El nombre de Nervis Villalobos aparece en dos de las investigaciones más sensibles que salpican actualmente al entorno del PSOE. El que fuera viceministro de Energía en el Gobierno venezolano de Hugo Chávez figura, por un lado, como uno de los presuntos clientes de la red internacional de blanqueo que dio lugar a la investigación del 'caso Plus Ultra'. Y, por otro, como una de las piezas sobre las que habría maniobrado la supuesta trama encabezada por la exmilitante socialista Leire Díez para tratar de influir en procedimientos judiciales abiertos contra el partido o el Gobierno de Pedro Sánchez.
Según la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción incorporada al sumario del 'caso Plus Ultra', Villalobos aparece vinculado a la organización criminal presuntamente dirigida por el empresario peruano Luis Felipe Baca y el financiero holandés Simon Leendert Verhoeven. La Fiscalía sostiene que esta estructura operaba como un "pseudobanco" dedicado al blanqueo mediante sociedades instrumentales y cuentas bancarias repartidas entre Suiza, Reino Unido, Gibraltar, Montenegro o Isla Mauricio.
Los investigadores sitúan a Villalobos como uno de los supuestos clientes de esa red, sospechosa de mover fondos procedentes del entorno chavista venezolano y de operaciones relacionadas con el oro o programas públicos como los CLAP, de distribución de alimentos básicos. El exviceministro ya estaba siendo investigado en España en dos procedimientos de la Audiencia Nacional: uno en el Juzgado Central de Instrucción número 3, por blanqueo y organización criminal; y otras en el JCI 2, también por blanqueo, corrupción internacional y otros delitos.
La pista sobre esta presunta red internacional llegó a España desde Francia y Suiza. Las fiscalías de ambos países llevaban años analizando sociedades vinculadas a Verhoeven, un prestamista afincado entre Suiza y Mallorca que controlaba sociedades como Allpa Wira Trading, Wailea Investment y Valerian Corporation.
Las autoridades europeas sospechaban que parte de los fondos que circulaban por esas sociedades procedían del saqueo de recursos públicos venezolanos, incluidos negocios vinculados al oro y programas de alimentación del régimen chavista. Cuando 16 de los 53 millones del dinero del rescate que se concedió a Plus Ultra terminó en cuentas asociadas a esa estructura, las alarmas saltaron en Suiza y Francia y la investigación acabó por terminar en manos del juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional.
Comprar a un fiscal con 300.000 euros
Es precisamente su situación judicial lo que conecta a Villalobos con la causa secreta que instruye el juez Santiago Pedraz desde el JCI 5 sobre la presunta trama de las cloacas del PSOE, encabezada por la ex militante socialista Leire Díez y en la que el ex 'número tres' del partido, Santos Cerdán, habría ostentado un "papel superior".
El auto judicial, al que tuvo acceso este periódico, sostiene que Leire, junto al abogado Ismael Oliver —letrado de Villalobos e investigado en la causa—, habría desplegado distintas maniobras para favorecer los intereses del exviceministro venezolano. Entre ellas, intentar influir en las causas dirigidas por el fiscal Anticorrupción José Grinda y en las que Villalobos figuraba como investigado.
Según recoge el atestado policial, en el marco de esa colaboración entre Leire, Oliver y Nervis se habría apuntado "la posibilidad de abonar 300.000 euros al fiscal Grinda" para que archivara sus procedimientos, "reconociendo que han sido fruto o consecuencia de actuaciones abusivas" y, además, facilitara información comprometedora sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
La resolución judicial también describe gestiones destinadas a desbloquear la situación administrativa y financiera de Villalobos en España. A petición de Ismael Oliver, Leire Díez habría intentado utilizar sus contactos para acelerar el expediente de nacionalidad española del exviceministro y facilitarle la apertura o recuperación de sus cuentas bancarias.
Las conversaciones intervenidas reflejan incluso contactos directos con Ferraz. El 22 de octubre de 2024, Leire comunicó a Villalobos que "el viernes la va a ver el 'número tres' del partido", en referencia presuntamente a Santos Cerdán. Además, constan mensajes entre Leire y Nervis —guardado en su agenda como "Gerardo"— para coordinar encuentros con Miriam Serrano en la sede del PSOE.
Precisamente, el abogado de Villalobos aparece señalado por el juez Pedraz como una de las personas que habrían participado en la canalización de fondos del PSOE hacia la supuesta fontanera mediante sociedades pantalla. Según el auto, tras cesar los pagos efectuados a través de una mercantil vinculada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías, la organización articuló un segundo mecanismo usando dos sociedades administradas por Oliver: Estudio Jurídico I. Oliver & Partners, y Oliver Gruppe SL.
La resolución sostiene que el PSOE llegó a abonar 27.225 euros al despacho de Oliver mediante una nota de encargo presuntamente falseada y rubricada por la gerente socialista Ana María Fuentes. Posteriormente, Oliver habría transferido exactamente la misma cantidad a Leire Díez desde otra de sus sociedades para "romper la trazabilidad" de los fondos. En una de las conversaciones incorporadas a la causa, Oliver pregunta a Leire qué concepto debía figurar en las facturas. "Consultoría legal y mercantil", responde ella. "Y en la otra yo creo que también debería poner labores de consultoría".
Pedraz atribuye a Oliver presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y actuaciones contra las instituciones del Estado. La UCO también investiga si trató de negociar con Carmen Pano —la empresaria que declaró haber entregado 90.000 euros en efectivo en Ferraz— antes de su comparecencia judicial. Según el sumario, Oliver trasladó a Leire que la declaración "era importante" y añadió: "Si queréis lo negocio yo". La respuesta de ella fue: "Negócialo. Si puedes, hazlo".
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