El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este jueves investigar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al Director Adjunto Operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, en el 'caso Leire', según ha avanzado Vozpópuli y han confirmado a El Independiente fuentes jurídicas. El magistrado les imputa los supuestos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia y los cita a declarar a las 10.15 horas del próximo 16 de julio.
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El instructor acepta así la petición presentada esta mañana por la Fiscalía Anticorrupción y que avanzó este periódico. También las acusaciones populares habían pedido este miércoles ambas imputaciones, así como la del anterior director general del Instituto Armado, Leonardo Marcos. No obstante, por el momento el juez no ha acordado investigar a este último, según precisan las citadas fuentes.

Desde el Ministerio del Interior aseguran que el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska "mantiene su confianza" tanto en la directora Mercedes González y el DAO Manuel Llamas, y apuntan que seguirán ejerciendo sus funciones y mostrando "la máxima colaboración" con la justicia.

Las reuniones con Leire Díez

Entre los elementos en los que se apoyaban para justificar sus peticiones figuran los informes elaborados por la propia UCO —a los que ha tenido acceso este periódico—, que sitúan a Mercedes González y a Leire Díez en al menos tres reuniones celebradas tras el nombramiento de la primera como directora general de la Guardia Civil: el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, así como el 2 de abril de 2025. Según las conversaciones intervenidas a la supuesta 'fontanera' por los agentes de la UCO, después de este último encuentro Díez escribió al abogado Jacobo Teijelo —también investigado—: "Ayer no estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo aumentando esa vía".

Asimismo, los agentes localizaron anotaciones manuscritas en las agendas de Díez en las hacía referencia a "armar lo que quiero hacer con la UCO a nivel administrativo" y a una "investigación interna G.C. para filtraciones". En otra grabación incorporada a la causa, correspondiente a una reunión celebrada en diciembre de 2024, la supuesta 'fontanera' afirmaba: "Mi siguiente conversación va a ser con la Directora de la Guardia Civil (…) Es de mi confianza".

Las acusaciones también vinculaban esos contactos con la apertura de varias informaciones reservadas dentro de la Guardia Civil dirigidas contra miembros de la UCO. En ese sentido, citaban las declaraciones prestadas durante la instrucción por distintos mandos del Instituto Armado, quienes calificaron de "excepcionales" y "no habituales" esos expedientes internos y aseguraron haber recibido indicaciones para "ponerse de perfil" y "no ser proactivos" en determinadas investigaciones con "afectación política".