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Juan Manuel Medina, abogado: "Peinado no va a ser apartado del caso de Begoña Gómez"

El abogado penalista Juan Manuel Medina
El abogado penalista Juan Manuel Medina.

Juan Manuel Medina es uno de esos abogados que creen en la justicia garantista y respetuosa con los principios procesales. Penalista, socio fundador de Medina Abogados, colaborador de la Asociación SOS Desaparecidos y de la Asociación Clara Campoamor y de varios programas de televisión, se sienta con El Independiente para analizar la actualidad política y judicial en el marco del ‘caso Begoña Gómez’, la actuación del juez Juan Carlos Peinado y la situación del Gobierno y la oposición. Además, ofrece una mirada personal sobre la independencia judicial, el concepto de 'awfare, los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo y el deterioro de la clase política española.

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P.- ¿Cómo valora la instrucción que está llevando a cabo el juez Peinado en el procedimiento relacionado con Begoña Gómez, desde el punto de vista de las garantías procesales?

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R.- Tengo mucho respeto por el juez Peinado. Creo que es un señor que ha demostrado sobradamente su valía. Ahora bien, el juez Peinado adolece, y lo digo desde el respeto, de cierta extravagancia. Por ejemplo, cuando cita en días festivos. Los abogados debemos ser conscientes de que la instrucción no tiene días ni horas inhábiles, pero me parece excesivo retirarle el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno. Lo considero innecesario. Y es una opinión jurídica completamente alejada de cualquier vertiente ideológica.

P.- En base a la normativa del Consejo General del Poder Judicial, ¿podría el juez Peinado estar expuesto disciplinariamente por sus resoluciones en este caso?

R.- El juez Peinado, en ningún caso, va a ser apartado del caso. Ahora bien, sí es posible que las manifestaciones alusivas a la posible colaboración de los miembros de las Cortes o de la Policía Nacional en una supuesta fuga de Begoña Gómez sean, cuando menos, desafortunadas y sí puedan ser susceptibles de que le den un toque de atención. En ese sentido, igual que he dicho que todo mi respeto para el juez Peinado, para la instrucción que está haciendo y para su figura como miembro de la judicatura, creo que se ha equivocado.

P.- Antes ha dicho que su opinión sobre el juez Peinado se alejaba de cualquier vertiente ideológica. Pero ¿qué opinión le merece el actual Gobierno?

R.- Creo que este Gobierno tendría que haber dimitido hace muchos años. Yo soy demócrata y, por eso, asumo la legitimidad de las urnas, pero creo que esa legitimidad la ha perdido hace mucho tiempo. Todo lo que está rodeando a este Gobierno lo confirma: su mujer con apertura de juicio oral, sus dos números dos, tanto Ábalos como Cerdán, investigados; uno ya condenado a 24 años por el Supremo y el otro pendiente de juicio; el caso Leire…Todo tiene un límite. La legitimidad que en su día le pudieron dar las urnas y sus pactos con distintos partidos ha quedado completamente desvirtuada.

Tenemos una oposición pobre, débil y poco fiable. Eso hace que este Gobierno se haya perpetuado más de lo necesario

P.- ¿Cree, entonces, que se deberían disolver las Cortes?

R.- Sí, se deberían convocar elecciones. Si la gente le vuelve a votar, la legitimidad de las urnas se habrá renovado. Pero si la gente vuelve a revalidar la confianza de un Gobierno en la situación en la que nos encontramos...

P.- ¿Piensa que José Luis Rodríguez Zapatero está teniendo algún tipo de influencia en las decisiones que está tomando este Gobierno?

R.- Sí. Considero que Zapatero es el arquitecto del Gobierno que estamos padeciendo, y digo “padeciendo” porque no hay otro término para manifestarlo.

P.- Y sobre la oposición, ¿opina que está a la altura?

R.- Tenemos una oposición pobre, débil y poco fiable. Eso hace que este Gobierno se haya perpetuado más de lo necesario. Si estuviera Aznar en la oposición, seguramente ya hubieran convocado elecciones o hubieran podido hacer una moción de censura. Una oposición que no es capaz de llegar a acuerdos ni a pactos con nadie no se puede sostener. Y no me refiero solamente al Partido Popular.

P.- El concepto lawfare, ¿es un término con utilidad jurídica real o es más bien mediático?

R.- Es de carácter político-mediático. Además, todos lo van a utilizar cuando les convenga, y esto no funciona así. Según nos dé el aire, diremos que las resoluciones judiciales forman parte del lawfare o diremos que están ajustadas a derecho. Es otro síntoma más de la poca altura de miras que tiene la clase política, y me refiero en general. Siento tener que decir esto, pero no me convence ningún partido político del espectro actual. Creo que tenemos la peor clase política y la de más baja altura de todos los tiempos desde que existe la democracia. Cada día se va degradando más su capacidad. Se ha perdido la catadura moral, la talla intelectual y, sobre todo, el sentido de Estado. Hablo de un extremo al otro del arco parlamentario. Están haciendo buenos a políticos que no lo eran hace unos años.

P: En el contexto actual, en el que se han denunciado presuntas coacciones hacia jueces, fiscales y miembros de la Policía Judicial –como en el caso de Leire Díaz–, ¿cómo puede responder el Estado de derecho?

R: No deben permitirlo. Creo que, si eso es así, lo que deben hacer esos jueces o fiscales es denunciarlo automáticamente, denunciarlo y demostrarlo. Efectivamente, eso es un atentado contra la independencia judicial y contra el Estado de derecho. Forma parte de las tácticas mafiosas y de la mala praxis que se está imponiendo en la nefasta clase política que estamos padeciendo.

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