La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunció hace ahora un año lo que consideraba una operación para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO). Además de obstaculizar las investigaciones que afectaban al entorno del PSOE. Lo hizo el 3 de junio de 2025, cuando presentó una denuncia contra la exmilitante socialista Leire Díez. La denuncia se interpuso por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia.
La actuación de la asociación profesional cobra ahora especial relevancia después de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional haya puesto el foco sobre una presunta organización criminal. Esta organización criminal que, según el auto dictado el pasado 26 de mayo y al que ha tenido acceso El Independiente, habría tratado de influir en procedimientos judiciales y policiales relacionados con causas sensibles para el PSOE, el Gobierno y el entorno familiar del presidente Pedro Sánchez.
Cuando la AUGC acudió a los tribunales hace un año, sostenía que Leire Díez estaba intentando obtener información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe del área de delitos económicos de la UCO. Y que el objetivo era desacreditarle y paralizar las investigaciones que dirigía. La asociación solicitó entonces la declaración de la propia Díez, del mando de la Guardia Civil y del empresario Víctor de Aldama.
El grupo Hirurok
Aquella denuncia fue presentada meses antes de que la Audiencia Nacional comenzara a investigar una trama que, según el auto judicial, estaba integrada por Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero y Joseba Antxón, quienes actuaban coordinadamente a través de un grupo denominado "HIRUROK". La resolución judicial sostiene que la organización operaba desde 2021 para orientar actuaciones de la Administración pública en beneficio propio y valiéndose de su capacidad de influencia.
Según recoge el auto, Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, desempeñó un papel relevante dentro de esa estructura. La investigación sostiene que a partir de los primeros meses de 2024 encargó a Leire Díez coordinar actuaciones destinadas a "desestabilizar y obstaculizar cualquier procedimiento judicial o policial" que afectara a los intereses del PSOE, del Gobierno o de la familia del presidente.
La resolución judicial describe además una estrategia dirigida específicamente contra la Guardia Civil y, en particular, contra la UCO. Uno de los objetivos habría sido construir el relato de una supuesta "UCO patriótica" mediante la presentación de denuncias sucesivas y la difusión de acusaciones dirigidas contra la unidad encargada de las investigaciones más sensibles.
"Desmontar la GC"
Dentro de esa estrategia, el auto recoge que Leire Díez mantuvo contactos con el comandante Rubén Villalba, investigado por cohecho y pertenencia a organización criminal. Según la investigación, le habría ofrecido la posibilidad de "recuperar la trayectoria profesional" si colaboraba aportando información que permitiera "desmontar a la GC" y declarar contra la institución y sus mandos como testigo protegido.
La resolución también atribuye al capitán Juan Sánchez Yepes la filtración de información reservada relacionada con la estructura interna de la UCO y con la identidad de algunos de sus integrantes. Todo ello formaría parte, según el juez, de una operación más amplia dirigida a desacreditar a la unidad.
La actuación descrita por la Audiencia Nacional coincide con las advertencias que la AUGC venía realizando desde hace meses. Tras conocerse el contenido del auto, la asociación recordó públicamente que había denunciado estos hechos antes de que adquirieran dimensión judicial y mediática.
AUGC actuó antes que la justicia
En un comunicado, la organización profesional destacó precisamente que actuó "antes" de que se conocieran las investigaciones y reivindicó el papel desempeñado por la asociación en la defensa de los agentes afectados. La AUGC alertó además sobre la gravedad de utilizar "mecanismos internos como las informaciones reservadas para generar inquietud o presión sobre agentes".
Ese aspecto constituye una de las derivadas más sensibles de la investigación actualmente en marcha. Según las informaciones conocidas en las últimas semanas, el juez Santiago Pedraz analiza si desde la Dirección General de la Guardia Civil pudieron impulsarse expedientes de información reservada contra miembros de la UCO.
La investigación trata de determinar si existió alguna relación entre esas actuaciones internas y las presuntas maniobras desarrolladas por Leire Díez y las personas de su entorno. En concreto, los investigadores buscan establecer si la apertura de esos expedientes pudo responder a peticiones realizadas desde el núcleo investigado.
"Silencio institucional" de Mercedes González
Las pesquisas también podrían afectar a la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Una eventual imputación dependería de que los investigadores encontraran evidencias que acreditaran una relación directa entre supuestas conversaciones mantenidas con integrantes de la trama y la apertura posterior de actuaciones internas contra agentes de la UCO.
La AUGC ha sido especialmente crítica con la respuesta ofrecida hasta ahora por la Dirección General. La asociación denuncia el "silencio institucional" mantenido durante los últimos meses y reprocha la ausencia de un respaldo público a los guardias civiles que trabajan en investigaciones judiciales especialmente sensibles.
"La directora sigue sin respaldar al cuerpo", sostienen, considerando insuficientes las explicaciones ofrecidas hasta ahora. La organización entiende que los agentes de la UCO están siendo objeto de una campaña de presión y desgaste mientras desarrollaban investigaciones ordenadas por jueces y fiscales.
La preocupación de la AUGC no se limita únicamente a la situación de los investigadores. La asociación considera que cualquier intento de interferir en el trabajo de la UCO supone un ataque al normal funcionamiento de las instituciones y al principio de independencia que debe regir las investigaciones judiciales.
Una "independencia absoluta"
Por ello, tras conocerse el contenido del auto de la Audiencia Nacional, la organización volvió a reclamar que la UCO pueda desarrollar su trabajo con "independencia absoluta" y sin ningún tipo de interferencia. Además, reafirmó su intención de continuar ejerciendo la acusación popular en el procedimiento.
El respaldo a los investigadores también ha llegado desde la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), que ha trasladado su apoyo a los agentes de la UCO y ha destacado la labor que desarrollan bajo las órdenes de jueces y tribunales en algunas de las causas más relevantes del panorama político español.
Un año después de aquella denuncia presentada por la AUGC, los hechos que entonces fueron puestos en conocimiento de los tribunales han adquirido una nueva dimensión. La asociación sostiene que las actuaciones que denunció en junio de 2025 encuentran ahora reflejo en una investigación judicial. Esta investigación analiza una presunta operación destinada a desacreditar a la Guardia Civil. Además de presionar a sus investigadores y obstaculizar procedimientos que afectaban al PSOE y al Gobierno.
Mientras la Audiencia Nacional continúa avanzando en las pesquisas, las asociaciones profesionales insisten en una idea de que quienes investigan casos de corrupción o de relevancia política deben poder hacerlo sin presiones, sin campañas de descrédito y con el respaldo expreso de la institución a la que pertenecen.
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