Junts reafirma su alejamiento del Gobierno y deja caer el decreto de prórroga de alquileres

Llegar a este punto, al no confirmado de Junts al real decreto ley de prórroga de los alquileres, era más que seguro para el ala socialista del Gobierno. Siempre en la Moncloa estuvieron convencidos de que los posconvergentes rechazarían esa medida, porque sabían que no la compartían, que nunca les gustó. "Lo habían dicho desde el principio", observan. Y por eso se esperaban lo que ocurrirá, salvo sorpresa, este martes: que el texto decaiga en el Congreso tras algo más de un mes en vigor con los votos de Junts, PP y Vox. Foco máximo, por tanto, en una derrota previsible del Ejecutivo, justo lo que el sector socialista del Gabinete pretendía evitar, de ahí que lata cierto malestar con Sumar. Por delante, por tanto, una nueva visualización de la ruptura de los independentistas con Pedro Sánchez.

Fue en el conflictivo Consejo de Ministros extraordinario del pasado 20 de marzo cuando el Gobierno aprobó, por separado, el decreto ley que prorroga dos años los contratos de arrendamiento que vencen entre el 22 de marzo de 2026 —fecha de la entrada en vigor del texto— y el 31 de diciembre de 2027, y limita la subida anual del alquiler a un 2%. Fue el acuerdo interno al que llegaron PSOE y Sumar: el socio minoritario exigía una salida, que se tuviese en cuenta su demanda, que llevaba meses poniendo encima de la mesa y que los socialistas rechazaban por considerarla contraria a la Constitución y por falta de apoyos. Tras una mañana de alta tensión, en la que la reunión del Gabinete tuvo que comenzar dos horas más tarde de lo previsto por el bloqueo de los ministros de Sumar, se dio luz verde a dos decretos leyes: el de medidas por la guerra de Irán, convalidado una semana más tarde en el Congreso, y el de prórroga de alquileres.

El PSOE aceptó esta vez la norma por el pacto con sus socios y porque entendía que la excepcionalidad de un nuevo conflicto bélico, esta vez en Oriente Próximo, justificaba medidas extraordinarias como la extensión de los contratos de arrendamiento, una iniciativa que de hecho ya había funcionado al poco del estallido de la guerra de Ucrania. Pero al tiempo era plenamente consciente de que Junts, que en materia de vivienda sigue una línea política convergente con la de PP y Vox, no iba a refrendar el decreto ley, y se lo advirtió a Sumar. Y los votos de sus siete diputados eran y son claves para el Ejecutivo.

Tras algo más de un mes en vigor, la medida decaerá por Junts, PP y Vox. Los posconvergentes confirman que no hay negociación y que este martes votarán 'no'. El texto naufragará

En este mes largo, los llamamientos de Sumar han sido múltiples. Sus ministros han reiterado que había posibilidades, que el texto podría salvarse. Pero este lunes Junts confirmó lo que podía preverse: su no. Fuentes de la cúpula del partido avanzaron que rechazarán la convalidación del decreto ley, por lo que este decaerá, salvo giro de guion de última hora.

Y eso que en Sumar no se daban todavía por vencidos. "Seguiremos trabajando hasta el minuto antes de la votación para conseguir los votos necesarios para aprobar esta prórroga en un real decreto ley que es de todo el Gobierno y cuyo único fin es garantizar a cientos de miles de personas poder seguir viviendo en sus casas. Creemos que con voluntad política se pueden llegar a acuerdos y nosotros no vamos a dejar de intentarlo hasta el mismo momento de la votación", sostenían a este periódico desde el entorno del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el que ha capitaneado las conversaciones y el que de hecho defenderá este martes en la tribuna del Congreso la convalidación de la norma.

Bustinduy ofrece 'in extremis' una vía de acuerdo a Junts: que los socialistas concedan la exención del IVA a los autonómos que facturen menos de 85.000 euros al año e incentivos fiscales a los caseros

El propio Bustinduy había asegurado este lunes en La hora de La 1 de TVE que veía "posible" y "viable" llegar a un acuerdo con Junts si los socialistas, en el marco de sus competencias en el Ejecutivo, aceptaban algunas de sus condiciones, como la de eximir del pago del IVA a los pequeños autónomos que facturen anualmente menos de 85.000 euros —un umbral que en la Moncloa ven inasumible por la merma de recaudación que supondría— o aprobar bonificaciones fiscales a los propietarios afectados por la prórroga —incentivos a los caseros que Sánchez había defendido y a los que Sumar se negaba tajantemente hasta ahora—.

Quejas por la regularización o los autónomos

"Creemos que podrían darse las condiciones de aquí a mañana [por este martes] para que se produzca un acuerdo. Esperamos que tanto Junts como el PSOE tengan voluntad suficiente para, en el tiempo que nos queda, esbozar ese acuerdo y que pueda salir adelante la medida", insistió Bustinduy.

También el titular de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, afirmó en rueda de prensa que "ninguna de esas dos cuestiones, que son las que ha puesto Junts encima de la mesa, deberían ser un obstáculo" para que el decreto superara la prueba del Congreso e instó a "PSOE y a Junts" a cerrar un acuerdo. El socio minoritario de la coalición gubernamental se mostraba así dispuesto a aceptar las medidas fiscales de los posconvergentes aunque no se correspondan con su "modelo" tributario, pero desarrollarlas, argumentaba, es tarea de los socialistas.

Para los posconvergentes, las palabras del titular de Derechos Sociales "acreditan" que Sumar ha captado qué defiende su partido y que están "dispuestos a ejecutarlo"

Para los de Carles Puigdemont, las palabras de Bustinduy "acreditan" que Sumar ha captado finalmente qué defiende el partido y que están "dispuestos a ejecutarlo". Así que la pregunta, insistían fuentes de la formación consultadas por EFE, es "qué hará" el PSOE, si "continuará sin aceptar que no tiene mayoría y queriendo aprobar sus propuestas solo por la puerta de atrás, como la regularización masiva [de inmigrantes] o la asfixia a los autónomos". Fueron dos de las quejas que ya verbalizó Míriam Nogueras, la portavoz de los posconvergentes, la semana pasada en el Congreso, en la sesión de control al Ejecutivo. Fue cuando inquirió a Sánchez qué "argumento democrático" le queda para no "convocar elecciones". Otro paso más en la ruptura con el Gobierno. Desde la Moncloa achacaban el cabreo de los de Nogueras a unas palabras previas de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cuando calificó a Junts de formación "racista y clasista".

Junts se preguntaba este lunes si el PSOE sería capaz de "bloquear las medidas a favor de los inquilinos y los pequeños propietarios". Y al mismo tiempo reconocía que no hay conversaciones abiertas. El Ejecutivo, apuntaban fuentes del partido, sabe qué plantean, así que no hay que "negociar nada" ni se está "negociando nada".

En el ala socialista del Ejecutivo confirman que no hay interlocución con Junts sobre el decreto ley: "Es Sumar quien lleva esta negociación de principio a fin —asevera un ministro—. Bustinduy dijo que se veía capaz de encontrar apoyos". El núcleo duro de Sánchez considera "un teatro" la última oferta del socio minoritario, porque nunca hubo duda de que Junts no iba a ceder. Es más, en los primeros decretos que pasaron este año por el Congreso la formación apretó el botón del no justo porque contenían la moratoria antidesahucios. Los independentistas no la aceptaron, ni siquiera la versión más edulcorada que el PSOE pactó con PNV y Coalición Canaria.

Los socialistas recuerdan que la negociación recaía en Sumar "de principio a fin", así que su última oferta es un "teatro" porque Junts no iba a ceder. Hay malestar contra el socio por empeñarse en un decreto ley que iba a ser derrotado a ciencia cierta

"Ellos han sido bastante claros sobre este tema de la prórroga de los alquileres. La realidad siempre ha sido esa. Y lo demás...", añade otro miembro del Consejo de Ministros. Ambos responsables lamentan que Sumar haya "hinchado el globo", alimentando en este mes que había posibilidades de que pudiera ser convalidado el decreto, cuando realmente no las había, y el resultado es que se va a visualizar con más crudeza la derrota del conjunto del Ejecutivo. Por no hablar de la inseguridad jurídica, añade uno de ellos, porque Sumar ha animado a los inquilinos a presionar a sus caseros y ahora, al fracasar, puede crear un embrollo legal. "A otros habrá que preguntar por el agua que supuestamente había y las negociaciones", apuntalan en el Ministerio de Vivienda, que dirige Isabel Rodríguez. "Cero sorpresas. Es lo que habían dicho desde el principio en Junts", abunda otra ministra.

La propia Rodríguez reconocía este lunes en RNE su rechazo a que este decreto ley llegara al Consejo de Ministros por "honestidad con la ciudadanía", al no contar con una mayoría parlamentaria suficiente para su aprobación. "El mayor inconveniente que yo mostraba es que no se daban los votos, pero el compañero de Consumo [Bustinduy] creía tener la fuerza para hacer que saliera adelante y le hemos apoyado para lograrlo y ojalá de aquí a mañana [por este martes] hayamos conseguido los votos", sostuvo.

Los "intereses partidistas" de Junts

No será la única votación que pierdan los socialistas este martes. También se debatirá la toma en consideración de la proposición de ley de ERC para la creación de un consorcio de inversiones entre el Estado y la Generalitat, una norma pactada con el Gobierno y que Junts podría dejar caer. Los posconvergentes podrían votar en contra de la propuesta —y la haría naufragar— o decantarse por la abstención —por lo que continuaría su tramitación—.

Tanto PSC como ERC redoblaron sus llamamientos a los de Puigdemont para que permita que el texto siga su camino. La viceprimera secretaria y portavoz de los socialistas catalanes, Lluïsa Moret, dio por sentado que Junts no dará su brazo a torcer. Acusó a la derecha independentista de priorizar sus "intereses partidistas" con su no al consorcio de inversiones, la entidad que ERC pactó con el PSOE para la investidura de Sánchez y que estaría llamada al "impulso, planificación, seguimiento, gestión y ejecución de las inversiones del Estado" en Cataluña.

No estar al lado de propuestas" como el consorcio de inversiones, dice Lluïsa Moret, "es perjudicar" a los catalanes. El PSC no entiente que Junts no avale "una propuesta que beneficia a Cataluña

"No estar al lado de propuestas como esta es perjudicar los intereses de los catalanes. No entendemos que un partido catalán no esté a favor de una propuesta que beneficia a Cataluña", esgrimió Moret, apelando a la "responsabilidad política" de Junts para que permita la tramitación de la iniciativa, con el fin de que durante su paso por las Cámaras el texto pueda enmendarse. "La iniciativa que ERC ha llevado al Congreso de los Diputados en forma de proposición de ley nos parece muy acertada y la compartimos. Es por eso que no entendemos cuál es la posición que defiende Junts", señaló. Moret pintó a los posconvergentes como una formación plegada a Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball: "Le pediríamos al señor Sánchez Llibre que deje de hacer de diputado número 8 de Junts, porque lo que esperamos del presidente de Foment es que defienda los intereses de la patronal catalana".

Isaac Albert, portavoz de ERC, apuntó en la misma dirección: "No entenderíamos que ningún partido catalanista y soberanista se posicionara en contra de la admisión a trámite de esta proposición de ley que abre la puerta a que el Govern pueda tener un papel clave en la gestión y la ejecución de estas inversiones del Estado en Cataluña". El dirigente admitió que Junts mantiene "alguna discrepancia" y "escepticismo" respecto al mecanismo del consorcio, pero insistió en que es mejor dejar que el texto avance, porque el consorcio "no es instrumento de Esquerra", sino de Cataluña "para que de una vez por todas el Gobierno del Estado ejecute sus inversiones". "Debe ser la llave para revertir estos años de desinversión y para tener una gobernanza y un control sobre las inversiones del Estado en Cataluña y su ejecución", culminó.

También ERC llama a la derecha independentista a sumarse a su proposición para que deje que se tramite. El PSC no cree su caída empantane la negociación de los presupuestos de Illa

Lo que sí parece bastante probable es que, pase lo que pase con la propuesta de ERC, no se pulverizan las opciones de que el president Salvador Illa disponga de sus presupuestos de 2026 para antes de las vacaciones de verano. Las conversaciones siguen y en el Govern hay esperanza de que lleguen a buen puerto. Moret desligó la negociación presupuestaria de la tramitación del consorcio: "Si esto [último] no prospera no será porque haya un desacuerdo en este sentido [entre PSC y ERC], si esto no prospera es porque Junts no lo permitirá".

La semana comienza por tanto con negras perspectivas parlamentarias para el Gobierno. Se daban por descontadas, pero el decreto ley de vivienda ha cogido vuelo en este mes y la derrota, si finalmente se materializa, dolerá al Ejecutivo. Con la tachuela añadida de la proposición del consorcio de inversiones que a Junts tampoco le gusta.