Llega la hora. Tras tres semanas de juicio, este lunes se sentará ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el exministro de Transportes José Luis Ábalos, apenas cuatro días después de que el empresario Víctor de Aldama lanzara contra él una batería de acusaciones que lo sitúan como número dos —solo por detrás de Pedro Sánchez, según su versión— de una presunta trama criminal asentada en el Ministerio. Ábalos, en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, comparecerá ante el tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta a partir de las 10:00 de la mañana.
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Aldama sostiene que esa red se dedicaba a amañar contratos de obra pública a cambio de comisiones, actuando él mismo como intermediario entre constructoras, Ábalos y su exasesor Koldo García, y asegura además que parte de esos fondos habrían servido para financiar al PSOE. El empresario cifró entre 3,5 y 4 millones de euros las mordidas que asegura haber abonado al exministro y a su antiguo colaborador, además de pagos mensuales de 10.000 euros para gastos fijos.

Sin embargo, los supuestos amaños en obra pública no forman parte de este procedimiento judicial, centrado en las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia, aunque estas acusaciones se han abierto paso en las sesiones celebradas en el Tribunal Supremo. La complejidad de la causa y la condición de aforado de Ábalos tras el estallido del 'caso Koldo' provocaron que la investigación sobre las actividades de la supuesta trama quedara dividida entre el Supremo y la Audiencia Nacional.

Mientras el alto tribunal juzga las adjudicaciones de contratos sanitarios, la Audiencia mantiene bajo instrucción las presuntas irregularidades en contratos de obra pública, lo que ha derivado en un proceso en el que hechos distintos se entrecruzan de forma constante. Ábalos, que siempre ha defendido su inocencia, deberá aclarar si intervino en la concesión a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, de contratos millonarios para el suministro de mascarillas por parte de dos organismos dependientes de Transportes, así como su eventual papel en la controvertida orden de duplicar en apenas 38 minutos el volumen de material adquirido por Puertos del Estado.

Quien fuera mano derecha de Sánchez y secretario de Organización del PSOE se enfrenta a una petición de 24 años de prisión por seis delitos: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos delitos de tráfico de influencias y malversación. Aunque estaba previsto que los tres acusados declararan el miércoles, la extesión de los interrogatorios de Aldama y Koldo, que estuvieron todo el día frente al tribunal, ha provocado que el turno de Ábalos se haya retrasado hasta mañana.

Además de las adjudicaciones de mascarillas, también tendrá que responder, si decide hacerlo, a las acusaciones relativas a su supuesta influencia en la contratación de su expareja Jéssica Rodríguez y de Claudia Montes en empresas públicas, así como a su presunta mediación en el rescate de Air Europa a cambio del disfrute de un chalet en Marbella. Del mismo modo, será interrogado sobre el pago por parte de Aldama de un piso de lujo en el centro de Madrid para Rodríguez, así como sobre el alquiler de un chalé en Cádiz presuntamente vinculado a las gestiones para facilitar a Villafuel la obtención de una licencia para operar con hidrocarburos.

Frente al relato de Aldama, Koldo defendió durante su declaración su inocencia, asegurando que nunca decidió sobre la compra de mascarillas y que la única instrucción que recibió del entonces ministro fue volcarse en garantizar la llegada de material sanitario a España en plena pandemia. Negó además saber que Aldama estuviera obteniendo beneficios económicos de esas operaciones, rechazó haber percibido pagos mensuales de 10.000 euros y salió también en defensa del PSOE, al afirmar que el partido nunca recibió dinero irregular alguno.

No obstante, su testimonio introdujo un elemento de contradicción al reconocer que en algunas ocasiones recogió en Ferraz billetes de 500 euros —las famosas 'chistorras'—, una versión que choca con lo sostenido por el exgerente socialista Mariano Moreno, quien aseguró ante el Supremo en su declaración como testigo que ese tipo de efectivo nunca circuló en la sede nacional del partido.

Este será precisamente uno de los aspectos más esperados del testimonio de Ábalos: las explicaciones que pueda ofrecer sobre su patrimonio y sobre el movimiento de dinero en metálico detectado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Ferraz. Desde el PSOE se ha defendido reiteradamente la legalidad de sus cuentas, atribuyendo esos sobres a compensaciones de gastos vinculadas a su entonces secretario de Organización, aunque los investigadores no lograron determinar el origen concreto de esos fondos.

El peso de la organización criminal

Uno de los elementos clave del juicio será determinar quién encabezaba realmente la supuesta organización criminal, una cuestión fundamental para fijar las penas en caso de condena. El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas situó durante su declaración a Aldama como líder de la trama por ser quien realizaba los pagos, mientras definió a Ábalos como una pieza "fundamental" por su capacidad de influencia desde el Ministerio y a Koldo como el "catalizador" de las operaciones.

Pese a ello, la posición procesal de Aldama podría verse beneficiada por su colaboración con la investigación. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular solicitan para él una pena de siete años de prisión, aplicándole una atenuante cualificada por cooperación con la Justicia.

Su defensa, dirigida por José Antonio Choclán, aspira a que esa rebaja sea considerada muy cualificada, lo que podría incluso evitar su ingreso en prisión. De ahí que para el empresario resulte especialmente relevante desvincularse del papel de máximo responsable de la presunta red y evitar que las acusaciones impulsen un endurecimiento de su condena por liderazgo dentro de la organización criminal.

Tras la declaración de Ábalos, al juicio que se celebra en el Salón de Plenos del alto tribunal desde el pasado 7 de abril sólo le quedará por practicar la prueba documental y escuchar los informes finales de acusaciones y defensas, por lo que podría quedar visto para sentencia el martes.