El abogado Miguel Palomero aterrizó el 15 de septiembre de 2025 en el despacho Andersen como socio del departamento de Procesal. Especializado en reestructuraciones e insolvencias, el fichaje del letrado se presentó entonces como una incorporación de peso para la firma. Pero, apenas tres meses después, su etapa en el despacho terminó de forma abrupta. Según ha podido saber El Independiente, Andersen decidió cesarle de manera "fulminante e inmediata" el 14 de diciembre de 2025, tres días después del estallido público del 'caso Plus Ultra', en el que está siendo investigado en la Audiencia Nacional.
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Tal y como aseguran fuentes del caso a este periódico, Palomero fue la cuarta persona a la que se detuvo en el marco de los arrestos practicados el 11 de diciembre de 2025 en la cúpula de la aerolínea. Ese día también se detuvo a su presidente, Julio Martínez Solá; al CEO, Roberto Roselli; y al empresario Julio Martínez Martínez, amigo íntimo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Todos ellos pasaron a disposición judicial el sábado 13 de diciembre ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, cuyo titular, el juez Alfredo Barrera, decretó su puesta en libertad provisional con la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.

Al día siguiente —el 14 de diciembre—, el despacho optó por desvincularse "inmediatamente" de Palomero. Una medida tomada "por principios", noventa días después de su incorporación. No obstante, en su perfil de LinkedIn todavía figura como socio de Concursal, reestructuraciones e insolvencias. También recoge que se licenció y doctoró "con nota sobresaliente" en la Universidad Complutense de Madrid y colaboró con la Universidad de Harvard como fellow en la Harvard Law School.

Llamó a la puerta de Ábalos para "llegar" a las ayudas

El nombre de este abogado aparece 28 veces en el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó este martes la citación de Zapatero para declarar como investigado por los delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias. La causa analiza el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021, y el magistrado considera al expresidente el supuesto líder de una "estructura estable y jerarquizada" que habría favorecido que se otorgara esta ayuda pública a la aerolínea para obtener rédito económico.

Entre las 85 páginas del documento —al que ha tenido acceso este periódico— se recogen varias conversaciones entre Palomero y el accionista y exconsejero de Plus Ultra, Rodolfo Reyes. En una de ellas, del 23 de marzo de 2020, Reyes dice al abogado que necesitan acceder a las ayudas y le pregunta "qué se le ocurre" a nivel político. Textualmente: "Dónde tocar puertas". El abogado le responde: "Tocamos a Ábalos".

Una semana más tarde, el 1 de abril, Reyes envía a Palomero una noticia de prensa en la que el entonces ministro de Transportes aboga por un plan de recuperación para el sector aéreo, y se preguntan "cómo y cuándo tocar" a la puerta de José Luis Ábalos. Unos días más tarde, el letrado informa al exconsejero de Plus Ultra de que habían hecho un "approach" a la "mano derecha del ministro", en referencia al asesor Koldo García. Reyes le contesta que "a ver cómo se puede avanzar".

Paralelamente, la cúpula de Plus Ultra activó la 'vía Zapatero'. Esta fue la que acabó por tener un papel "predominante" y permitió a la compañía alcanzar los objetivos que perseguía, según el juez Calama.

No obstante, la vía hacia Ábalos continuó activa y Palomero confirmó a Reyes el 6 de junio de 2020 que ya había contactado con "el amigo del amigo", con Koldo García. Pasa un mes y el accionista de la aerolínea se impacienta y le insiste: "Necesitamos llegar a Ábalos", "A su mano derecha". Palomero responde: "Vamos a intentarlo". Al día siguiente celebran una reunión con los responsables de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, Roberto Roselli y Alejandro Delgado para "acelerar" los contactos con el Ministerio. Esta línea de influencia desembocó en un encuentro con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, apenas dos semanas más tarde.

Le encargaron pagar 2.000 euros a Jessica

Según la resolución, en diciembre de 2020 el empresario peruano Felipe Baca ——investigado en la causa— encargó a Miguel Palomero la realización de dos pagos. Uno de ellos, por importe de 2.000 euros, iba dirigido a una persona identificada únicamente como "Jessica". La investigación logró asociar posteriormente ese nombre a Jessica Rodríguez García a través de una captura de pantalla de un contacto guardado como "Jess" junto a un número español, cuyo titular correspondía a la entonces pareja del ministro.

La entrega del dinero sufrió retrasos debido al temporal Filomena, que paralizó buena parte de España en enero de 2021, y que finalmente los pagos se habrían efectuado entre los días 18 y 20 de ese mismo mes. El otro pago se realizó por un importe de 3.000 euros a "Alejandra", un contacto con un número de teléfono de prefijo venezolano.