El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cargado este jueves contra la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por vincular unas anotaciones encontradas en una agenda de Julio Martínez Martínez, socio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con un contrato de Adif relacionado con equipos de Huawei por valor de unos 400.000 euros.
La referencia aparece en un informe incorporado al sumario del caso Plus Ultra, en el que los investigadores hallaron las frases “Huawei-100 fin de mes” y “400 contrato”, unas anotaciones que la UDEF relaciona con “el anuncio de una licitación para el suministro de equipamiento de la firma Huawei destinado a su red de datos”.
Según recoge el informe policial, se trata de un contrato “por un valor estimado de 400.000 euros” cuyo objetivo era “la renovación de repuestos para routers y switches ya instalados en la Red Ferroviaria de Interés General”.
Puente ha respondido a estas conclusiones en un vídeo difundido a través de su cuenta oficial en la red social X, donde ha defendido que la interpretación de la UDEF carece de sentido y ha negado cualquier relación entre ese contrato y la trama investigada por el juez José Luis Calama.
"Reponer material"
El titular de Transportes ha explicado que el expediente al que hace referencia el informe policial corresponde a “un contrato de suministro de piezas de recambio de equipos ya existentes” que debe licitarse para “reponer ese material”. Además, ha precisado que en la red ferroviaria española conviven tecnologías de “múltiples proveedores” y que, en muchos casos, estos sistemas “no son elegidos” directamente por Adif, sino que el organismo público saca las licitaciones y son posteriormente los proveedores quienes instalan los equipos.
Pues aquí va el vídeo. Luego que nadie se extrañe de que hablemos de maniobras anti democráticas concertadas. Dudar de todo ya no es solo legítimo. Es una obligación. https://t.co/adFarVHYOT pic.twitter.com/LXhaW56iw3
— Óscar Puente (@oscar_puente_) May 29, 2026
“Se trata de un contrato de suministro de piezas de equipos ya existentes e instalados en la red. Lo dice el propio informe de la UDEF. No sé cómo a partir de ahí puede establecer ninguna conexión que sea útil para la investigación. Me parece absolutamente increíble”, ha afirmado el ministro.
Un suministro a demanda
Puente también ha querido aclarar que el contrato no se suscribió directamente con Huawei, sino con “un industrial español que es el que suministra piezas a demanda”. En este sentido, ha subrayado que la adjudicación se realizó mediante un procedimiento reglado y sin margen de discrecionalidad.
“Es un contrato a precio, que no se adjudica con ningún criterio discrecional o criterio técnico, sino exclusivamente al que haga la oferta económica más ventajosa”, ha señalado. Según ha detallado, al concurso concurrieron tres empresas y la adjudicación recayó sobre la compañía que presentó “una baja del 40% sobre el precio de licitación”.
El ministro también ha explicado que el contrato fue firmado en abril de 2026 y que, hasta el momento, todavía no ha sido ejecutado porque “no ha sido necesario recabar ninguna pieza”.
Absurdo y ridículo
Puente ha cuestionado duramente que el informe policial incorpore este contrato dentro de las líneas de investigación del caso Plus Ultra y ha llegado a calificar esa conexión de “absurda” y “ridícula”. “Es una cosa tan absurda y tan ridícula, que no sé cómo puede un informe policial incluirlo en sus especulaciones”, ha afirmado.
Asimismo, el ministro ha lamentado que ni los investigadores ni algunos medios de comunicación hayan solicitado la versión del Ministerio antes de publicar informaciones sobre el contenido del informe.
Puente también ha acusado a determinados medios de actuar con falta de rigor al interpretar la documentación policial y ha asegurado que tratar de extraer una “conclusión útil” para la investigación a partir de este contrato no supone “otra cosa que embarrar todo”.
Las anotaciones halladas por la UDEF fueron encontradas en documentación atribuida a Julio Martínez Martínez, socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de las diligencias que dirige el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el denominado caso Plus Ultra.
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