La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha solicitado personarse como acusación popular en el denominado 'caso Leire', la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional sobre la presunta trama impulsada por la exmilitante socialista Leire Díez y que, según los informes incorporados al procedimiento a los que ha tenido acceso El Independiente, habría tenido como uno de sus focos la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La decisión de la asociación llega en un momento de máxima sensibilidad institucional, con la dirección del cuerpo bajo escrutinio político y judicial y con varias actuaciones internas que han terminado en los tribunales. JUCIL da el paso tras las informaciones que apuntan a la existencia de una presunta estrategia orientada a recabar información, cuestionar y presionar a mandos de la unidad investigadora en causas de especial relevancia política.
En su escrito presentado ante la Sección de Instrucción número 5 del Tribunal Central de Instancia, la asociación justifica su personación en la “trascendencia pública” de los hechos y en la necesidad de defender el “buen nombre de la Guardia Civil” y, en particular, de sus unidades de Policía Judicial.
La información reservada
El movimiento de JUCIL coincide con la revelación de un episodio clave en el seno del Instituto Armado. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente frenó la apertura de una información reservada impulsada desde la cúpula de la Guardia Civil contra el jefe de la UCO.
Dicha investigación interna la ordenó el entonces Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, bajo la hipótesis de que determinadas filtraciones de mensajes privados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro José Luis Ábalos, podrían haber tenido su origen en investigaciones desarrolladas por la UCO.
Sin embargo, esa línea de trabajo fue cuestionada internamente por la propia unidad, que señaló que en las fechas analizadas no existía intervención de los dispositivos relacionados con esa causa. El instructor de la información reservada trasladó finalmente la situación al magistrado Leopoldo Puente, que advirtió de las posibles consecuencias de continuar con las actuaciones, lo que desembocó en el archivo del expediente sin diligencias.
Este episodio será uno de los asuntos que previsiblemente sobrevolarán la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, este martes en la Comisión de Interior del Senado.
El foco político: Mercedes González y Leire Díez
La responsable del Instituto Armado deberá responder ante los grupos parlamentarios por su relación con Leire Díez y por el conocimiento que pudiera tener de los contactos que la exmilitante socialista mantuvo con distintos mandos de la Guardia Civil.
La comparecencia la solicitaron varios grupos, entre ellos el Partido Popular, tras trascender reuniones de Díez con agentes del cuerpo, entre ellos el comandante Rubén Villalba y el ex capitán de la UCO Juan Sánchez Yepes. La oposición exige explicaciones sobre el alcance de esos encuentros, su contenido y las posibles actuaciones internas que se activaron en paralelo dentro de la institución.
Según la documentación incorporada al procedimiento judicial, el origen de la crisis se concentra en apenas dos semanas, entre finales de abril y mediados de mayo de 2025, un periodo en el que se suceden alertas internas, informes sobre una supuesta campaña contra la UCO y la apertura de una información reservada posteriormente paralizada.
La UCO y la hipótesis de una estrategia de presión
Los informes policiales incorporados al sumario sostienen que las actuaciones descritas no fueron episodios aislados, sino parte de un contexto más amplio de presión sobre la UCO. Los investigadores apuntan a la existencia de reuniones, contactos y mensajes que reflejarían un interés por influir o condicionar a mandos de la unidad.
Entre los nombres que aparecen de forma recurrente figura el teniente coronel Antonio Balas, jefe del departamento de Delincuencia Económica de la UCO, al que se atribuye un papel central en investigaciones de corrupción y delitos económicos.
En una de las agendas intervenidas a Leire Díez figura una anotación manuscrita breve pero significativa: “Antonio Balas, peligroso”. Además, los informes recogen referencias a otros mandos y la supuesta voluntad de identificar a responsables de investigaciones sensibles.
Crece la presión institucional
La personación de JUCIL añade un nuevo actor a una causa que ya ha escalado al terreno político e institucional. La asociación insiste en que su objetivo es defender la neutralidad de la Guardia Civil y garantizar el respeto a las unidades de Policía Judicial.
“JUCIL no va a permitir que se utilice el nombre de la Guardia Civil como arma de desgaste político, mediático o institucional”, sostiene la organización, que advierte de que exigirá responsabilidades si se acreditan actuaciones dirigidas a presionar o desacreditar a la UCO.
Te puede interesar