro de los puntos pactados, acotado a un "plan".

Desde el PP se asume que Vox tensionará con el discurso migratorio hasta después de Andalucía para sacar rédito electoral. El pacto insiste en la figura del arraigo, sin matices por nacionalidad

Tras el pacto fuentes de Vox se congratulaban por arrancar "la defensa del campo español frente a las imposiciones de Bruselas". "Creación de un fondo de compensación económica para proteger a los agricultores y ganaderos de los efectos perjudiciales del Pacto Verde y Mercosur". "Plan de limpieza y defensa del Ebro frente a inundaciones". Y la "protección" frente a "depredadores" como el lobo, así como la "reintroducción del lince ibérico". Como en Extremadura, cuestiones como el acuerdo comercial UE-Mercosur estarán matizados a petición del PP. Frente al rechazo de los de Abascal, los populares adelantan la exigencia de salvaguardas para los agricultores y productores nacionales para la competencia en términos de igualdad.

Con las competencias climáticas, Vox también se garantiza un combate ideológico constante con la Administración central, mientras que las competencias materiales, de infraestructuras como presas o diques estarán en manos del PP. También el industrial o el comercial, en términos de productos. La distinción de esas carteras más ideológicas respecto

Un arma de doble filo para Vox

La gestión de las principales banderas ideológicas-electorales, de forma amplia, suponen un arma de doble filo en el mismo rango para Abascal y los suyos, dado que ahora asumirán máximas competencias con garantías presupuestarias para la aplicación de lo pactado. Cualquier impedimento que se dé por el camino puede agraviar a un sector de la población que ha confiado en lo que Vox llama "la alternativa". En Extremadura, de hecho, se venía de una gestión limitada del mundo rural, con Gestión Forestal, mientras que en Aragón, de 2023 hasta la ruptura de ejecutivos de 2024, se ejerció Agricultura y Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia.

Todo dependerá, igualmente, de cómo el partido de Abascal teja el relato. Cualquier piedra por el camino, imposibilidad de materializar políticas que surjan más allá del pacto programático en los próximos cuatro años y que no termine de cuajar puede suponer un descrédito ante los votantes. Entra en juego que la mayoría de asuntos son de materia nacional o supranacional, por lo que más allá de la confrontación en el relato, difícilmente podrá hacerse frente al Pacto Verde, a la PAC o a los repartos de menores migrantes. Sí se instará al PP a utilizar todos los medios a su alcance para hacerlo.

Otro de los riesgos del socio minoritario tiene que ver con quién termina sacando rédito de las medidas de Gobierno. Vox intentará reivindicar que su peso mueve al PP mientras que Azcón, como Sánchez ha conseguido con Sumar a escala nacional, intentará lo propio.

El contenido del acuerdo

El documento trasladado es más amplio que el de Extremadura, cuenta con 39 páginas, 13 apartados y 117 medidas por las 74 extremeñas. Ese incremento se da por un mayor detalle de los mismos acuerdos con María Guardiola, así como por la inclusión de cuestiones relacionadas con Medio Ambiente.

En materia fiscal los contenidos son similares. Se bajará cada año un 0,25% del IRPF hasta un punto en los primeros tres tramos autonómicos. Se apoyará la natalidad y la conciliación, y se bonificarán los impuestos de sucesiones y donaciones para el grupo II. En inmigración, pese a la polémica nacional, el pacto especifica cuestiones de "arraigo". Se establece prioridad para aquellos con "arraigo real, duradero y verificable", se rechazan de manera "frontal" las políticas migratorias del Gobierno central, los MENAS, se trabajará en planes de retorno y repatriación de irregulares y se realizarán pruebas de edad o se retirarán las ayudas a ONG que favorezcan la inmigración ilegal. Aquí no se hace distinción tras la polémica por si se dará o no excepción a Cáritas o asociaciones ligadas a la Iglesia Católica. Se incluye la eliminación del burka y el niqab en espacios públicos. La distinción es que se establecerá un servicio para evitar "fraudes" en los empadronamientos.

Hay compromiso de refuerzo de la seguridad, legislativa y con dotaciones a cuerpos policiales. Se quiere publicar datos que trasladen "la incidencia de la delincuencia y la inseguridad asociadas a la inmigración masiva e ilegal". En vivienda los socios apuntan a la construcción de 4.000 viviendas públicas y que haya preferencia de acceso para los que tengan ese arraigo. Se propone necesidad de 10 años para ayudas a la compra y 5 de residencia para ayudas al alquiler.

Fomentar el regadío, simplificar las normas de Red Natura 2000 o la Red de Espacios Protegidos, así como el impulso del pastoreo para luchar contra los incendios y la defensa de la caza entran dentro. La renovación de carreteras o la lucha contra la despoblación se suman. Entra el deseo de Azcón de hacer de la región un hub tecnológico de datos. El recorte también se extiende a sindicatos y organizaciones empresariales privadas. Se bajará al "mínimo legal" la cooperación al desarrollo internacional.

En educación se fomenta la gratuidad de la infantil hasta los 3 años, se suprime el programa de enseñanza primaria y secundaria de lengua y cultura marroquí y se apuesta por proponer bachillerato concertado progresivamente. Se incluirá en los programas educativos la Historia sobre el terrorismo y el recuerdo a las víctimas. Y uno de los añadidos más destacados es "liberar a Aragón de la imposición del catalán" mediante la reforma de la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés, la derogación del Instituto Aragonés del Catalán y la derogación de lo que Vox considera leyes "ideológicas". Esa ambigüedad da pie a futuros choques entre socios de gobierno. La investidura de Azcón será la próxima semana, previsiblemente entre el martes y el miércoles.