El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado los recursos de reforma interpuestos por las defensas de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés, y la asesora en Moncloa de Gómez, Cristina Álvarez y no acepta archivar la causa. Además, Peinado ha confirmado que el procedimiento debe continuar por los cauces previstos para el Tribunal del Jurado.
Así consta en una resolución, a la que ha tenido El Independiente. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid detalla la existencia de indicios racionales y suficientes sobre la presunta comisión por parte de Gómez y Barrabés de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. El magistrado justifica la necesidad de mantener unida la investigación argumentando una "conexidad necesaria" entre todos ellos.
Peinado incide en que el tráfico de influencias actúa como el eje principal sobre el que pivotan todas las demás infracciones. Según explica el juez, basándose en lo apuntado previamente por la Audiencia Provincial de Madrid, este delito responde a un "hipotético aprovechamiento de una estructura institucionalizada de poder".
El texto subraya que, sin esa "prevalencia moral" de Begoña Gómez, no podrían explicarse el resto de los actos investigados, tales como el favorecimiento en la adjudicación de contratos, el uso inadecuado de caudales públicos por parte de su asesora, o la aportación de fondos de empresas tecnológicas para el software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que derivaría en una presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Pedro Sánchez.
En esta misma línea, Peinado advierte de que tramitar y enjuiciar estos delitos por separado rompería la continencia de la causa y supondría, en contra de lo alegado por las defensas, una mayor complejidad y dilación para el proceso. El juez reitera que existe una evidente "relación funcional", ya que el tráfico de influencias sirvió presuntamente para perpetrar o facilitar la ejecución del resto de ilícitos.
Asimismo, el juez avala que sea un jurado popular quien asuma todo el bloque de la investigación porque los castigos previstos para estos delitos son parecidos. Al no enfrentarse a penas superiores a los cinco años de cárcel por ninguna de las infracciones, la ley evita que el caso se divida y obliga a dejar la decisión final en manos de un tribunal ciudadano
(Noticia en ampliación)
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