La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado la absolución de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno; de su exasesora Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés en la causa que investiga la creación y financiación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso El Independiente, el Ministerio Público sostiene que "los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal" y concluye que, "sin delito, no hay autor".

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La posición de la Fiscalía choca frontalmente con la del juez instructor, Juan Carlos Peinado, que el pasado 20 de junio acordó la apertura de juicio oral y envió la causa al Tribunal del Jurado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Además, impuso a Gómez y a Álvarez la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer quincenalmente en sede judicial.

Precisamente, esta semana el magistrado rechazó el recurso presentado por la defensa de Gómez contra esas medidas cautelares y llegó a justificar el riesgo de fuga afirmando que "no sería la primera vez" que un presidente del Gobierno de un Estado miembro de la Unión Europea huye ante una investigación por corrupción.

Sin perjuicio económico ni actuación delictiva

En relación con Cristina Álvarez, la Fiscalía recuerda que ocupa desde julio de 2018 el cargo de directora de programas de la Presidencia del Gobierno, un puesto de confianza destinado a asistir al cónyuge del presidente y que, según destaca, ha existido en todos los gobiernos desde la Transición, aunque carezca de regulación específica.

El fiscal considera acreditado que desempeñó las funciones propias del puesto —gestión de agenda, coordinación de desplazamientos y relaciones con protocolo y seguridad— y sostiene que la ayuda puntual prestada a Gómez en actividades vinculadas a la Universidad Complutense no ocasionó perjuicio alguno para las arcas públicas ni generó un beneficio económico ilícito.

Respecto al empresario Juan Carlos Barrabés, el escrito señala que conoció a Begoña Gómez en torno a 2019, antes de la pandemia, tras coincidir en varios actos públicos. Ambos impulsaron entonces un proyecto de plataforma para pymes y organizaciones sociales que finalmente no llegó a desarrollarse por falta de viabilidad económica.

Posteriormente, Barrabés colaboró como profesor en el máster dirigido por Gómez en la Complutense, percibiendo, según la Fiscalía, la remuneración fijada reglamentariamente por la universidad y sin que conste que financiara o patrocinara la cátedra objeto de investigación.

Las cartas de apoyo a Barrabés

Uno de los ejes de la investigación se centra en las dos cartas de apoyo que Begoña Gómez firmó en julio de 2020 en favor de un proyecto liderado por Barrabés e impulsado por su empresa Innova Next junto a The Valley Digital Business School, en el marco de una convocatoria financiada por RED.ES y el Fondo Social Europeo.

Sin embargo, la Fiscalía resta relevancia penal a esas cartas y recuerda que formaban parte de un conjunto de 37 apoyos institucionales similares suscritos por empresas como IBM, Microsoft, Google, Orange o Telefónica, así como por distintas administraciones y entidades públicas.

Además, subraya que Gómez era completamente ajena a RED.ES y al resto de organismos que adjudicaron posteriormente contratos a Innova Next, y afirma que no existe ninguna prueba de que realizara gestiones, llamadas o intermediaciones para favorecer a Barrabés en licitaciones públicas. La misma conclusión alcanza respecto a Cristina Álvarez, de quien tampoco aprecia actuación alguna orientada a influir en los procesos de contratación.

La Fiscalía Europea mantiene otra investigación

El escrito recuerda que Innova Next comenzó a concurrir a contratos públicos varios años antes de conocer a Gómez y que entre 2016 y 2023 obtuvo 28 adjudicaciones por importe de 22,8 millones de euros.

Dos de esos contratos, adjudicados por RED.ES a una unión temporal de empresas formada por Innova Next y The Valley Digital Business School, continúan siendo investigados por la Fiscalía Europea. De hecho, el juez Peinado acordó a finales de junio la apertura de una nueva pieza sobre las posibles irregularidades en este contrato.