Las anotaciones del comandante Rubén Villalba, junto con la información recopilada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ponen de manifiesto una estrategia orquestada por Leire Díez para desacreditar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y, al mismo tiempo, establecer una relación de "confianza" con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Esta dualidad de acciones, que se enmarca en un intento más amplio de "desmontar" la institución y proteger intereses políticos, arroja luz sobre las complejas dinámicas de poder y las presiones ejercidas sobre las fuerzas de seguridad del Estado.
En la segunda reunión con el comandante Villalba, celebrada el 26 de marzo de 2025, Leire Díez expresó un "rechazo total y absoluto" hacia el ministro Marlaska. Según sus palabras, el ministro no contaría con el apoyo del Gobierno, ya que se le responsabilizaba del "desgaste del Gobierno canalizado a través de las operaciones de la UCO". Esta afirmación es crucial, pues sugiere que las investigaciones llevadas a cabo por la UCO, una unidad de élite de la Guardia Civil, eran percibidas como una amenaza directa a la estabilidad del Ejecutivo y, por ende, a los intereses del partido al que Leire Díez representaba.
La animadversión hacia Marlaska se manifestaba en la convicción de Leire de que ella misma "pondría" al nuevo Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, en contraposición a la persona que se rumoreaba para el puesto, a quien consideraba "afín al Ministro Marlaska". Esta declaración no solo subraya su desconfianza hacia el ministro, sino también su percepción de tener una influencia significativa en la designación de altos cargos dentro de la Guardia Civil
Marlaska no, la directora de la Guardia Civil, sí
En contraste con su postura hacia Marlaska, Leire Díez cultivó una relación de "confianza" con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Esta relación se remonta a antes del nombramiento de González en septiembre de 2024. Se evidencia a través de múltiples contactos y reuniones. El contacto de González estaba almacenado en el teléfono de Leire desde junio de 2022, bajo la denominación "Mercedes González Fernández Delegada del Gobierno de C. Madrid".
Tras el nombramiento de González como directora general, se constató la existencia de al menos tres reuniones entre ambas: el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025. Estas reuniones, algunas de ellas en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil, sugieren un canal de comunicación directo y frecuente entre Leire y la máxima responsable del cuerpo.
La "confianza" de Leire en la directora se hizo explícita en varias ocasiones. En una reunión con el capitán Yepes, investigado en diligencias previas, Leire aludió a la relación de "confianza" que mantenía con la Directora y su intención de contactar con ella para trasladarle asuntos relacionados con Yepes. Asimismo, en un mensaje a Vicente, Leire afirmó: "Y recuerda que tengo amistad con la DG de la GC", en el contexto de una conversación sobre una unidad de la UCO.
Una relación de "confianza"
La relación de "confianza" con la directora general se enmarcaba en una estrategia más amplia de Leire Díez para influir en la Guardia Civil y, en particular, en la UCO. Las anotaciones de Villalba revelan que Leire y "los de arriba en el Gobierno" sabían lo que estaba pasando en la Guardia Civil, pero necesitaban "pruebas más objetivas para poder atacar". El objetivo era "intentar desmontar a la GC" y "remover todos los cimientos de la UCO, JI y Generalato para hacer una limpieza".
Para lograr esto, Leire buscaba información sobre mandos de la UCO y otros oficiales, incluyendo acusaciones de "puterío" y de estar "a sueldo de empresarios". También se interesó por la "Operación Cataluña" y la supuesta implicación del teniente coronel Basilio Luis Sánchez Portillo en la fabricación de pruebas falsas y su cercanía al fiscal Grinda.
La UCO, por su parte, detectó que Leire estaba desarrollando una campaña de desprestigio contra la Unidad Central Operativa. Esta campaña culminó con la incoación de una "infomación reservada" por parte de la Dirección General de la Guardia Civil, entre el 9 y el 14 de mayo de 2025, dirigida sobre los investigadores de la UCO. El objetivo de esta investigación interna era, previsiblemente, el esclarecimiento de las filtraciones que podrían haberse producido.
El PSOE pagaba a Leire
La estrategia de Leire Díez no solo implicaba la manipulación de información y la influencia en altos cargos, sino también una financiación significativa. Se ha documentado que el PSOE habría asumido y abonado diversos gastos en favor de Leire y otros miembros del grupo, incluyendo viajes y otros gastos logísticos.
Además, se ha revelado que Leire habría recibido pagos por "consultoría" a través de una sociedad vinculada a Gaspar Zarrías, y que el partido habría asumido la defensa legal de Koldo García, con Ismael Oliver Romero como abogado, bajo la dirección de Leire. Incluso se menciona una anotación en una agenda de Leire sobre "300.000€ xra ayudar un fiscal que tiene un problema con una menor", en referencia al fiscal Grinda, y 50.000€ para intentar cambiar la declaración de la testigo Pano.
Las revelaciones sobre las acciones de Leire Díez dibujan un panorama de injerencia política en las instituciones del Estado. El "rechazo total y absoluto" a Marlaska, combinado con la "confianza" en la Directora de la Guardia Civil, parece haber sido parte de una estrategia calculada para debilitar a la UCO y proteger intereses políticos, utilizando para ello tanto la manipulación de información como la influencia en la designación de cargos y la financiación de actividades. La incoación de una investigación interna contra la UCO, en este contexto, plantea serias preguntas sobre la independencia y la integridad de las fuerzas de seguridad del Estado.
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