Zapatero admitió al juez que hizo una gestión para Plus Ultra ante el Santander a petición de su amigo Julio: "Llamé para que les atendieran"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero reconoció ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que realizó una gestión a favor de Plus Ultra ante el Banco Santander a petición de su amigo y empresario Julio Martínez Martínez, aunque negó que esa actuación tuviera relación alguna con el rescate público de 53 millones de euros concedido durante la pandemia a la aerolínea por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

A lo largo de sus tres horas de declaración de este miércoles ante el juez, a cuya grabación ha tenido acceso El Independiente, Zapatero explicó al magistrado que Martínez Martínez le pidió que intentara facilitar un contacto con la entidad financiera para que los responsables de la compañía fueran recibidos. "Me pidieron una gestión para que fueran atendidos por el Santander. Me lo pidió Julio Martínez", declaró ante el magistrado. "Yo me limité a llamar al señor Cendoya para que les atendiera", añadió en referencia a Juan Manuel Cendoya, entonces directivo de la entidad bancaria.

El juez le preguntó expresamente si, dada su trayectoria política y la relevancia de la operación, se interesó por quiénes estaban detrás de la aerolínea o cuál era la composición de su accionariado antes de realizar esa gestión. Zapatero respondió que no. "Era una empresa de aviación y le puedo asegurar que a mí me piden gestiones parecidas muchísima gente", afirmó. Según explicó, mantenía una relación de "confianza" con Cendoya y la llamada tuvo como único objetivo facilitar que los directivos de la compañía fueran escuchados.

La gestión adquiere relevancia dentro de la investigación porque en la causa figura una carta remitida al Santander en la que se hacía referencia a unas supuestas instrucciones procedentes del expresidente. Sin embargo, Zapatero se desvinculó de ese documento. "Esa carta no la hago yo, evidentemente", aseguró.

El expresidente también negó que la llamada tuviera continuidad o que hubiera realizado seguimiento alguno de la petición. Preguntado por si volvió a hablar con Cendoya sobre Plus Ultra o si recibió información sobre el resultado de aquella gestión, respondió que no. "No tuvimos más comunicaciones al respecto. Fue un dato que pasó completamente", sostuvo.

Negó haber influido en el rescate

A lo largo de su comparecencia, el expresidente rechazó de forma reiterada haber realizado cualquier intervención ante responsables públicos para favorecer la concesión del rescate de 53 millones de euros a la aerolínea en 2021. "No hablé con ninguna autoridad, funcionario o empleado público sobre el rescate de Plus Ultra", afirmó. También negó haber realizado gestiones ante la SEPI o ante miembros del Gobierno y defendió que toda su actividad profesional se desarrolló dentro de la legalidad.

A preguntas del instructor, Zapatero insistió además en que ni siquiera conocía a los propietarios o máximos responsables de la compañía cuando realizó la llamada al Santander. "No conocía quiénes eran la composición de la dirección, de la estructura ni del accionariado de Plus Ultra", aseguró.

La declaración se enmarca en la causa en la que Calama investiga una presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales vinculada al rescate de la aerolínea. Según la tesis del magistrado, Zapatero se situaría en el "vértice" de una supuesta organización criminal dedicada a favorecer los intereses de terceros para extraer un beneficio económico.

No desmonta los "indicios de criminalidad"

De hecho, el juez concluyó posteriormente que las explicaciones ofrecidas por el expresidente durante su comparecencia no habían conseguido desmontar los "indicios racionales de criminalidad" expuestos en el auto por el que acordó su imputación el pasado mes de mayo. En una resolución dictada el mismo miércoles, Calama sostuvo que los elementos que sustentan la investigación permanecen vigentes y que la instrucción continúa en una fase todavía "embrionaria", por lo que los indicios existentes podrán consolidarse o disiparse a medida que avance la causa.

No obstante, el magistrado rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y varias acusaciones populares, que habían pedido la retirada del pasaporte, la prohibición de salida de España y comparecencias periódicas en el juzgado. El instructor descartó que exista riesgo de fuga o de destrucción de pruebas y destacó la "notoriedad" pública del expresidente como uno de los factores que dificultan que pueda sustraerse al procedimiento judicial.