El PP ha lanzado una ofensiva para "fiscalizar" y exigir "garantías" sobre el "mayor proceso de nacionalización" que está impulsando el Gobierno y que, según este partido, "afecta a 2,6 millones de personas". Así, quiere que comparezca el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pide a la Abogacía del Estado un informe sobre la externalización del proceso y exige copia del expediente de contratación de la empresa pública Ineco para tramitar expedientes, así como de la empresa cubana Palco.
El registro de estas iniciativas se produce después de que esta semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de practicar "ingeniería electoral" para conseguir "nuevos votantes" a través de la llamada 'Ley de Nietos' porque "no le salen las cuentas". Eso sí, los 'populares' han rechazado hablar de "pucherazo" como sí apuntan desde Vox.
El PP ha indicado que lo que pretende con esta "ofensiva informativa" es que el proceso iniciado por el Ejecutivo "por la puerta de atrás se haga con todas las garantías, informando al conjunto de los ciudadanos a través del Parlamento español". "Esto no va de votos, sino de garantizar el cumplimiento de la ley y de ofrecer a todos los ciudadanos unos servicios públicos de calidad", ha afirmado la formación en un comunicado, según Europa Press.
Conocimiento de los consulados más afectados y sus medios
En primer lugar, el PP solicita la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores en el pleno del Congreso para informar, entre otras cosas, del funcionamiento de los registros civiles consulares, el sistema de cita previa, los plazos de resolución de expedientes, el número de solicitudes de nacionalidad recibidas, aprobadas, denegadas y pendientes de todo el proceso de nacionalización.
Además, el PP quiere recabar de la Abogacía General del Estado un informe sobre "la externalización llevada a cabo por el Gobierno para realizar labores de apoyo a los consulados en el procedimiento impulsado por el Gobierno para la tramitación de expedientes de obtención de nacionalidad", según ha informado en un comunicado.
El PP también pide conocer los consulados más afectados, los medios humanos, materiales y presupuestarios desplegados por el Ministerio, los criterios jurídicos y administrativos aplicados en la tramitación de los expedientes y las garantías documentales, registrales y censales adoptadas por el Gobierno para este proceso.
Igualmente, el PP exige al ministro que informe de las medidas previstas por el Gobierno "ante la saturación de los servicios consulares derivada del elevado volumen de solicitudes, especialmente en los países hispanoamericanos más afectados".
En este sentido, el PP exige la copia de los tres expedientes completos de contratación de la empresa pública vinculada a la dictadura cubana, Grupo Palco, por importe total de 1.602.217 euros, para la contratación de personal al servicio del Consulado de España en La Habana, para realizar labores de apoyo de todo tipo y también como refuerzo en la tramitación de expedientes de obtención de la nacionalidad española.
Los 'populares' también solicitan la copia del expediente completo de contratación de la empresa pública Ineco para realizar labores de apoyo en la tramitación de expedientes, según añade en el mismo comunicado.
Batería de preguntas parlamentarias
Asimismo, el PP presentará una veintena de preguntas parlamentarias reclamando al Gobierno, entre otras cosas, información desglosada del número de solicitudes de nacionalidad por oficina consular.
De la misma manera, quiere recabar información sobre el criterio que se está aplicando para determinar el orden de resolución de solicitudes indicando si se tramitan por orden de presentación de cita previa, de incoación de expediente, de documentación completa por oficina consular o por algún otro criterio.
El Grupo Popular también exige información de los criterios utilizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores para distribuir los refuerzos de personal entre las distintas oficinas consulares y qué previsión tiene para reforzar aquellas demarcaciones con mayor número de solicitudes, tiempos de espera y expedientes pendientes.
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