Así funciona el reparto de menores migrantes que volverá a enfrentar a las comunidades de PP y Vox con el Gobierno

Tanto PP como Vox se oponen a la acogida de menores migrantes no acompañados después de la última entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales del mes pasado, y tras un nuevo intento no exitoso este fin de semana. Los primeros hablan de un crisis de soberanía, puesta en peligro por la entrada amplia de personas, de más de 80.000 de las que apenas quedan 8.000 en la ciudad autónoma, los socios minoritarios hablan de "invasión" y recalcan que en los acuerdos alcanzados con el PP se especifica un rechazo contundente a más acogidas. También de menores. Se trata de enclaves como Extremadura, Aragón, Andalucía y Castilla y León, además de la Comunidad Valenciana, donde dependen de los de Santiago Abascal para la gobernabilidad a menos de un año de las elecciones.

Ambos no podrán oponerse en todo caso a la recepción inmediata de los menores que determine el sistema de reparto vigente, aunque sí mostrar su rechazo y acogerse a las herramientas legales disponibles, como por ejemplo un recurso judicial a instancias como el Constitucional. El PP, a través de su diputado y vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, Elias Bendodo, aseguró que "cumplirá la ley". Ya en 2024, con una de las crisis humanitarias de mayor impacto reciente, la de Canarias, tensionó a Gobierno central y los autonómicos, mayoritariamente del PP. Incluso llevó a la ruptura a los populares y a Vox en Extremadura, Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León. Por ahora ese escenario no se contempla por ninguna de las partes de acuerdo a lo firmado. Fuentes del Gobierno señalan que mientras se han tejido esos pactos, incluso, se han formalizado acogidas autonómicas.

De hecho, este lunes, el PP ha vuelto a reiterar la necesidad de los retornos de "todos" los migrantes que se encuentran aún en Ceuta, incluido el de esos menores. Se aferran a que hay contemplaciones desde la UE de Marruecos como "país seguro", o que hay acuerdos bilaterales con el país así como reclamación de Rabat para las vueltas con las familias o para ponerse bajo tutela de los servicios sociales, aunque como publica El Independiente, existen matices y limitaciones que alejan a España de esa posición. Entre otras, antecedentes de sanciones judiciales por devoluciones sin respetarse los procedimientos vigentes.

Por ahora, las cifras de menores registrados por el Gobierno en Ceuta, tras esta última llegada migratoria, roza casi los 1.900, según los datos actualizados este lunes. Supone un incremento de 500 menores respecto al 7 de julio, cuando la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, declaró 1.342 menores y el inicio en "pocas semanas" de las derivaciones a la Península, que pueden generar más tensión política a la ya establecida. Fuentes del Ejecutivo estiman que puede haber un total de 2.500, aunque algunas entidades como la ONG Save the Children aseguran que ese número puede aproximarse más a 4.000 menores.

Save the Children casi duplica las cifras estimadas por el Gobierno. Apuntan a que unos 4.000 menores no acompañados están en Ceuta

Ya en la crisis canaria de 2024 las comunidades aquejaron una importante saturación de los servicios de acogida de menores. Las más duras fueron las populares, que denunciaron colapso e incapacidad de recepciones bajo parámetros básicos de derechos humanos. En casos como Baleares, Castilla y León o Valencia se superaba el 150% de ocupación. Un 200% en el caso de Murcia. Entre el 115 y el 120% en Andalucía y Aragón. En el último año, algunas comunidades mantienen los datos, como Murcia, y otras como Aragón ya afirman rebasar ese 200%. Cualquier propuesta de traslado abrirá la polémica. Por un lado, porque las comunidades con mayor capacidad de recepción o cuentan con Vox dentro del Gobierno, caso de Andalucía o la Comunidad Valenciana, o condicionan la presión de Junts al Gobierno [la Generalitat está dispuesta a colaborar], caso de Cataluña, o cuentan con un rechazo sólido de su presidenta, como Madrid e Isabel Díaz Ayuso.

Mecanismo de contingencia extraordinaria

Derivada de esa crisis canaria hace dos años, que desbordó los servicios de acogida y sanitarios –triplicó las poco más de 2.000 plazas existentes– el Gobierno reformó la Ley de Extranjería. Sin éxito por la vía de la negociación, por el rechazo frontal del PP o partidos como Junts, optó por un real decreto ley que fue convalidado en el Congreso en abril de 2025 y establecía repartos obligatorios ante la saturación de esos servicios en situaciones extremas de cualquier comunidad. Se establecían dos criterios, que lo pidiese por unanimidad la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, o si una comunidad triplica su capacidad ordinaria de recepción. Es lo que sucede ahora en Ceuta, que dispone de 27 plazas y que ante esos datos de más de dos millares de menores se aleja con contundencia de esas 81 plazas máximas. Excede en un 3.000% su capacidad real.

Ante esa evidente saturación, una vez finalicen los registros de menores, se activará la declaración de contingencia migratoria extraordinaria. El registro irá acompañado de una propuesta de traslado a una comunidad contemplando el nivel de saturación de la misma. Y tras una audiencia con el menor y con las autoridades competentes de esa región, no puede prolongarse en más de quince días naturales la derivación al sistema. Aunque la sobredimensión de la situación actual puede ampliar ese plazo incluso a algunos meses. Como excepción, si hay dudas de la edad de los presuntos menores, el traslado se efectuará para atenuar la presión del lugar de origen lo antes posible y se procederá a resolver la incógnita en el lugar de destino.

¿Cómo se determina la comunidad de destino?

No habrá posibilidad de acuerdo en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, advierten fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, por lo que se seguirán unos criterios concretos que han permitido llegar a la Península en el último año a algo menos de 1.800 menores.

En primer lugar, y con mayor peso, el nivel de población de cada territorio, cuanto más amplio, mayor capacidad de recepción. En segundo lugar, se atenderá a la renta bruta de los hogares, a mayor capacidad, más opciones de traslado. Las cifras de paro son un atenuante, que aleja a los territorios de conceder más plazas. También se observará si anteriormente estas comunidades han protagonizado ya un esfuerzo amplio, por lo que Melilla, Canarias o Baleares difícilmente serán receptoras. La ubicación geográfica también cuenta, no se atienden por igual zonas fronterizas e insulares que peninsulares. No en menor medida, se tendrá en cuenta los informes del Ministerio Fiscal y el criterio del menor, especialmente si algún familiar reside ya en una comunidad. También si este desea retornar a su país de origen.

Asociado a ese esfuerzo, se contemplarán las plazas disponibles y si se triplican o no. El año pasado, el real decreto que modificó la Ley de Extranjería actualizó el número de plazas disponibles en centros en cada autonomía siguiendo criterios de población. Se superó un total de 17.000 en todo el país. Andalucía cuenta con 2.827, Cataluña con 2.650, Madrid con 2.325, Valencia con 1.767, Galicia con 886, Castilla y León con 783, Canarias con 737, País Vasco con 731, Castilla-La Mancha con 629, Murcia con 517, Aragón con 441, Baleares con 406, Extremadura con 344, Asturias con 331, Navarra con 223, Cantabria con 194, La Rioja con 107 y los 28 y 27 ya mencionados que corresponden a Melilla y Ceuta.

Las quejas de las regiones del PP

En todo caso, las comunidades vienen denunciando que el calculo matemático aplicado en función de la población no es real dado que no por tener mayores niveles se dispone de mayor capacidad o de plazas. Algunas como Madrid o Galicia aseguran que la presión ya no les permite asumir más. En este segundo caso, por ejemplo, el Gobierno le asigna el doble de la ocupación actual que cuenta la autonomía de Alfonso Rueda, mientras que su administración asegura que cuenta ya con el 108% de su ocupación. Desde la Xunta apuntan que ha hecho falta abrir un nuevo centro en Monforte de Lemos y ven dificultado por esa presión una de sus máximas, el acogimiento familiar.

La estimación del Gobierno respecto a la que hace la autonomía de turno también ha afectado a Extremadura. Mientras que la Junta calcula 119 plazas, desde Madrid se calculan un total de 364. Los de María Guardiola aseguran que solo disponen de doce plazas libres a día de hoy. Desde Juventud e Infancia, además de esas acogidas gubernamentales –tanto en centros como en pisos tutelados–, se comenta el intento de que sean algunas ONG las que también colaboren en la tutela.

Sin temor a impedimentos en ese reparto

Aunque el enfrentamiento será patente, desde el Gobierno no se prevé que haya una oposición frontal más allá de cualquier recurso judicial. Ven incluso a Vox lejos de una situación de rebeldía que pueda complicar el asunto para el PP. Si bien el asunto migratorio apunta a convertirse en uno de los ejes clave de los dos potenciales socios de Gobierno de cara a las próximas elecciones generales, uno de los primeros pasos de Vox en esta crisis ha sido la de ofrecer en Ceuta un pacto a Vivas para romper con el PSOE –que se mantiene muy crítico con la postura del Gobierno–, y aliarse en coalición para gobernar los próximos meses.

Por otro lado, descartan que Génova ponga impedimentos más allá de la retórica a sabiendas del prejuicio que eso ocasionaría al Gobierno de Juan Jesús Vivas, más con la tensión en la calle, que ha conllevado abucheos a todos los ministros que han viajado a Ceuta. El actual momento político se sitúa en el cruce de acusaciones. Después de semanas en el que el PP viene cargando contra la "inacción" del Ejecutivo central, en este inicio de semana la ministra de Sanidad, Mónica García, caldeó el ambiente culpando al PP ceutí de no haber habilitado espacios seguros como sí hicieron en 2021. La ministra de Migraciones, Elma Saiz intentó rebajar posteriormente la tensión con su visita este lunes a Ceuta, y con el anuncio de espacios para 1.500 migrantes.

Tampoco hay temor en lo que respecta a Cataluña. Otras fuentes de Moncloa quitan hierro a que una distribución en Cataluña perjudique al Gobierno en su relación con Junts, en un momento en el que no tiene que votarse nada sobre inmigración y en el que ya de por sí los de Carlos Puigdemont se encuentran distanciados del PSOE y los socios.