La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el Instituto Armado, ha acusado al Ministerio de Defensa de aplicar un "doble rasero" disciplinario al mantener en su puesto al director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, mientras que, según denuncia, aparta cautelarmente de sus funciones a agentes de menor rango por situaciones procesales de menor entidad. La organización ha remitido una queja formal a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que le pide que reconsidere la decisión de no incoar expediente disciplinario al número dos de la Guardia Civil y que le aplique el mismo criterio que al resto de miembros del Cuerpo.
La iniciativa llega pocos días después de que la Asesoría Jurídica General de Defensa resolviera no abrir expediente disciplinario ni adoptar ninguna medida cautelar contra Llamas, investigado por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en el denominado caso Leire. El departamento justificó esa decisión en la prevalencia de la jurisdicción penal sobre la administrativa sancionadora y dejó abierta la posibilidad de actuar más adelante, si evoluciona su situación procesal.
Tribunal Militar Central
Ese razonamiento es precisamente el que centra la crítica de AUGC. En el escrito remitido a Defensa, la asociación sostiene que el argumento empleado por el Ministerio contradice la doctrina mantenida por la jurisdicción militar sobre la adopción de medidas cautelares en expedientes disciplinarios. Recuerda que distintas resoluciones del Tribunal Militar Central, posteriormente confirmadas por el Tribunal Supremo, han establecido que el cese cautelar no requiere la existencia de una sentencia firme ni queda impedido por la existencia de un procedimiento penal, al tratarse de una medida de naturaleza no sancionadora.
En concreto, la asociación cita una resolución que sostiene que para adoptar esas medidas "tan solo es preciso que exista una mínima noticia, racionalmente suficiente, de la existencia de unos hechos" que, a juicio de la autoridad disciplinaria, justifiquen el cese cautelar.
A partir de esa jurisprudencia, AUGC reprocha a Defensa haber cambiado de criterio precisamente cuando el investigado ocupa el máximo puesto uniformado del Instituto Armado. "Esta Secretaría no alcanza a comprender por qué un criterio jurisprudencial consolidado, aplicado sistemáticamente para sostener la suspensión inmediata de agentes ante meros indicios policiales, se abandona precisamente cuando el investigado ostenta el empleo de Teniente General y ocupa el segundo puesto de mando del Cuerpo", afirma el escrito.
"Numerosos expedientes disciplinarios"
La asociación sostiene que esa diferencia de trato contrasta con la práctica habitual aplicada a los guardias civiles de las escalas básicas. Según expone, existen "numerosos expedientes disciplinarios" en los que la Administración acuerda la apertura del procedimiento y el cese cautelar ante "una simple denuncia, un atestado policial, una detención o un auto judicial que atribuye la condición de investigado", sin necesidad de esperar al desenlace del procedimiento penal.
Como ejemplo, el escrito cita un expediente tramitado en la Comandancia de A Coruña en el que un agente fue suspendido cautelarmente después de adquirir la condición de investigado para prestar declaración en una pieza separada de un procedimiento penal cuyo objeto principal, según subraya la asociación, "ni siquiera concierne directamente al interesado".
Más allá del aspecto jurídico, AUGC considera que mantener a Llamas al frente de la estructura operativa de la Guardia Civil perjudica la imagen de la institución y mina la confianza de los agentes en la aplicación del régimen disciplinario. La asociación sostiene que la situación está provocando un "daño reputacional creciente para la Guardia Civil" y que muchos miembros del Cuerpo "no comprenden, ni tienen por qué comprender", que quien ha sido investigado por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia continúe ejerciendo el mando operativo.
El Código de Conducta de la Guardia Civil
En su escrito también recuerda que el Código de Conducta de la Guardia Civil exige que la autoridad ejerza el mando "basado en el ejemplo y el liderazgo personal", así como evitar cualquier comportamiento que pueda comprometer el prestigio del Instituto Armado. En esa línea, sostiene que el deber de ejemplaridad resulta aún más exigente para quienes ocupan los puestos de mayor responsabilidad dentro de la organización.
La queja concluye solicitando a Robles que reconsidere la resolución adoptada y valore la apertura de actuaciones disciplinarias y, en su caso, la adopción de medidas cautelares respecto al DAO "con arreglo al mismo criterio jurisprudencial" que, según denuncia, se aplica de forma habitual al resto de guardias civiles. Además, reclama que se establezcan mecanismos que garanticen "la igualdad de trato en la aplicación del régimen disciplinario y de las medidas cautelares entre la totalidad del personal de la Guardia Civil, con independencia de su empleo o destino", y pide una respuesta expresa y motivada a su escrito.
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