Zapatero se negó a contestar sobre un cobro de 200.000 euros de una empresa peruana: "Yo de eso no voy a decir nada"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, evitó dar detalles ante el juez instructor sobre un cobro de 200.000 euros procedentes de una empresa peruana denominada Focus Social Research, con la que colaboró en el año 2024 en calidad de autónomo. Durante su declaración judicial en calidad de investigado, a la que ha tenido acceso El Independiente, el exlíder socialista rechazó precisar la naturaleza de los trabajos realizados y se limitó a remitirse al documento contractual: "Yo de eso no voy a decir nada más. Tengo un contrato de asesoramiento y ya está".

La comparecencia, que tuvo lugar el pasado miércoles en la Audiencia Nacional y en la que Zapatero respondió durante aproximadamente tres horas y media a su abogado y al juez, se abordó, entre otras cuestiones las relaciones financieras del expresidente con la citada consultora. Según expuso el magistrado durante el interrogatorio, Zapatero percibió la suma de 200.000 euros como persona física por supuestos servicios prestados a dicha entidad.

Un contrato genérico de "asesoramiento"

Al ser preguntado directamente sobre si las tareas que desempeñó fueron para Focus Social Research o para terceras empresas, y qué trabajos concretos justificaban dicho desembolso, Zapatero se limitó a responder: "Asesoramiento. Está en el contrato y no voy a profundizar más".

Esta respuesta Calama la cuestionó y le instó a especificar la naturaleza de sus servicios, advirtiéndole de que los términos "asesoramiento" o "consultoría" suelen ser demasiado genéricos en este tipo de contratos. "Usted viene aquí con libertad de declarar, puede no contestar si quiere, pero el juez le está preguntando", le recordó el magistrado, señalando que la empresa peruana aparece reflejada en dos atestados policiales que acompañaban a su citación.

Pese a la advertencia, la postura del expresidente fue inamovible: "No, no voy a decir nada más de esto. Tengo un contrato de asesoramiento y ya está". Con estas palabras, el investigado declinó aclarar el origen y destino de los fondos, remitiéndose únicamente al documento firmado.

La reserva en Portonovo y la sociedad en Dubái

El interrogatorio también se centró en una comida celebrada el 26 de enero de 2021 en el restaurante madrileño Portonovo. Según las pesquisas, la reserva para este encuentro fue gestionada por la secretaria personal del expresidente, Gertrudis Alcazar, quien envió a uno de los escoltas oficiales de Zapatero para realizar la gestión de forma presencial ante dificultades telefónicas.

La hipótesis de la instrucción es que en dicha comida participaron Julio Martínez Martínez —amigo y colaborador de Zapatero— y Tomás Guerrero, un compañero del Partido Socialista experto en el mercado de la comida halal y con conexiones en los Emiratos Árabes Unidos. El juez destacó que, justo al día siguiente de ese almuerzo, se registró un cruce de mensajes en el que se detallaban los pasos para constituir una sociedad en la zona franca de Dubái, denominada Lamsay Dubái.

La investigación apunta a que esta estructura en el extranjero se diseñó para canalizar una presunta comisión del 1%, lo que equivale a 530.000 euros, derivada de un contrato firmado entre la sociedad IDEIA Consultora Estratégica, propiedad de Julio Martínez, y la aerolínea Plus Ultra, relacionado con las gestiones ante el fondo de rescate de la SEPI.

Zapatero negó rotundamente tener conocimiento de estas operaciones o haber dado directrices para crear sociedades en el extranjero: "Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, y es que ni sé lo que es", aseguró, comprometiéndose a revisar su agenda personal para verificar si él mismo asistió o no a la comida de Portonovo.

Petición de medidas cautelares y prisión provisional

La gravedad de los hechos descritos en el auto de imputación, que sitúa presuntamente a Zapatero como líder de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, llevó a las acusaciones a solicitar medidas restrictivas.

La representante del Ministerio Fiscal solicitó formalmente la retirada de todos sus pasaportes, incluidos los de carácter diplomático, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer en el juzgado de forma quincenal, argumentando el riesgo de fuga debido a los constantes viajes internacionales del expresidente y la posible destrucción de pruebas en el extranjero.

Por su parte, la Acusación Popular Unificada mostró una postura dividida. El director de la acusación, en representación del Partido Popular y Ciudadanos, se adhirió a las medidas solicitadas por la Fiscalía. Sin embargo, una mayoría de las acusaciones personadas —integrada por Vox, HazteOír, Iustitia Europa y Liberum— fue un paso más allá y solicitó formalmente la prisión provisional para el expresidente.

La defensa de Zapatero se opuso de forma radical a cualquier medida cautelar, calificándolas de desproporcionadas y basadas en "puras hipótesis". El expresidente, que defendió su inocencia y aseguró no poseer ninguna sociedad ni bienes fuera de España, ofreció firmar un documento de "levantamiento del velo universal" para autorizar que se investiguen sus cuentas en cualquier parte del mundo. Finalmente el juez Calama decidió no aplicar las medidas cautelares propuestas por Fiscalía.