El juez que investiga el rescate que el Gobierno concedió a Air Europa en 2020 ha dejado la puerta abierta a una posible imputación de la actual vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, y del jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha. La primera formaba parte del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas (FASEE), el órgano de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a través del que se articularon los 475 millones en préstamos a la aerolínea de la familia Hidalgo.

PUBLICIDAD

El titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid acordó este lunes abrir causa para investigar el rescate y, por el momento, investiga al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, por un presunto delito de prevaricación administrativa. Según se desprende de su auto, al que tuvo acceso El Independiente, Lora está citado a declarar como imputado a las 9.30 horas del próximo 3 de julio.

En este mismo documento, el magistrado José María Escribano también ordenó requerir tanto a la Sepi como al Consejo Gestor del FASEE que identificase a su secretario y a los cuatro vocales "con voz y voto" en las sesiones de este organismo, así como a los "invitados" a las sesiones sobre el rescate de Air Europa, los técnicos instructores del expediente y los abogados del Estado que redactaron el informe. "Todo ello a fin de ser citados en la forma que corresponda una vez oído el querellado", subraya el juez.

Precisamente, De la Rocha asistió a la reunión del 29 de octubre de 2020 en la que el Consejo Gestor dio el visto bueno a la ayuda, que posteriormente aprobó el Consejo de Ministros. Este martes defendió ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso la legalidad del rescate y su presencia en las reuniones del citado consejo gestor.

Este órgano tenía como misión elevar a la autorización de los rescates al Consejo de Ministros, una vez estudiadas las operaciones y verificado que se ajustaban a la normativa. Lora encabezaba ese consejo, pues el presidente del holding público Vicente Fernández, había sido cesado de su cargo tras su imputación el caso de la mina de Aznalcóllar.

"Entra dentro de la normalidad que el director de la oficina económica de la presidencia del Gobierno participe en reuniones con otros miembros del Gobierno para conocer de primera mano asuntos relevantes en materia económica. Especialmente, cuando se trataba de un nuevo instrumento de apoyo al tejido empresarial que iniciaba su camino. Todo dentro de la normalidad y, por supuesto, de la legalidad", defendió al ser preguntado en sede parlamentaria por su presencia en esos encuentros.

Además de la actual ministra para la Transición Ecológica (por entonces secretaria de Estado), también formaban parte del Consejo Gestor la entonces secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva. Esta última es ahora presidenta del organismo público Patrimonio Nacional, dedicado al cuidado y mantenimiento de los bienes históricamente vinculados a la Corona de España.

También estaba el entonces secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raül Blanco. Tras dejar sus funciones en el ministerio de Industria, fue nombrado presidente de Renfe y más tarde acabó dando el salto a la compañía armamentística vasca Sapa, como director de Estrategia. Asimismo, estaba en el órgano la entonces subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque, una de las mujeres fuertes de la exministra María Jesús Montero. En 2024 fue cesada por el Ejecutivo.

El otro miembro del consejo gestor era el secretario general y director de Asuntos Jurídicos de SEPI, Javier Loriente. Este abogado del Estado ejercía como secretario general del Consejo de Administración de la SEPI y, en 2022, acabó fichando por el despacho Ontier.

La segunda ayuda más elevada

En el caso de SEPI, la de Air Europa fue la segunda ayuda más cuantiosa solo por detrás del rescate de la acerera Celsa (550 millones). Y fue el rescate más rápido en concederse.

Un informe de la Guardia Civil recogía el año pasado cómo que el 3 de septiembre de 2020, el entonces consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, llamó a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, mientras se negociaba la inyección de ayudas públicas a la aerolínea. "Está muy jodido el tema este se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña", le trasladó Víctor de Aldama al asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García.

El FASSE aprobó ayudas para 30 empresas de las 73 recibidas por más de 3.255 millones de euros. "Estas ayudas han permitido el mantenimiento de la actividad y más de 60.000 empleos en empresas de sectores estratégicos de nuestro país. Empresas viables antes de la covid que han podido seguir su actividad gracias al apoyo público", enfatizó De la Rocha.

En su comparecencia en el Congreso defendió que "el Gobierno de España hizo exactamente lo mismo que el resto de las economías occidentales". Es decir, "proporcionar préstamos a las empresas más amenazadas, entre las que destacaban las aerolíneas, que estaban particularmente afectadas por el cese de su actividad".

Además, subrayó que el Fondo también apoyó a Plus Ultra, Air Nostrum o Volotea. Y que, a través del ICO, se habilitaron avales para Iberia (760 millones) y Vueling (260 millones).

Pero la fórmula financiera adoptada por la Sepi logró evitar ese control previo de Bruselas. La norma en la que se basaba la creación del Fondo contemplaba que cualquier rescate por encima de 250 millones debería haber pasado el filtro de la Comisión Europea. Pero la ayuda a los Hidalgo se articuló mediante un crédito participativo de 240 millones y de otro ordinario de 235 millones. En paralelo, se aprobaron otros 140 millones avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). En total, el respaldo público ascendió a 615 millones.