El Gobierno sigue sospechando de la Justicia pese al aviso del Poder Judicial

El Gobierno sabía muy bien en qué terreno se adentraba cuando la semana pasada habló de "coincidencias" en los tiempos políticos y de la Justicia —lo hizo Óscar López—, cuando denunció una operación de "derribo" del Ejecutivo por "métodos nada democráticos" —fue otro ministro, Óscar Puente—. Cuando el presidente, incluso, advirtió de que no permitiría que una "oposición marrullera" mezclase "tropiezos" cometidos dirigentes del partido con "infundios" para tumbar al Gobierno "con sus malas artas". Esos mensajes, esas diatribas, estaban perfectamente calculadas y medidas. La Moncloa sabía de su impacto y sabía también que no iba a dar un paso atrás. Por eso, cuando este martes la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial mostró su "preocupación" por las declaraciones del Gobierno, este se defendió advirtiendo de que es compatible el "respeto" y la "colaboración con la Justicia con la crítica de ciertos procedimientos.

El Ejecutivo intenta así nadar y guardar la ropa. Durante toda esta legislatura, la tensión con el Poder Judicial ha sido constante, y en la Moncloa siempre han achacado el recelo de parte de la judicatura a la aprobación de la ley de amnistía. Ese sería el origen, creen, de todo lo que vino después. Y aquel "el que pueda hacer, que haga" del expresidente José María Aznar en noviembre de 2023.

El Gobierno defendió hasta el final la inocencia del hoy ya ex fiscal general del Estado, condenado por el Supremo por revelación de secretos, ha cargado también muy duramente contra la instrucción del caso Begoña Gómez por el juez Juan Carlos Peinado. Pero la semana pasada estalló tras la entrada en Ferraz de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por orden del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, para recabar documentación sobre el caso Leire Díez, apenas una semana después de que otro juez de la Audiencia, José Luis Calama, imputase a José Luis Rodríguez Zapatero.

Puente criticó el pasado jueves, en declaraciones a los medios, el "acompasamiento" de los tiempos judiciales y de la política —porque los autos de Calama y Pedraz eclipsaban además el juicio de la operación Kitchen—, y al día siguiente cuestionaba el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional sobre el expresidente. Aunque estaba claro el respaldo desde el primer minuto, Sánchez dio cobertura a esa teoría de la conspiración el domingo en el mitin de clausura del 27º Congreso de las Juventudes Socialistas y ayer lunes también a puerta cerrada en la reunión con su ejecutiva federal. La portavoz, Montse Mínguez, aludió al "linchamiento" contra el proyecto político socialista.

"El Consejo General del Poder Judicial muestra su preocupación por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales", señala el comunicado de la Comisión Permanente del CGPJ, hecho público este martes. Cree el órgano de gobierno de los jueces que manifestaciones como las de estos días —no menciona expresamente al Ejecutivo— erosionan la confianza de los ciudadanos en el Estado de derecho. Un entorno así "debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada" y cuestiona los fundamentos del Estado de derecho al "instrumentalizarse" la actividad judicial.

El Gobierno, sin embargo, no se apea de sus tesis. "Manifestar el respeto profundo a la Justicia, a la independencia de la Justicia, confiar en la Justicia, colaborar con la Justicia es perfectamente compatible con, en determinados momentos, tener o criticar algún tipo de procedimiento, de fallo, de sentencia o que haya casualidades temporales que llamen la atención. Pero es perfectamente compatible, insisto, con ese respeto profundo a la labor de la Justicia", apuntó desde la Moncloa la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz.

La ministra precisó que el Gobierno en su conjunto "respalda" esas críticas formuladas por López y Puente, porque se enmarcan en la libertad de expresión y porque no son otra cosa que "respeto profundo por la Justicia", pero también respeto a otro principio básico del Estado de derecho, como es la "presunción de inocencia. Esas críticas son compatibles con "dejar a la Justicia que haga justicia" y que se mantenga "confianza plena".

Con el CGPJ, siguió la portavoz, el Gobierno comparte la "necesidad de fortalecer la independencia judicial". Pero esa independencia "se vulneraba con prácticas ilegales", en los tiempos de los gobiernos del PP, sancionó, pero "esos tiempos han quedado atrás". Hoy, la Justicia "actúa sin injerencias" y cuando no se comparten sus resoluciones, entra en funcionamiento el sistema de recursos y garantías, recordó.

En el Ejecutivo señalan que no cabe ser "ingenuo" cuando por ejemplo el PP "anuncie procedimientos judiciales que parece conocer" con antelación —lo decía Saiz por la investigación por blanqueo de capitales de Zapatero que Alberto Núñez Feijóo usó en un mitin de campaña de las elecciones andaluzas, pero que en realidad se hacía eco de una información publicada ese día en El Confidencial—, que "no respete la presunción de inocencia" o que el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, avance "procedimientos y condenas", como ocurrió con el ya ex fiscal general del Estado.

Desde la Moncloa reivindican el "legítimo derecho" del Gobierno a poder expresarse libremente, e insisten en que no se está criticando la actuación de la Justicia en su conjunto, sino ciertos procedimientos y cierto uso de los calendarios: "Contundencia, sí, pero no brocha gorda. Con el caso del fiscal general fuimos duros, también con Peinado, pero con el caso Koldo / Ábalos / Cerdán y sus distintas derivadas, hemos hablado siempre de colaboración máxima y de que se llegue hasta sus últimas consecuencias. Y en Ferraz la UCO entró sin oposición ninguna, mientras que la UDEF tuvo que entrar en Génova, de noche, por el caso Bárcenas. Así que no criticamos todos los procedimientos, solo aquellos que consideramos injustos. Por ejemplo, con el caso Zapatero hemos criticado los tiempos, pero no el auto en sí. Hacemos esa difícil diferenciación. Hablamos de calendarios, de casualidades que no creemos que existan, y lo que creemos es que no es casualidad que estas dos operaciones, la de Zapatero y la de Leire, coincidan con el juicio de la Kitchen".