El PSOE y el Gobierno han salido este miércoles en defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante la filtración de información de la causa sobre Plus Ultra en la que se encuentra imputado y que considera que vulnera su privacidad.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional intervino decenas de conversaciones entre el expresidente del Gobierno y su secretaria, Gertrudis Alcázar, que se han hecho públicos este miércoles.
Al respecto, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha condenado la difusión de material ajeno al objeto de la causa a través de su perfil en X, y ha asegurado que "filtrar conversaciones privadas e información médica ajenas a una causa judicial es una gravísima violación de la intimidad". "Nada justifica convertir la vida privada de una persona en munición política", ha añadido en un mensaje publicado en redes sociales, en el que se ha preguntado: "¿Quién va a parar esta deriva antidemocrática?".
Filtrar conversaciones privadas e información médica ajenas a una causa judicial es una gravísima violación de la intimidad.
Nada justifica convertir la vida privada de una persona en munición política.
En serio: ¿quién va a parar esta deriva antidemocrática?— Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) June 24, 2026
Desde el PSOE sostienen que la investigación de una persona debe centrarse en los hechos relacionados con el procedimiento judicial y advierten de que la exposición pública de aspectos privados sin vinculación con la causa genera indefensión y desborda los límites que deben regir cualquier actuación judicial. "España es un Estado de derecho. No todo vale", remarcan fuentes socialistas.
En la misma línea, fuentes del Gobierno han expresado su preocupación por la creciente frecuencia con la que se producen filtraciones en causas judiciales en curso, especialmente cuando la información difundida "no guarda relación con el objeto de las investigaciones y vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas".
El Ejecutivo defendió además que los derechos fundamentales "no son negociables" y subrayó la necesidad de proteger de forma prioritaria el derecho a la intimidad y a la privacidad. Según el Gobierno, seguirá trabajando para garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos.
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