Moncloa quita hierro al último latigazo de Junts y lo achaca a su cabreo por las críticas de Yolanda Díaz

"Cero preocupación, cero". En el Gobierno las sensaciones no han cambiado. Todo sigue con Junts, insisten, igual que minutos antes de que arrancase la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de este miércoles. La portavoz de los posconvergentes, Míriam Nogueras, apretó más las tuercas a Pedro Sánchez, se atrevió a preguntarle qué "argumento democrático" tiene para no convocar ya elecciones generales. Una escenificación más, esgrimen en la Moncloa, pero que no empeora unas relaciones que llevan interrumpidas desde octubre y que no ha impedido que la formación de Carles Puigdemont "siga apoyando" aquellas iniciativas que la coalición lleva a la Cámara y que le convencen. Pero en el núcleo duro del líder socialista añaden una valoración relevante: si los independentistas han dado un paso más, si han decidido ahondar su ruptura, es por su enfado con las palabras de Yolanda Díaz de la pasada semana, cuando tachó al partido del expresident catalán de "racista y clasista".

El pleno en el Congreso de este 21 de abril, casi un mes de la última sesión de control a la que acudió Sánchez, pintaba bien para el Gobierno porque disponía de un arma potente que desenfundar: los pactos de PP y Vox. El firmado en Extremadura la pasada semana y que finalmente hizo ayer presidenta a María Guardiola —cuatro meses después de las autonómicas, eso sí— y el que se percibía ya como inminente en Aragón (como así fue). El presidente lo utilizó en su careo con Alberto Núñez Feijóo, calificó el acuerdo extremeño de "patada a la Constitución" y de "frenazo" al desarrollo de las renovables en la región, alertó de la "desindustrialización" del territorio. Y con él, varios de sus ministros fustigaron a los populares por la misma razón. Pero lo que sorprendió fue, sin embargo, otra cosa: la dureza de Nogueras.

Nogueras acusa a Sánchez de llevar "demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría", y la "guinda del pastel" son "los casos de corrupción". "¿Qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones?", termina su pregunta

La pregunta de la diputada posconvergente podía haber pasado desapercibida porque primero le inquirió a Sánchez si contó a sus compañeros de izquierdas que se congregaron el pasado fin de semana en Barcelona, en la Global Progressive Mobilisation (GPM), que hubo palos de la policía el día del referéndum del 1 de octubre de 2017, luego se quejó de que el Gobierno "recauda más que nunca" pero los servicios están "peor que nunca", protestó por que "ahoga a los autónomos", porque "empeora el problema de la vivienda", porque "empobrece a la gente" para luego "subsidiarla". Cargó contra el presidente por aprobar "políticas por la puerta de atrás, como la regularización masiva" de inmigrantes, y por no "hacer los deberes" con Junts: no se ha aprobado el IVA franquiciado, no se ha bajado la cuota de autónomos, no se ha impulsado su propuesta de ley contra las okupaciones. Pero si Nogueras atrajo la atención de todos fue por el latigazo final: "Lleva demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría", le acusó. "Y la guinda del pastel de todo este panorama", concluyó, "son los casos de corrupción que le rodean. ¿Qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones?".

"Ya ha quedado un poquito más claro qué es lo que usted quería preguntar", devolvió con ironía Sánchez. El presidente no aludió a ningún adelanto electoral —su posición es la de siempre, agotar la legislatura y llevar las generales a 2027—, pero sí defendió tanto la cumbre en Barcelona para "hacer frente a la ola reaccionaria" como la normalización administrativa de inmigrantes aprobada por su Gobierno. "¿Qué problema tienen en reconocer derechos a quien vive aquí, a quien está contribuyendo al crecimiento económico de nuestro país?".

Los de Puigdemont señalan que su aviso no era gratuito, sino que un cambio de pantalla cuyas consecuencias no precisan. Sí descartan una moción de censura con el PP

Para Junts, un partido entregado a la política de gestos, lo ocurrido este miércoles en el Congreso no podía pasar inadvertido. Como explicaban desde el propio grupo, Nogueras quería verbalizar que su relación con el Ejecutivo pasa ahora a una nueva pantalla, cuyas consecuencias no quisieron concretar. Los posconvergentes señalaron que la gota que ha colmado el vaso, informa EFE, es la regularización extraordinaria de inmigrantes, aprobada, decía la portavoz, "por la puerta de atrás", ya que no ha pasado por el Congreso y que Junts siente por eso como una imposición del Ejecutivo. Así que el cambio de tono, señalaron desde la formación de Puigdemont, no era gratuito, ni algo no pensado. En absoluto van a dar cobertura a una moción de censura que pudiera presentar el PP —la rechazarían, insistieron—, pero tampoco tolerarán que el Gobierno no despliegue las políticas que se aprueban en el Congreso y que no se cumplan los acuerdos alcanzados por ambas partes.

Leyes aún en el cajón

La derecha independentista advierte de que apenas se aprueban iniciativas del Ejecutivo porque no reúnen los apoyos necesarios y en cambio no pone en marcha aquellas que sí salen adelante. Los de Nogueras recordaban que los socialistas, a cambio de su respaldo al decreto ley de medidas por la guerra de Irán, apoyaron una moción suya por la que se pedía la aplicación del IVA franquiciado para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año. E insistieron en que no se han olvidado de su proposición de ley antiokupas, todavía en el cajón. En este escenario, pensar en la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado o en una reforma del modelo de financiación autonómica, normas para las que es imprescindible el concurso de los siete diputados de la derecha independentista catalana, es inviable. Respecto a los primeros, el Ejecutivo no ha presentado en lo que va de legislatura ni un solo proyecto, y lo ha vuelto a posponer por la guerra de Irán. Si ya se presumía imposible el apoyo de Junts, ahora, tras el gesto de Nogueras, lo es aún más.

Que diga Junts por qué están enfadados, qué les molesta de la cumbre de Barcelona. Y si no les gusta la regularización, que escuchen a la patronal, a los sindicatos o a la Iglesia. Nosotros no creemos que haya cambiado nada", se escudan en Moncloa

En la Moncloa, sin embargo, prefirieron trasladar tranquilidad, resaltar que no se había cruzado ninguna nueva pantalla. "Cero preocupación", apuntaban en el equipo de Sánchez y repetían varios ministros. "Que diga Junts por qué están enfadados, qué les molesta de la cumbre de Barcelona. Y si no les gusta la regularización, que escuchen a la patronal, a los sindicatos o a la Iglesia. Nosotros no creemos que haya cambiado absolutamente nada", señalaban. En el complejo presidencial admitían que las relaciones siguen interrumpidas por la ruptura decretada por los posconvergentes en octubre, pero desde entonces se han ido sacando adelante iniciativas del Ejecutivo con sus votos, como el propio decreto anticrisis, y confían en que siga siendo así si creen que son positivas para Cataluña.

Pero en el núcleo duro del presidente se añade otra explicación al nuevo aviso de los de Puigdemont: "Todo indica que es por Yolanda Díaz", "están cabreados por ella", ilustran dos fuentes muy cercanas a Sánchez. Y es que todavía colean las palabras de la vicepresidenta segunda y fundadora de Sumar la semana pasada en una entrevista en Onda Cero. El periodista Carlos Alsina le recordó que en otras ocasiones ella definía a Junts como un proyecto "racista y clasista". Díaz lo admitió y dijo que lo ha sido "siempre". Los posconvergentes suspendieron de inmediato su relación con Sumar hasta que se "disculpe" por las palabras de la titular de Trabajo.

Sánchez había esquivado la polémica el viernes pasado, intentando no reprender a la titular de Trabajo y no desairar a Junts. Pero convalidar el decreto ley de vivienda ya se confirmaba imposible

Sánchez fue preguntado por ellas el viernes pasado en Barcelona, al término de la I Cumbre España-Brasil. El presidente intentó esquivar la polémica, sin desautorizar a su socia y buscando a la vez no desairar a Puigdemont. Lo que sí ve "racistas y xenófobas", dijo, son las declaraciones recientes de los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Los socialistas consideran que las manifestaciones de Díaz llegaban en un momento inoportuno hasta para su propia formación porque el próximo martes, 28 de abril, el pleno del Congreso vota la convalidación del decreto ley de prórroga de los alquileres. Ya era más que improbable poder contar con los votos de Junts. Después de sus críticas, era directamente imposible, advertían.

Illa desaprueba a Díaz

Este miércoles, el president catalán, Salvador Illa, fue más directo que Sánchez. El jefe del Govern, entrevistado por Alsina en Onda Cero, aseguró que la formación de Puigdemont no es un partido "racista". "Los dirigentes de Junts con los que trato no son racistas. Me parece una calificación desafortunada", agregó, en abierto reproche a Díaz. Illa sostuvo que JxCAT, pese a que no se defina como de derechas, sí tiene "políticas cuando menos de centro derecha", aunque este "no es un espacio uniforme".

Una cosa es transponer la directiva europea y otra eximir del IVA a los autónomos con ingresos de menos de 85.000 euros. En este punto no hay un acuerdo de PSOE y Junts", apuntan en el Gobierno

Respecto a los "incumplimientos pendientes", en el Ejecutivo apuntan que, por ejemplo, se sigue trabajando en la transposición de la directiva 2020/285, que permitir eximir del pago del IVA a los autónomos que facturen hasta 85.000 euros anuales. En la Moncloa advierten de que la propia normativa europea fija como listón máximo para la exención del IVA esos 85.000 euros. Es decir, que cada Estado miembro puede introducir un umbral inferior. Explican que no se puede librar del pago del impuesto a los pequeños empresarios con una facturación de 85.000 euros porque Hacienda perdería "una burrada" de recaudación. El PSOE ya registró vía enmienda a otra ley la transposición de la directiva comunitaria y no incluyó la liberación del IVA, aunque sí otras cuestiones que benefician a los autónomos.

"Una cosa es transponer la directiva europea y otra eximir del IVA a los autónomos con ingresos de menos de 85.000 euros. En este punto no hay un acuerdo de PSOE y Junts", agregan. Es decir, que ahí no será posible alcanzar un consenso si los posconvergentes no aceptan bajar ese umbral en España. Con la ley antiokupas sucede algo similar: el PSOE no lo comparte. La regularización de inmigrantes la pactó el Gobierno con Podemos y está en marcha: no tiene vuelta atrás.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, admite que la relación con Junts tiene "sus altibajos" pero añade que se siguen sacando medidas. Son 60 las iniciativas legislativas aprobadas

El portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, admitía este miércoles que la relación con Junts tiene "sus altibajos", pero eso no les impide "sacar muchas cosas adelante" en la Cámara baja. Ya son 60 las iniciativas legislativas que han visto la luz, recuerdan en el Ejecutivo. López agregó que no es la primera vez que Junts pide elecciones al Gobierno, pero que en cualquier caso estas no se van a celebrar "hasta que toquen". Es decir, hasta 2027. Agotar el mandato. Los posconvergentes saben que la convocatoria de las urnas es una prerrogativa exclusiva del presidente, pero apretarlo para que las agende ya es un gesto político claro. De presión y, al mismo tiempo, de mayor distanciamiento.